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A las familias de refugiados les sale más caro alquilar un piso

 

  Nombre: Julia Camacho
Fecha: 04/11/2018
Tipo:

Fuente: El Periódico de Aragón
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Particulares e inmobiliarias se aprovechan de las ayudas e inflan precios

El boom de los pisos turísticos en las grandes ciudades no llega a los barrios desfavorecidos, adonde se ven empujados muchos arrendatarios ante los elevados precios de las zonas céntricas más deseadas. Pero incluso en estas áreas periféricas se vive otra burbuja inmobiliaria causada por particulares, y en menor medida también inmobiliarias, que inflan artificialmente los alquileres para lucrarse con las ayudas públicas que reciben los refugiados.

La denuncia la realizan ocho organizaciones sociales que forman parte del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica: Fundación Secretariado Gitano, Accem, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge.

Hay casos en toda España de arrendadores que se han aprendido al dedillo las cuantías de las ayudas públicas para la vivienda que recibe un solicitante de asilo cuando, tras una primera fase de acogida en centros gestionados por estas entidades, tiene que encontrar un domicilio que complete su integración en la ciudad asignada. «Han encontrado un filón de negocio en los refugiados», reprocha Susana Larios, técnica de igualdad en Accem y portavoz del colectivo.

Sevilla dispone de 12.000 plazas de acogida. En el barrio de La Candelaria, una zona desfavorecida de la capital hispalense, la media de un alquiler raramente sobrepasaría los 300 euros. Sin embargo, cuando el interesado es un refugiado, y por tanto perceptor de una ayuda pública de hasta un año o más, el precio de los pisos ha llegado a subir hasta los 700 euros al mes. Casualmente, la misma cantidad que percibe como máximo una familia de cinco miembros en concepto de ayuda específica de vivienda por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La situación se repite en Córdoba, Barcelona y aquellos lugares donde el Gobierno deriva a los solicitantes de asilo, «que son los que llegan en avión, no quienes bajan de una patera».

TRABAS / Los refugiados se encuentran con tantas trabas para alquilar un piso que dejan los trámites en manos de las entidades. Los obstáculos son tantos que desde hace dos años estas han incorporado a sus plantillas a un técnico solo para asesorar y gestionar las viviendas de los solicitantes de asilo, que, además, tampoco pueden escoger barrio. Muchos propietarios de zonas ricas, al saber el origen de los arrendatarios, ponen avales inaccesibles, por lo que los refugiados solo pueden acceder a pisos en vecindarios de población inmigrante, donde sí encuentran casa pero a un precio superior al del mercado. «Están incumpliendo la ley para la igualdad de trato y la no discriminación», insiste Larios.

Particulares y empresas están comprando pisos en estas zonas por entre 20.000 y 30.000 euros para dedicarlos en exclusiva al alquiler a refugiados, sabedores de que obtendrán más rentabilidad. Una práctica que además de discriminatoria complica sobremanera el acceso al alquiler del resto de ciudadanos. «Los perjudicados somos todos, están creando una nueva burbuja inmobiliaria junto a la turística que eleva los precios y perjudica al resto de la sociedad. Al final provocan que una franja de personas no puedan acceder a una vivienda».