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Radiografía de los centros de menores: así funciona la acogida de 17.000 niños y adolescentes en España

 

  Nombre: Jessica Martín
Fecha de nacimiento: 03/04/2022
Tipo:

Fuente: RTVE
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En España hay casi 17.000 niños, niñas y adolescentes que viven en algún centro para menores de edad. La gran mayoría llegó a esas instalaciones de manera temporal, para protegerse de situaciones de abandono, maltrato, soledad o negligencia en los cuidados, pero muy pocos volverán con su familia biológica, de forma que, para muchos, las residencias serán lo más parecido a un hogar que tengan hasta que cumplan la mayoría de edad, que es cuando finaliza ese recurso de acogida que les brinda alojamiento, manutención, escolarización y atención sanitaria.

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En la teoría, los centros de menores son una especie de refugio para quienes tienen la desgracia de carecer de un entorno seguro en el que desarrollarse, pero la práctica revela que no siempre logran que los menores estén del todo protegidos o que vean cubiertas todas sus necesidades biológicas, afectivas y sociales. En los últimos años se han visto imágenes de residencias masificadas, se ha escuchado el testimonio de trabajadores incapaces de ofrecer una atención de calidad por la falta de medios o, lo que es aún más alarmante y más reciente, se han conocido casos de niñas y adolescentes tuteladas que fueron víctimas de abusos y explotación sexual.

Esto lleva a hacerse algunas preguntas sobre la situación global del acogimiento residencial:

¿Cuántos centros hay en España y a cuántos menores acogen?

En el año 2020, el número total de menores que fueron atendidos por el sistema público de protección a la infancia fue de 49.171, según los últimos datos del Observatorio de la Infancia. De esos, 16.991 viven en centros de protección.

Son 1.219 los centros que están repartidos por toda España, divididos en dos tipos: centros ordinarios (1.115) y centros para menores de edad con problemas de conducta (104).

Más de 17.000 menores en España viven en centros de acogida

¿Por qué llega un niño a vivir en un centro?

En general, el acogimiento se adopta como medida protectora cuando la entidad pública detecta situaciones de desprotección de un menor, ya sea porque se haya declarado en situación de desamparo, porque lo soliciten los propios padres o tutores ante la imposibilidad de cuidarlo (guardas voluntarias) o porque lo acuerde un juez cuando proceda legalmente (guarda judicial). También puede haber acogidas provisionales en estos centros cuando un menor se ve envuelto de repente en una situación de urgencia que requiere de una atención inmediata, y es lo que se conoce como "guarda provisional".

En el primer caso, el de desamparo, son las comunidades autónomas las que determinan que un menor está en esta situación y asumen su tutela. Después, los tutelados pasan a vivir o bien en un centro de menores o en acogimiento familiar, ya sea con miembros de su propia familia o con otras personas ajenas a su entorno. 

Del total de altas que registraron los centros de menores en 2020 (11.750), la mayoría (6.530) son por tutelas "ex lege", es decir, por desamparo, seguidas de la guarda voluntaria a solicitud de los padres o tutores (558), la guarda judicial (21), la guarda provisional (2.189) o por situaciones distintas no especificadas (2.452).

¿Cómo se determina si un menor va a un centro o a una familia de acogida?

Según explica a RTVE.es Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de UNICEF España, se determina haciendo "una valoración de su interés superior", teniendo en cuenta sus necesidades y características junto con las posibilidades que se le ofrecen.

"Numerosos estudios alertan sobre los efectos negativos que la institucionalización tiene sobre los niños y niñas, y nuestra legislación prima el acogimiento familiar sobre el residencial, pero no siempre se puede disponer de una familia adecuada para ese niño o niña, por lo que son derivados a un recurso residencial", añade la experta.

¿Cuánto tiempo pueden estar viviendo en ellos?

Las medidas de protección (sea residencial o familiar) se entienden siempre como una solución temporal hasta que la familia biológica pueda hacerse cargo del niño nuevamente. Por eso, se suele trabajar con ella mientras dure el acogimiento, salvo en casos en los que se decide de antemano que la reintegración no será posible. Además, todas las medidas de protección tienen un plazo estimado y han de ser revisadas cada cierto tiempo. 

Sin embargo, pese a lo que dice la teoría, "la realidad es que el acogimiento se vuelve crónico", dice Olaguibel, que señala, como también muestran los gráficos, que gran parte de los chicos y chicas dejan el recurso residencial porque cumplen la mayoría de edad, que es el único límite temporal fijado para la estancia.

El problema es que, si los jóvenes no cuentan con una red de apoyo cuando llegan a los 18 años, pueden verse en riesgo de exclusión social de la noche a la mañana. Por eso, cada vez hay más iniciativas de administraciones públicas y entidades que dan cobertura a estos chicos durante unos años más.

¿Cuál es el perfil del menor en acogimiento residencial?

Según los datos nacionales disponibles, la mayoría de menores de edad en acogimiento residencial son varones (11.325 respecto a las 5.666 chicas) y están en el grupo de edad comprendido entre los 15 y 17 años.

De los 16.991 menores en acogimiento residencial, 9.245 tienen nacionalidad española y 7.746 nacionalidad extranjera, es decir, un 54% frente al 46%. Por otro lado, en 2020 hubo 5.579 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en acogimiento residencial. 

Lo que todos tienen en común es que son muy vulnerables, ya que parten de situaciones tan duras como el abandono, el maltrato, la soledad en un país extranjero o la negligencia en los cuidados por parte de sus familiares.

¿Qué tipos de residencias hay?

Aunque los datos del Ministerio de Derechos Sociales no distinguen más que entre centros ordinarios y centros destinados a menores con problemas de conducta, los expertos explican que hay diferentes modelos de residencia dentro de los centros ordinarios.

El apartado de la web de la Comunidad de Madrid dedicado al acogimiento residencial de menores habla de seis tipologías y, aunque puede haber diferencias en cada región, pueden valer como ejemplo:

  • Residencias de primera acogida: acogen a niños y adolescentes que ingresan por procedimiento de urgencia, realizan un estudio valorativo de la situación y proponen a la Comisión de Tutela la medida más adecuada. 
     
  • Residencias de primera infancia: acogen niños y niñas de edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, con carácter temporal, en tanto se les proporciona una alternativa a la institucionalización residencial. En este rango de edad se intenta que aquellos menores que no pueden retornar con sus familias crezcan con otras familias a través de la figura del acogimiento familiar. 
     
  • Residencias infantiles: Son recursos de acogimiento para niños y adolescentes entre 3 y 18 años, con medida de protección. Funcionan como recurso integrado en el entorno y pretenden, en lo posible, no separar a los niños de su contexto normalizado de convivencia. Es el recurso residencial más común en Madrid y el que tiene más número de centros y plazas.
     
  • Hogares o grupos familiares. Son centros de pequeño tamaño u organizados en pequeñas unidades de convivencia que se asemejan por su estructura a un ambiente familiar. Acogen a menores de 3 a 18 años para los que se prevé una estancia de mayor duración por las dificultades de retorno familiar o ante la ausencia de otras alternativas como la acogida familiar. 
     
  • Recursos de adolescentes: son pisos o unidades de convivencia dirigidos a menores de 12 a 18 años que se encuentran en preadolescencia o adolescencia y que cuentan con un grado de madurez que les permite involucrarse en su proyecto de vida. Ahí desarrollan acciones relacionadas con la inserción formativa y sociolaboral.
     
  • Residencias específicas. Acogen a menores con medidas de protección cuyas especiales necesidades exigen una atención profesional especializada e impiden su integración en otro medio de convivencia. En esa comunidad hay residencias específicas para menores con discapacidad y residencias de tratamiento terapéutico para menores con problemas de salud mental, trastornos de conducta y/o problemas de consumo de tóxicos, así como un centro específico para víctimas de trata, por ejemplo.

Lo que no hay son datos oficiales sobre el número de plazas por centro, pero los expertos consultados señalan que hay mucha variabilidad entre comunidades y entre tipos de centros. Puede haber residencias con menos de 10 plazas y otras con más de 50. En todo caso, según indican, la tendencia es que incluso los centros más grandes estén optando por crear unidades de convivencia que permitan un trato más personalizado.

¿En qué comunidad hay más menores viviendo en estos centros?

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de menores viviendo en estos centros (4.246), es decir, el 24,99 % de todos los acogimientos residenciales a nivel nacional, según el último boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia.

Le siguen Andalucía (2.309), Madrid (1.498), Comunidad Valenciana (1.487), País Vasco (1.338), Galicia (890), Melilla (796), Canarias (749), Castilla y León (513), Ceuta (475), Castilla-La Mancha (475), Murcia (431), Baleares (416), Asturias (356), Aragón (256), Extremadura (251), Navarra (227), Cantabria (180) y La Rioja (98).

Por otra parte, las estadísticas reflejan que hay comunidades en las que hay más acogimientos que plazas disponibles. Esto es especialmente acusado en el caso de Ceuta, con 475 menores acogidos pese a tener 139 plazas disponibles, y Cataluña, con 4.246 acogidas y 2.082 plazas. En menor proporción también ocurre en Baleares, Galicia y Melilla, como muestra el gráfico.

Según explica la especialista de UNICEF, hay momentos en los que España ha tenido una presencia mayor de niños que necesitan protección, como ha ocurrido tras la llegada de menores extranjeros no acompañados, para los que ha habido que habilitar recursos en poco tiempo. Cuando sucede, puede haber descompensación entre plazas y niños, y supone que no se cumplan las condiciones previstas en las medidas de protección, como las ratios por educador, el número de camas o de habitaciones necesarias o la posibilidad de realizar cursos o formaciones.

¿Qué instituciones están implicadas y quién gestiona las residencias?

El acogimiento corresponde a la entidad pública de protección de menores de cada comunidad autónoma. Para cumplir su función las administraciones públicas se apoyan a menudo en entidades y asociaciones con las que realizan convenios para que lleven a cabo las distintas labores. Entre ellas, la de gestionar los recursos residenciales. 

Por eso, se puede distinguir entre centros de protección cuyo titular es una administración pública que además gestiona ese recurso directamente; centros que tienen como titular a una entidad privada que lo gestiona mediante un convenio; y centros de titularidad pública que ceden el edificio para su gestión a una entidad privada.

El balance del Observatorio de la Infancia no muestra datos sobre el desglose por modalidad, pero sí indica que el 80% de centros están gestionados por entidades colaboradoras.

¿Cómo es la vida en los centros?

Según explican varios profesionales vinculados a los centros de menores, lo que se intenta es que los niños y niñas lleven una vida lo más "normalizada" posible. Por eso, a su llegada se traza un plan educativo y de cuidado con objetivos sobre los que hay que ir trabajando. 

Olaguibel apunta que, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, "toda la atención sanitaria, educativa, las actividades deportivas, etcétera, se realizan en los espacios donde los reciben el resto de niños y niñas". Además, deja claro que estos menores no tienen prohibido salir a la calle y que, en general, pueden hacerlo de manera autónoma siguiendo las normas establecidas por cada centro. "Como ocurre en cualquier familia", dice, en función de su edad tienen más o menos libertad para salir.  

Una educadora que trabaja en un centro de menores de la Comunidad de Madrid explica que entre semana los chicos y chicas que viven allí pueden salir entre las 17:00 y las 21:30 horas, mientras que los fines de semana el horario de salida se amplía de 17:00 a 00:00 horas, como norma general. Esto no significa que no pueda haber cierta flexibilidad en algunos casos. Por ejemplo, pueden acordar con algún menor otra hora de llegada si tiene, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños.

No obstante, algunos centros especiales, como los que atienden adicciones, sí pueden valorar la pertinencia de proteger al niño o niña restringiendo sus salidas, explican los expertos.

¿Brindan protección suficiente a los menores frente a los abusos y explotación sexual?

Los casos sobre abusos o explotación sexual de menores tuteladas que se han conocido en varias comunidades autónomas han hecho preguntarse a muchas personas si estos centros brindan protección suficiente a estos niños y adolescentes vulnerables o si, por el contrario, el sistema está fallando.

Los expertos consultados coinciden en que no hay datos para valorar cuál es la magnitud del problema ni cuántos menores tutelados han podido ser víctima de este tipo de violencia, pero sí tienen claro que es una realidad que afecta a comunidades de toda España.

"El acceso a los datos es terriblemente difícil en nuestro país. Tenemos que cambiar esto, no puede haber este oscurantismo en el sistema de protección", dice Noemí Pereda, la investigadora que coordinó la comisión de expertos sobre los casos de explotación sexual a menores tuteladas en Mallorca. Tanto ella como otros profesionales consultados explican que la principal debilidad del acogimiento residencial tiene que ver con que no siempre cubre las necesidades afectivas y emocionales. Es decir, es muy difícil que los niños y niñas establezcan vínculos fuertes con los profesionales que los atienden y son tan vulnerables que en muchos casos pueden acabar siendo engañados por delincuentes.

Ya en 2017, un estudio de Unicef que analizó el acogimiento residencial advertía de que se habían detectado casos de explotación sexual en siete de las nueve comunidades que formaron parte de la investigación. Aunque no se mencionaba qué autonomías eran sí se alertaba de algo que se ha constatado tiempo después: "En algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, quienes además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro", señalaba.

En todo caso, lo que piden los expertos es poner el foco en los explotadores que se aprovechan de las menores más vulnerables, porque son los únicos culpables, y no estigmatizar a los menores tutelados.

Ante los casos conocidos recientemente, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ha pedido que se trabaje para mejorar el sistema de protección: "Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección están privados de cuidado parental, una situación extraordinaria con consecuencias emocionales, afectivas y psicológicas que les convierte en un colectivo de especial vulnerabilidad, con un mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos y ser víctimas de violencia, siendo su expresión más extrema la explotación sexual. El sistema de protección debe asegurar que los centros son entornos seguros y elaborar protocolos de prevención y detección temprana de estas situaciones como prevé la ley".

¿Qué funciona y en qué hay que mejorar?

Ese mismo estudio de Unicef, basado en datos, visitas de terreno y entrevistas con multitud de profesionales vinculados a estos centros, destacaba la labor de equipos humanos dispuestos a mejorar la calidad de su trabajo. Detectaron un compromiso y un interés por garantizar una mayor protección a los menores que se topaba, sin embargo, con unas ratios "muy por encima de lo deseable", unas "condiciones laborales precarias" y un "nivel de complejidad en las problemáticas que presentan los niños, niñas y adolescentes" que ya entonces iba en aumento. 

También se menciona una falta de coordinación con otros actores y agentes: con los servicios sociales una vez se detecta la situación de riesgo, con el sector educativo y sanitario durante el acogimiento, y con inclusión social a la hora de abandonar el sistema.

Los expertos siguen viendo deficiencias y creen que habría que reforzar los recursos, ampliar la formación de los trabajadores y dirigirse hacia modelos que permitan una atención más individualizada. Desde Save the Children proponen incluso "replantear el sistema de acogida" de manera global: "Cuando la separación sea la medida más indicada para garantizar el bienestar del niño o la niña, es esencial impulsar el acogimiento familiar y reformular la acogida residencial, evolucionando hacia centros más pequeños con un ambiente más cercano a una convivencia familiar, en la línea de los planteamientos establecidos por nuestra propia legislación y por el Comité de Derechos del Niño. Esto supondría un gran avance para el cumplimiento de los derechos de niños y niñas sin referentes familiares asegurando su bienestar", aseguran.