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El estado de alarma no frenó el racismo policial

 

  Nombre: E.S.
Fecha de nacimiento: 20/06/2020
Tipo:

Fuente: El Siglo
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El uso de perfiles raciales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es "una práctica endémica en España", así lo concluyó El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en 2018. En septiembre 2019, las consecuencias de esta actuación quedaron recogidas en el informe "Bajo sospecha, Impacto de las prácticas policiales discriminatorias en España" elaborado conjuntamente por Rights International Spain (RIS) y Open Society Justice Initiative (OSJI).

El Defensor del Pueblo recomendó en varias ocasiones la adopción de medidas concretas para acabar con el uso de estos perfiles tras recibir durante años quejas interpuestas por víctimas y testigos de controles discriminatorios llevados a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. España ya fue condenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el año 2009 por la identificación de la ciudadana Rosalind Williams "únicamente en razón de sus características raciales". En la actualidad, el caso de Zeshaan Muhammad c. España se encuentra pendiente de sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD), tras denunciar una identificación racista sufrida en el año 2013.

En un contexto de fuerte presencia policial y militar en la vía pública a raíz del estado de alarma decretado por el gobierno, se han dado numerosas quejas y denuncias por la práctica de perfiles raciales realizadas por diferentes organizaciones y asociaciones antirracistas diseminadas por todo el territorio español.

La organización SOS Racismo Madrid indicó que, entre el 15 de marzo y el 7 de abril, se realizaron en la capital por parte de la Policía Nacional al menos trece identificaciones por perfil racial, cuatro a jóvenes marroquíes y ocho a hombres afrodescendientes cuando todos ellos se dirigían a realizar compras básicas. Cuatro de estas identificaciones se realizaron a personas en situación administrativa irregular -quienes fueron amenazadas con ser "expulsadas del país en cualquier momento", por lo que estas personas, señalan desde la ONG, se vieron obligadas a un confinamiento total- no pudiendo ejercer el derecho de adquirir alimentos de primera necesidad "por miedo a la policía".

El 28 de marzo, un hombre senegalés fue parado por una patrulla de la Policía Local cuando se dirigía hacia una lavandería del distrito Carabanchel en Madrid. Se identificó con su pasaporte puesto que se encontraba en situación administrativa irregular. Los agentes llamaron por radio para reseñarle mientras le subían al vehículo policial. Cuando preguntó qué delito había cometido, le contestaron que no podía hablar. En el vehículo le preguntaron si tenía antecedentes penales y, mientras esperaban la respuesta de la centralita, le dieron una vuelta por los alrededores. Finalmente, fue llevado a comisaría donde se le impuso una sanción por saltarse el confinamiento y apercibido de no salir a la calle si no quería "tener más problemas". Desde entonces no salió ni a comprar.

Un día después, dos jóvenes marroquíes que llegaron al territorio español siendo menores no acompañados (MENAS) fueron identificados por la Policía Nacional en el madrileño distrito de Vallecas. Los agentes les obligaron a volver a sus casas avisándoles que no podían salir de casa bajo ningún concepto. Fueron amenazados con ser detenidos por encontrarse en situación administrativa irregular. Los jóvenes sobreviven al estado de alarma gracias a las organizaciones sociales que les llevan alimentos de vez en cuando.

SOS Racismo Madrid señaló que el 2 de abril recibió en un solo día el aviso de cuatro multas a personas africanas cuando éstas acudían, de manera separada, a buscar alimentos a casa de vecinos. Debido a la barrera idiomática, dos de ellas no podían explicarse con claridad.

De la información recabada mediante los cuestionarios en línea, un 56,41% (22 de un total de 39) de las vulneraciones a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denunciadas fueron realizadas por la Policía Nacional.

El 7 de abril, un joven de Guinea Conakry en situación administrativa irregular que vivía en la zona de la estación de Oporto en Madrid acudió a una de las asociaciones que repartían alimentos en Lavapiés. Fue parado por la Policía Nacional y, desde entonces, no quiso abandonar su domicilio. Describió este encuentro como "muy racista".

Un día después, dos chicos árabes solicitantes de asilo que salieron a comprar fueron identificados por agentes de la Policía Nacional que les pidieron sus "papeles". Uno de ellos fue llevado a comisaría porque no llevaba encima la tarjeta roja acreditativa de su estatus como solicitante de asilo. Salió sin sanción una vez identificado. Contó que el trato en comisaría fue vejatorio, que le hablaron de forma racista, en tono despectivo y le llamaron "moro".

Apenas diez días después, sobre las 23:00 horas, otro joven camerunés en situación administrativa irregular se dirigió por la calle Embajadores hacia la farmacia de guardia de la calle Acacias en Madrid. La policía le dio el alto, cuando explicó el motivo de su salida los agentes se rieron de él e imitaron su acento. Mientras era multado por desobediencia al considerar que se saltaba el confinamiento, defendía su derecho a comprar en la farmacia. Le contestaron que se callara porque no tenía "papeles" y le amenazaron con detenerle.

El contexto actual supone una dificultad añadida para las personas en situación administrativa irregular. Su situación legal también les impide disfrutar del derecho a trabajar, por lo que no pueden adquirir el certificado acreditativo de necesidad de desplazamiento por motivos laborales hasta el lugar de trabajo.

Una mujer colombiana en situación irregular que se dedicaba al servicio de hogar y cuidados de dos ancianos fue amenazada con ser deportada tras recibir un trato de "hostigamiento" por parte de la Guardia Civil, el pasado 7 de abril en Segovia. Antes de impedirle acudir a su lugar de trabajo y mandarla a su casa, los agentes le indicaron que "debía irse a su país". Otra mujer latinoamericana fue identificada en la Puerta del Sol en Madrid cuando acudía a trabajar en la limpieza y cuidado de menores. La Policía Nacional le permitió volver a su casa, pero perdió su empleo y le comunicaron que podía ser multada o detenida para su deportación.

 

Brutalidad policial

Es común que organismos internacionales de protección de los derechos humanos recuerden al Estado español que la policía debe cumplir estrictamente con los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. El Comité contra la Tortura de la ONU recomendó en 2015 "adoptar medidas eficaces para prevenir y poner fin al uso desproporcionado de la fuerza por los agentes del orden, asegurándose de que existan normas claras y vinculantes sobre el uso de la fuerza que se ajusten plenamente a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley".

Por otro lado, cabe resaltar que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana amplía las facultades de los agentes de policía de todos los cuerpos existentes sin adecuar para ello su formación. El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión de Naciones Unidas ya expresó en 2014 preocupación por "que se haga prevalecer un concepto extensivo de seguridad de instituciones y autoridades sobre la protección del ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, así como Mossos d'Esquadra en Catalunya, Ertzaintza en País Vasco y policías locales), están imponiendo a personas que circulan por la calle, y cuyas explicaciones no les parezcan suficientes, sanciones administrativas, conforme a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como deteniendo por supuestos delitos de resistencia y desobediencia grave a la autoridad. En estas detenciones e imposición de sanciones administrativas se están produciendo situaciones de arbitrariedad e interpretación extensiva de las normas sancionadoras. A fecha del cierre de esta investigación (2 de mayo), el Ministerio del Interior cifró en 786.323 el número de propuestas para sancionar a ciudadanos por burlar el confinamiento y 7.073 la cifra de detenidos por no respetar el estado de alarma. La mayoría de estas actuaciones fueron realizadas principalmente por Policías Locales (262.626), seguidas de la Guardia Civil (234.511) y la Policía Nacional (215.915). Datos que sitúan a España como uno de los países europeos con más sanciones.

El 14 de abril, el Ministerio del Interior emitió unas directrices para los Delegados de Gobierno en las que fija criterios homogéneos para la interpretación de la sanción administrativa de desobediencia. En contra de la jurisprudencia existente hasta este momento en la materia, el Ministerio del Interior sostiene que la desobediencia a lo previsto en el texto del Real Decreto sobre estado de alarma debe considerarse una infracción de desobediencia, sin necesidad de que los agentes de policía den una orden directa, específica e individualizada a una persona. Incluye también un listado de "hechos, circunstancias y sanciones", en el Anexo III, que crea de facto un listado de sanciones nuevas, no previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana, constituyendo una interpretación extensiva de una norma sancionadora.

En todo caso, tal y como han recordado un grupo de Relatores Especiales de la ONU, "incumplir un toque de queda, o cualquier otra restricción sobre la libertad de movimiento, no puede justificar el recurrir a un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía". El derecho a no sufrir malos tratos y tortura es un derecho que no puede limitarse ni suspenderse, con independencia de si estamos en una situación de alarma o no.

Asociaciones agrupadas bajo la plataforma Defender a quien Defiende presentaron el de marzo cuatro casos de violencia policial en un escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo. Tres semanas después, emitieron un segundo escrito en el que denunciaban siete nuevos casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en diferentes lugares del territorio español (Mallorca, Tenerife, Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Aragón y Alicante), quienes presuntamente incurrieron en uso de la fuerza no autorizado en el marco del estado de alarma. Este colectivo que agrupa a 16 asociaciones exigió al Ministerio del Interior que se llevaran a cabo investigaciones y se depuraran responsabilidades, debiendo remitir los hechos que pudieran ser delictivos a las autoridades judiciales.

La denuncia de las supuestas violaciones fue posible gracias a las grabaciones efectuadas por la ciudadanía, que contenían imágenes de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinadas por agentes de policía.

El Ministerio del Interior respondió que trasladaría las exigencias de las organizaciones a la Dirección General de Policía para la adopción de medidas oportunas. Ante la posibilidad de que se multara a quienes hubieran grabado y difundido las imágenes, desde la plataforma Defender a quien defiende y ONGs por la defensa de las libertades y los derechos civiles como RIS, han recordado que la grabación de este tipo de actuaciones policiales está amparada por el derecho a la libertad de expresión, información y a la defensa, ya que en muchos casos son las únicas pruebas con las que se han podido denunciar abusos cometidos contra los ciudadanos.

En este sentido, cabe recordar que el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes expresó especial preocupación "por los efectos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana sobre los derechos de los afrodescendientes", ya que las sanciones para quienes capten y difundan imágenes de los agentes del orden "aboca a la población a la autocensura, con la consiguiente disminución del número de denuncias" e investigaciones por discriminación.

De la información recabada de los cuestionarios en línea, más del 70% de las personas que denunciaron identificaciones por perfil racial (33 de un total de 47), fueron objeto de brutalidad policial tras ser identificadas.

Las iniciales de M. E. responden a un joven marroquí que denunció una agresión racista por parte de la Policía de Barcelona, cuando salió a la puerta de su casa para disfrutar de luz natural de la que carecía en su domicilio. Explicó que uno de los agentes le gritó "vete a tu casa, puto moro de mierda" a lo que él respondió con un gesto recriminatorio que llevó a los agentes a romper la puerta de su casa a patadas, arrinconarle, sujetarle y darle un puñetazo en el ojo. Los hechos fueron denunciados en el juzgado de guardia.

Según la información remitida a SOS Racismo por un vecino del distrito de Lavapiés en Madrid, el 27 de marzo sobre las 21.30 horas, varios agentes antidisturbios se encontraban apuntando con metralletas a seis chicos afrodescendientes, colocados contra una pared. El vecino también observó a varios policías de paisano golpeando en el suelo a uno de los chicos. Trató de intervenir, pero fue expulsado del lugar bajo amenaza de multa.

Una vecina del barrio de Lavapiés denunció esta misma actuación policial. Además, manifestó haber presenciado otros abusos policiales hacia personas migrantes, incluido un chico de origen marroquí con problemas de salud mental. También vio a agentes antidisturbios persiguiendo a personas no blancas "con armas largas y dedo en el gatillo".

La asociación Valencia Acull denunció "trato humillante" por parte de agentes de la Policía Nacional a una mujer magrebí que acudió a poner una denuncia en Valencia, el día 1 de abril. Alertados por el ruido, vecinos del Distrito Centro se asomaron a sus ventanas y vieron a una mujer sentada junto a la puerta de la comisaría. La mujer manifestó sentir preocupación, tenía miedo y quería poner una denuncia. Los testigos explicaron que la policía no permitió a la mujer acceder a la comisaría sino que la increparon, vejaron y amenazaron con detenerla y con pegarle: "ni se me acerque que le meto una hostia". Los agentes también le tiraron una mascarilla al suelo y ordenaron a vecinos que ofrecían ayuda a la mujer y recriminaban la actuación policial, que entraran a sus casas. Finalmente, los testigos vieron a la mujer depositar su documento en el suelo y la policía, sin tocarlo, le tomó fotografías. Se desconoce si finalmente pudo tramitar la denuncia que quería interponer.

En Cataluña, la difusión en redes sociales de unas imágenes en las que se ve a dos agentes de la Policía Local patear y tirar al suelo a un hombre mientras apuntan con sus armas a dos mujeres, todos ellos afrodescendientes, llevó al Ayuntamiento de la Bisbal d'Empordà (Girona) a ordenar su suspensión por considerar esta actuación "desproporcionada". Los hechos sucedieron el 18 de abril. Los agentes acudieron a la vivienda tras la llamada de otro vecino que denunció que dos jóvenes se encontraban incumpliendo el confinamiento. B., uno de ellos, asegura que estaban "sentados en el garaje comunitario" cuando los agentes les pidieron que se identificaran. Tras la actuación, los policías llevaron a cabo las identificaciones y se marcharon. Los implicados están denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad.