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Esclavas sexuales que ganan juicios pero no cobran indemnizaciones

 

  Nombre: Patricia Pêiró
Fecha de nacimiento: 13/04/2019
Tipo:

Fuente: El País
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Elena, inmigrante latinoamericana en España, perdió su trabajo durante la crisis. Vivía con sus hijos y tenía una hipoteca, lo que le llevó a una situación desesperada. En medio de la tormenta conoció a una mujer que le propuso comenzar un negocio. Al poco tiempo empezaron las extorsiones. "Has contraído una deuda de 70.000 euros con una banda criminal muy peligrosa", le comunicó esta supuesta socia. La mujer le dijo que no le quedaba otro remedio que prostituirse porque los criminales tenían todos los datos de sus allegados. Su explotación generó 92.000 euros que entregó a su proxeneta entre amenazas, vejaciones y trato inhumano. Su familia acabó denunciando la situación y la Fiscalía ganó el juicio. La indemnización compensatoria fue de 100.000 euros. Nunca los cobró.

Como el suyo hay decenas de casos analizados en el estudio Justice at last, un proyecto internacional impulsado por la organización La Strada y financiado por la Unión Europea en el que se han involucrado entidades de una decena de países europeos. En España, las responsables son Proyecto Esperanza y Sicar.cat. El objeto era analizar cuántas veces las víctimas que ganan los juicios por trata de seres humanos con fines de explotación sexual recibían indemnizaciones económicas. El 80% no obtiene ni un euro a pesar de la condena de los cabecillas de las bandas criminales. Fiscales, jueces, asociaciones y policía se han citado hoy en una jornada de debate para buscar soluciones.

"Hacemos un esfuerzo impresionante por fomentar la cooperación con los países de origen. Sabemos que los investigados en España lo único que hacen es gastar el dinero en las casas de apuestas, en alcohol y poco más, pero en sus países tienen verdaderos palacios que nunca ponen a su nombre", explica Ismael Delmás, responsable policial de la trata centrada en Rumania. El análisis también refleja las enormes desigualdades a la hora de cuantificar las compensaciones: se han registrado indemnizaciones que van desde los 800 hasta los 190.000 euros (ninguna de ellas se ha pagado aún). Delmás reconoce que, aunque la coordinación policial entre países funciona muy bien en muchos ámbitos, no sucede así en lo que se refiere al decomiso de bienes: "Es complicado porque los terrenos en sus países están a nombre de otras personas, ellos van comprando materiales y van construyendo poco a poco, no es tan sencillo requisar una propiedad allí".

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Los especialistas coinciden en que restituir a una persona explotada su dignidad y su salud es muy complicado, pero que son necesarias unas pautas a la hora de establecer indemnizaciones justas. La complejidad de los casos de trata es tal que suelen incluir asuntos relacionados con la violencia de género, el asilo y la explotación laboral. El análisis de Justice at last reconoce algunas buenas prácticas que han llevado a la mayor efectividad contra los proxenetas. En Austria hay asistencia legal y psicosocial garantizada para las víctimas desde el inicio del proceso legal, en Holanda hay abogados y jueces especializados en trata y además los magistrados cuentan con un manual que les guía a la hora de cuantificar las compensaciones económicas. En República Checa, un abogado de las organizaciones sociales que atienden a las víctimas asiste a los fiscales. España también tiene buenos ejemplos. Ya existe un turno de oficio especializado en trata en Sevilla, Córdoba y Madrid y los cursos que realiza el Consejo General de la Abogacía Española sobre formación específica en estos delitos tienen siempre una demanda altísima.

La investigación analizó 60 casos judiciales, de los cuales 10 tuvieron lugar en España. "Solo en 11 de los 40 en los que hubo sentencia condenatoria hubo un pago simbólico por parte del condenado. El principal motivo de la falta de indemnización es que se declaran insolventes", explica Sandra Camacho, abogada de Sicar.cat. Según los datos facilitados por la fiscal delegada de Extranjería en Barcelona, María Pilar Díaz Izaguerri, desde que empezó a aplicarse la ley de trata en España, en 2012, se han obtenido 56 condenas a proxenetas, de las que 46 contenían una mención explícita a la indemnización de la víctima. "No tengo datos de ejecución de las sentencias en este sentido, puede que en algunos casos haya habido un esfuerzo reparador, pero no creo", apunta.

Uno de los principales problemas es que un enorme peso del proceso sigue recayendo en unas mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, que en muchas ocasiones apenas hablan el idioma, tremendamente presionadas por la organización criminal y que están solas. "Y así nos ha ido, hemos conseguido poquísimas condenas. La declaración tiene que seguir siendo un elemento importante pero no el único. No puede ser que estas mujeres estén siendo llamadas a declarar una y otra vez", señala la magistrada de Carmen Delgado, impulsora de una guía policial y judicial con normas sobre cómo llevar adelante los procesos de trata. "Es un delito que rompe la dignidad de las personas en las que luego nos apoyamos para conseguir una pena", añade Izaguerri.

"Uno de los grandes problemas es lo que se dilata un procedimiento en este país. Tenemos un caso en Santiago de Compostela con el que llevamos 12 años, ahora está en el Supremo y la chica sigue sin cobrar nada", cuenta Delmás. De los 60 causas estudiadas en el informe, la más rápida se resolvió en un año y la que más se demoró, nueve. En ocasiones es posible confiscar algunos bienes como coches, pero no es suficiente para alcanzar la cuantía que marcan las sentencias.

Los miembros de los cuerpos de seguridad y del entramado judicial resaltan la importancia de la participación de mediación especializada con las víctimas. "Cada mujer es un mundo y hay que entender toda la historia que le ha llevado a esta situación para después hacérselo comprender al juez y transmitirle por qué merecen esa indemnización. Es una información valiosísima ante el tribunal", indica Izaguerri. "En los últimos 20 años se ha pasado de un enfoque exclusivamente policial y judicial a uno basado en derechos humanos. Ahora existe una obligación de identificar y acompañar a las víctimas y prestar asistencia jurídica y social", explica Marta González, de Proyecto Esperanza.

Tras la fase de análisis, el proyecto se adentra en un periodo de formación y sensibilización de las partes implicadas en el proceso de lucha contra la trata. El fiscal de Extranjería Joaquín Sánchez-Covisa Villa realiza un crudo retrato de la realidad: "Estas mujeres han sido humilladas, amenazadas y han sido objeto de las peores salvajadas. No podemos dormir tranquilos mientras estén dejadas a su suerte".