INFORMACION SOBRE LAS MIGRACIONES DE ARAGON

El nuevo Pacto Sobre Migraciones y Asilo y la tragedia del Mediterráneo

 

  Nombre: Eduardo Luis Junquera
Fecha: 30/10/2020
Tipo:

Fuente: Diario16
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El Pacto Sobre Migraciones y Asilo y las políticas derivadas de este plan presentadas el pasado 23 de septiembre por la Comisión Europea responden al problema de la inmigración tratándolo como una amenaza y una fuente de inestabilidad procedente del exterior. La realidad es que las cifras de movilidad legal de inmigrantes multiplican las de solicitudes de asilo (pese a la distorsión que las ultraderechas hacen de esta cuestión); y el número de residentes legales extracomunitarios era, en 2019, ocho veces superior que el total de refugiados acogidos por los Estados de la Unión Europea. Esta inmigración es esencial para mantener el modelo de bienestar europeo y, dado el envejecimiento de nuestras poblaciones, aún se hará más imprescindible a medida que el tiempo transcurra. Los inmigrantes no regularizados en Europa, incluyendo los que esperan una resolución sobre su demanda de asilo suponían solo el 1% sobre la población total del continente en 2017. Las cifras de España son similares a las del resto de la Unión, estimándose el número de inmigrantes irregulares en nuestro suelo entre 390.000 y 470.000 personas (cifras de 2019). Esto supone un 0,8% de la población española, y solo un 9% de estas personas proceden de África. Con estos datos sobre la mesa se hace más extraño analizar la ingente concentración de recursos económicos en la industria del control migratorio: la Unión Europea ha fijado la cantidad de 30.829 millones de euros destinada al control de las fronteras y la inmigración ilegal para el período 2021-2027. En el mismo espacio de tiempo, también se invertirán 24.322 millones para financiar defensa y seguridad. El Pacto no establece ninguna medida que garantice la seguridad de las rutas de migrantes procedentes de África, ni en su vía terrestre ni en la marítima, una tragedia sin igual que apenas ocupa algunos segundos en los medios de comunicación.

Europa es egoísta, profundamente insolidaria y comienza a estar anclada no solo en políticas eurocéntricas, sino en respuestas ineficaces ante realidades de enorme complejidad. No se puede ceder permanentemente al juego de equilibrios de los Estados miembros, algunos de los cuales tienen sus gobiernos en manos de la ultraderecha, renunciando para ello a adoptar una política global de futuro caracterizada por una posición humanista y una cierta altura de miras. Este acuerdo es similar al que tuvo lugar el 28 de junio de 2018, cuando Europa cedió a la presión de Italia y se adoptaron todas las demandas del país entonces defendidas por su ministro del Interior, Mateo Salvini, a excepción de una reforma del Reglamento de Dublín-retirado ahora-, el sistema de asilo de la Unión que establecía que los migrantes solo pueden pedir asilo en el primer país de la Unión al que lleguen. El nuevo Pacto trata de complacer a los países más reacios a recibir inmigrantes, principalmente a los del Grupo de Visegrado, y deja fuera las demandas de los países del sur de Europa, que deben enfrentar las llegadas de inmigrantes por vía marítima. Un acuerdo de estas características simplemente no será eficaz.

El nuevo Pacto Sobre Migraciones y Asilo tiene como pilares el acorazamiento de las fronteras, la disuasión y las devoluciones. Se establece un triple control de identidad, sanitario y de seguridad, seguido de un reconocimiento rápido entre las personas que legalmente pueden recibir asilo y las que pueden ser devueltas a sus países de origen. Como el proceso puede prolongarse hasta 12 semanas, existe la posibilidad de que se cree un limbo en cuanto a legalidad y derechos en una zona de tránsito, que daría lugar a que el inmigrante permanezca o sea detenido en los denigrantes centros de detención que existen para tal fin. Se ha creado la figura de un Coordinador Europeo de Retornos, se constituye una Agencia Europea de Asilo y se refuerza el sistema Frontex con 10.000 agentes armados de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que empezarán a patrullar en 2021. Esto supone un inmenso caudal de dinero público invertido en burocracia, tecnología y contratación de personal que enriquecerá a los propietarios de la industria del control migratorio y de manera indirecta a las mafias de tráfico de inmigrantes.

En el período 2014-2019, los diferentes gobiernos de España adjudicaron al menos 660 millones de euros a las empresas del negocio del control de las migraciones, y lo hicieron por medio de más de 1.677 contratos, la mayor parte de ellos sin concurso público. Solo el 4,5% de las personas que migran a Europa lo hace de forma irregular, pero el discurso del miedo contra una inmigración que nuestro continente necesita de forma imperiosa está sirviendo para lucrar a un grupo de empresas armamentistas y de seguridad a través de estos contratos.

La Unión Europea no contempla actualmente la creación de rutas seguras por las que acceder a Europa, un hecho gravísimo si tenemos en cuenta el enorme peligro que supone para cientos de miles de migrantes atravesar cada año el continente africano en condiciones horrorosas para acceder después a un viaje por el mar Mediterráneo, un trayecto que en sí mismo constituye la ruta de migración más peligrosa del planeta. Al contrario, la Unión Europea aprovecha las reticencias de algunos países a la inmigración para dar una respuesta militar que responde a unos intereses económicos que enriquecen a un reducido grupo de empresas mientras se establecen acuerdos de control migratorio con países como Egipto, Libia, Marruecos y Turquía, naciones en las que no existe respeto por los derechos humanos.

España, por su posición geográfica como país receptor de inmigración por vía marítima y también terrestre a través de Ceuta y Melilla, se ha convertido en uno de los principales mercados de la industria de control migratorio y algunas de las medidas adoptadas en nuestro país se exportan posteriormente a otros Estados de la Unión. Un ejemplo son las concertinas de acero utilizadas en las vallas de Ceuta y Melilla desde 2014: este sistema, subvencionado con fondos europeos, ha sido fabricado por una empresa malagueña, European Security Fencing, a su vez filial del grupo Mora Salazar, y ya se usa en las vallas fronterizas de países como Dinamarca, Hungría, Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. La empresa proporciona varios modelos de concertina, desde las menos peligrosas, el modelo Arpón (60 milímetros de largo), hasta el modelo CBT 65 (65 milímetros de largo y más afiladas). Estas últimas fueron colocadas en el centro penitenciario de Archidona, en Málaga, inaugurado en marzo de 2018.

Al igual que ha ocurrido con las concertinas, ahora adoptadas por otros países, el despliegue de drones en la costa atlántica de España y en el Estrecho de Gibraltar ha alentado proyectos similares en el Mar Mediterráneo. En la más absoluta opacidad, también se han construido varios CATE (Centro de atención temporal de extranjeros) en el sur de España. En la actualidad, existen cuatro centros de estas características: uno se encuentra en San Roque (Cádiz), otro en Almería, otro en Cartagena (Murcia) y otro en Motril (Granada). El primer centro abierto en Motril fue clausurado y sustituido por otro con mejores condiciones tras las denuncias del Defensor del Pueblo Español. Estos centros están financiados por España y Europa. Hasta el momento, ningún contrato de los CATE ha sido publicado por el Gobierno español, pero sabemos que un documento del Ministerio del Interior señala que solo en 2019 se invirtieron más de 6,5 millones en obras y servicios relacionados con estos centros.

Las rutas a Europa desde el mar Mediterráneo, una tragedia que no cesa:

El crecimiento de la industria del control migratorio no ha conseguido frenar el flujo de migrantes ni las terribles consecuencias de estas migraciones, precisamente porque se están atacando esas consecuencias y no las causas. Las cifras proporcionadas por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones dependiente de la ONU, institución con sede en Ginebra, dicen que en 2019 murieron 1.283 migrantes tratando de atravesar el Mediterráneo. Las cifras de 2018 eran de 2.299 personas fallecidas. Entre 2014 y 2019, al menos 35.720 personas murieron tratando de alcanzar las costas europeas a través de las diferentes rutas mediterráneas, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. La ruta más peligrosa continúa siendo la del Mediterráneo central, que es la que discurre entre el norte de África (Libia) e Italia. Según datos de la OIN, una de cada 33 personas que utilizaron este itinerario en 2019 murieron. En 2018, esta proporción era de uno de cada 35, mientras que en 2017 fallecían una de cada 51 personas que emprendían esta travesía. La OIM señala que, pese al descenso en el número real de muertos, que se debe a la reducción del flujo de migrantes, no a mejores condiciones de seguridad, no es posible confirmar muchos naufragios que se están produciendo y que con toda probabilidad no dejan rastro de ningún tipo en el mayor éxodo humano desde la Segunda Guerra Mundial.

La ruta oriental del Mediterráneo:  

La ruta oriental del Mediterráneo discurre entre Oriente Medio y Turquía en dirección a Grecia, y es utilizada principalmente por personas de Afganistán, Siria, Irak y Somalia. A partir de 2016, coincidiendo con un agravamiento de la crisis en Siria, los ahogamientos aumentaron en aguas africanas y se redujeron a la mitad en las de Europa. Esto se produjo gracias al acuerdo firmado ese mismo año entre la Unión Europea y Turquía, un país en pleno retroceso democrático desde la llegada al poder de Tayyip Erdogan, en 2014. Por este acuerdo, Turquía se comprometía a readmitir a todos los refugiados llegados de forma irregular a las costas de Grecia. Como contrapartida, la Unión Europea aceptaba reasentar un ciudadano sirio por cada sirio retornado a Turquía, además de agilizar la concesión de visados para los ciudadanos turcos y de comprometerse a aumentar la ayuda económica a Turquía para que el país hiciera frente en mejores condiciones a la llegada de los refugiados. En primera instancia, la Unión Europea otorgó a Turquía 3.000 millones de euros y se comprometió a entregar la misma cantidad a lo largo de un período de dos años.

Con esta estrategia, la Unión Europea pretendía transmitir un mensaje rotundo que no suele funcionar cuando el receptor vive situaciones de riesgo extremo para su integridad física y moral: que los refugiados que pisasen suelo griego serían devueltos con celeridad a sus países de origen, mientras que los que esperaban en Turquía aún tendrían posibilidades de entrar en la Unión. Pero a lo que realmente se comprometió Turquía fue a controlar las fronteras de Europa con los criterios de un Estado que no respeta los derechos humanos. Para ser justos, diremos que la reducción de las llegadas a Grecia no se produjo únicamente por la toma de control de Turquía, sino porque dentro de la propia Europa se crearon zonas de restricción debidas, por ejemplo, al cierre de la ruta de los Balcanes hacia Alemania, lo que provocó que Grecia se convirtiera en destino final y no, como había sucedido hasta entonces, en puerta de acceso al continente. Las intervenciones de los guardacostas turcos no están exentas de irregularidades jurídicas, como la entrada en aguas territoriales griegas para retener embarcaciones de refugiados que posteriormente devuelven a Turquía. Las autoridades turcas amparan estas prácticas porque se sienten impunes gracias al acuerdo con la Unión Europea.

Todos los migrantes que llegaron a Grecia después del 20 de marzo de 2016 quedaron atrapados en las islas en infames Centros de Internamiento para Extranjeros como los de la isla de Lesbos (campos de Moria y Kará Tepé, este último abierto este mes de octubre), la isla de Quíos (campo de Souda), la región de Evros (Centro de Registro e Identificación de Fylakio), la isla de Samos (campo de Vathy),la isla de Rodas, la isla de Leros, la isla de Tilos, la isla de Simy, la isla de Kalymnos, la región de Kastelórizo, o la localidad de Diavata (donde existe un campo regido por militares, en el norte de Grecia). Desde la Comisión Europea se aseguraba que la concentración de refugiados en un área geográfica tan reducida era una condición indispensable para garantizar el retorno rápido a Turquía o a los países de origen de los migrantes irregulares. Pero han pasado más de 4 años y ni ha habido expulsiones masivas a Turquía desde Grecia ni tampoco se han creado cauces legales para que los refugiados se desplacen a países de la Unión Europea, con lo que su situación legal, en campos absolutamente denigrantes que ni siquiera tienen los mínimos parámetros de salubridad, seguridad, higiene y confort para acoger de forma temporal a los refugiados, permanece en un limbo legal de difícil solución. En este espacio de tiempo, tan solo se han producido 2.000 devoluciones de Grecia a Turquía, la razón es que los tribunales helenos no consideran que Turquía sea un país seguro. En realidad, Europa y los europeos no hemos hecho más que mirar para otro lado en el tema de los refugiados. La Unión Europea estableció en 72.000 el número de refugiados candidatos a entrar en la Unión procedentes de Turquía, pero solo se ha producido el reasentamiento de 25.000 personas. Mientras tanto, Turquía no ha hecho más que cumplir sus amenazas de hacer la vista gorda sobre sus fronteras para permitir la llegada a Grecia de los migrantes que huyen de los muchos infiernos africanos. En cuanto a las promesas europeas a Turquía, no se han cumplido las relativas a la liberalización de visados turcos ni tampoco las de una reforma de la unión aduanera entre Turquía y Europa.

Esto es lo que ocurre cuando se subcontrata la seguridad de las fronteras de la Unión Europea a un país que no respeta la Convención de Ginebra, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el que están en pleno retroceso la libertad de prensa, los derechos de las mujeres y los derechos de minorías como los kurdos. Eso por no hablar del islamismo promovido por las autoridades turcas. Como antes comentábamos, en los Centros de Internamiento para Extranjeros de Grecia, donde rara vez entran los periodistas, son comunes el hacinamiento-algunos como el de Moria multiplican por siete su capacidad-, la ausencia de higiene y de condiciones de salubridad, las violaciones-denunciadas por las ONG por su elevadísima frecuencia-, las agresiones y peleas entre los refugiados, los suicidios-los voluntarios hablan de entre 4 y 5 casos diarios-, los robos o las colas de varias horas para acceder a un plato de comida. En los aledaños del campo de Moria, delimitado por verjas y alambradas, vive más gente que en el propio campo. Los médicos extranjeros que de forma voluntaria atienden a los refugiados denuncian problemas psicológicos, de alimentación y de falta de sueño, nada extraño si tenemos en cuenta que los refugiados más afortunados duermen en tiendas de campaña, mientras que otros lo hacen a la intemperie.

En opinión del coordinador de Médicos Sin Fronteras en Lesbos, Marco Sandrone, "Los números de suicidios son increíblemente altos, incluso en nuestra clínica pediátrica recibimos cada vez más niños que se quieren autolesionar". Los menores presentan traumas producto de vivencias particularmente horrorosas en sus países de origen, sumadas a experiencias durísimas en sus viajes hacia Europa a través de África, y estos cuadros clínicos se ven agravados por las terribles condiciones de vida en el campo de Moria y en los otros centros de refugiados. Alrededor de un 40% de las solicitudes de asilo que se hacen en Lesbos son rechazadas, lo que significa una deportación segura. Aunque el hecho de pisar suelo europeo debería iniciar un proceso para conseguir el estatus de refugiado, la burocracia y la falta de medios provocan retrasos de meses en la concesión de las tarjetas de demandante de asilo. En la actualidad, la concesión de citas para la entrevista en la que se pregunta al solicitante por los motivos que le han llevado a abandonar su país y se le requiere la documentación necesaria para comprobarlo se está produciendo a dos años vista, según denuncias de la ONG Legal Centre Lesvos. Las personas pertenecientes a las ONG que visitan los campos de refugiados griegos y en especial el de Moria entran en shock al comprobar las condiciones de miseria en las que viven los migrantes. Los miembros de estas organizaciones también coinciden en señalar que las autoridades turcas regulan el flujo migratorio hacia Grecia con el único fin de presionar a Europa.

La ruta central del Mediterráneo:   

La ruta central del Mediterráneo es la que discurre entre Libia e Italia, es utilizada principalmente por ciudadanos de Bangladesh, Argelia, Costa de Marfil, Sudán y Guinea y está considerada la ruta de migración más peligrosa del mundo. En 2018, dos años después del tratado con Turquía, la Unión Europea firmó un acuerdo con Libia-actualmente un Estado fallido con dos gobiernos, dos ejércitos y multitud de grupos armados en guerra entre ellos-con el fin de atajar las causas de la migración, algo altamente improbable si consideramos la inestabilidad de toda la región, un área afectada por guerras, hambre y problemas derivados del cambio climático que inciden en la agricultura por la falta de agua. La Unión Europea ha destinado solo a Libia 286 millones de euros dentro del programa EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) para la "mejora del control de la inmigración". A esta cantidad se añaden 20 millones en asistencia bilateral para temas migratorios. La Unión Europea también ha colaborado con la UNODC, la agencia de la ONU para la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional, aportando 15 millones de euros para desmantelar las mafias de tráfico de personas que operan en el norte de África y especialmente en Libia como país receptor.

La inmensa mayoría de los migrantes que llegan a Libia proceden del África subsahariana y atraviesan la frontera sur del país desde Níger o Chad, y en menor medida desde Sudán y Egipto, a través de la frontera este. Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hasta UNICEF señalan las prácticas traumáticas y brutales que padecen las personas que llegan a Libia huyendo de otros lugares de África, que se enfrentan a violaciones, encierro en cárceles por tiempo indeterminado y sin garantías, torturas, extorsión, e incluso existe un mercado de esclavos que funciona en plena calle en el que se pagan entre 300 y 500 euros por personas que habían pagado para desplazarse a los puertos del norte del país con el fin de embarcarse en dirección a Europa. Una vez han sido comprados, los migrantes son trasladados a casas donde viven hacinados junto a otras personas en su misma situación. Algunos son obligados a entrar en contacto con sus familias con el fin de pedir un rescate. Las mafias llegan a torturarles mientras hablan con sus familiares para que estos accedan más fácilmente a sus peticiones. Otros migrantes son revendidos a ciudadanos libios. Los testimonios obtenidos por la OIM hablan de condiciones sanitarias espantosas, de alimentación deficiente e incluso de muertes por inanición, en una situación calificada por la ONU de "crisis de derechos humanos".

Como por desgracia suele ser habitual, todas las condiciones horrorosas que padecen los refugiados se agravan en el caso de las mujeres, que también son compradas en el mercado de esclavos, pero su destino suele ser el de casas particulares donde son obligadas a prostituirse o a convertirse en esclavas sexuales. El director de Operaciones y Emergencias de la OIM, Mohammed Abdiker, aseguró en 2017 haber tenido acceso a casos "horrorosos" de maltratos físicos y torturas, malnutrición, abuso sexual y asesinatos. También se tiene constancia de la existencia de "fosas comunes en el desierto libio", declaró Abdiker.

Con el fin de controlar la ruta central del Mediterráneo, la Unión Europea ha financiado, entrenado y ofrecido apoyo logístico a la Guardia Costera Libia (GCL), pero el personal que forma este cuerpo a menudo procede de las diferentes milicias y grupos armados que operan en el país. El informe clasificado de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Libia (EUBAM) de 2018 señalaba que la GCL estaba formada por un "número desconocido" de excombatientes revolucionarios que en 2011 lucharon para derrocar a Muamar el Gadafi y que a partir de 2012 empezaron a engrosar la Guardia Costera, tal como consta en una denuncia de Human Rights Watch. Desde esta organización se han señalado diversas actuaciones temerarias por parte de las fuerzas libias en operaciones de salvamento en las que se puso en peligro a personas rescatadas en aguas internacionales del Mediterráneo. Estos incidentes muestran de manera clara la poca preparación de los guardacostas libios en materia de búsqueda y rescate.  

"Algunos incidentes recientes muestran que es absolutamente equivocado que los países de la Unión Europea confíen la vida de quienes necesitan ser rescatados a fuerzas de la Guardia Costera de Libia, cuando existen alternativas más seguras", manifestó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "La UE debería asegurarse de que sus embarcaciones realicen operaciones rigurosas de búsqueda y rescate en aguas internacionales próximas a Libia, donde se producen la mayor parte de los naufragios, e Italia debería, en lo posible, dar instrucciones para que sean los buques de la UE y de organizaciones no gubernamentales los que dirijan los rescates, en vez de los barcos libios". Algunas de las intervenciones de la Guardia Costera Libia en aguas internacionales en dispositivos de salvamento iniciados por organizaciones no gubernamentales se caracterizaron por comportamientos amenazantes como disparar al aire o al agua, no proporcionar chalecos salvavidas, e incluso por disparar a un barco guardacostas italiano al confundirlo con una embarcación de inmigrantes.

La ruta occidental del Mediterráneo:

La llamada ruta occidental del Mediterráneo, la que va desde Marruecos a España, es utilizada principalmente por ciudadanos de Argelia, Marruecos, Guinea, Mali y Costa de Marfil. Se trata de la segunda ruta de migración más peligrosa del mundo, solo superada por la del Mediterráneo central. Los datos de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) de los últimos tres años señalan un aumento de la actividad de las mafias de tráfico de personas, coincidiendo con el incremento en los controles de esta ruta, además de un crecimiento de su tránsito producto de un mayor control en las del Mediterráneo oriental y central. Desde Frontex, se calcula en 160 millones de euros el dinero obtenido por las mafias marroquíes y argelinas entre 2017 y 2019 en la organización de cruces en patera hacia España tanto a través del Estrecho como del Mar de Alborán. Hasta 2016, Libia era el principal punto de partida de las rutas del Mediterráneo hacia Europa y los grupos armados que operan en el país participaban también del negocio del tráfico de personas. Pero a partir de ese año se produjo un aumento en el tránsito de la ruta occidental hacia España. Las redes marroquíes de tráfico de personas obtuvieron alrededor de 35 millones de euros en 2017, cifra que aumentó en 2018 a 105 millones. En 2019, se produjo una reducción de un 50% de la inmigración irregular, de manera que los ingresos de las mafias también disminuyeron de forma significativa, alcanzando los 19 millones de euros.

Frontex elabora estos datos con las tarifas de las que informan los propios migrantes a los que entrevista al desembarcar en España y teniendo en cuenta también el número de llegadas a nuestras costas. Estas cifras representan una aproximación, como resaltan desde Frontex, porque es muy complejo estimar las ganancias de las redes marroquíes y argelinas por medio de muchas variables que pueden disminuir o aumentar el precio del viaje. Los marroquíes que utilizan esta ruta son conocedores del terreno y tienen más facilidad para llevar a cabo este viaje e incluso pueden realizarlo solos, mientras que los ciudadanos subsaharianos "necesitan" la participación de los traficantes para llegar a España. Desde Frontex no se informa con detalle, pero sabemos que también se tiene constancia de sobornos a autoridades locales. La caída de ingresos de las mafias en 2019 es muy llamativa y existe un contraste entre esta cifra de ganancias de los traficantes de personas y el número de llegadas de migrantes, cuya disminución fue menor. En Frontex explican que los cálculos son conservadores por la falta de datos completos y el aumento en el número de variables. En 2019, se produjo un incremento en el control fronterizo de las autoridades de Marruecos, especialmente duras con los inmigrantes subsaharianos, que son quienes pagan las tarifas más altas para llegar a Europa, mientras que se observó un crecimiento del flujo de ciudadanos marroquíes hacia España, que pagan cantidades mucho menores. Cálculos menos conservadores elevarían los beneficios de las mafias en 2019 a entre 30 y 35 millones de euros.

Los informes de Frontex destacan la capacidad de adaptación de las redes mafiosas al aumento de controles de las autoridades y prevén que las mafias entren en los próximos años en otros negocios de actividades ilegales como el lavado de dinero y el contrabando. Durante el último año y medio se ha producido un aumento en la dificultad y en el precio para emigrar desde Marruecos a España debido a las ayudas que el país africano recibe por parte de la Unión Europea y de España para controlar la inmigración. Según Frontex, solo en 2019 Marruecos detectó más de 27.000 migrantes irregulares, además de desmantelar más de 60 redes de tráfico de personas. Marruecos suele informar de cifras muy superiores a las que maneja la Unión Europea y asegura haber rescatado a casi 20.000 personas que atravesaban el mar en dirección a España. En cualquier caso, el aumento del control explica el incremento en los precios de esta ruta. Mientras que en 2017 los precios por cruzar el Estrecho o el Mar de Alborán estaban entre los 1.000 y los 2.000 euros por persona, en la última etapa anterior a la pandemia del covid-19 rondaban los 3.000 euros. Esta es la razón de que aumente también el tráfico de personas en la llamada ruta atlántica hacia las Islas canarias, prácticamente inactiva durante los últimos diez años, una travesía peligrosísima que es la única que algunos inmigrantes pueden pagar. Esta ruta se ha cobrado la vida de al menos 357 personas en el último año, según la OIM. Desde la organización se recalca siempre que los datos de fallecidos son incompletos.

Desde el final del siglo XX, las rutas desde el Mediterráneo apenas han sufrido modificaciones, pero sí se observa que cuando aumenta la vigilancia sobre una de ellas se incrementa el flujo en una de las otras dos o en las dos. En el verano de 2016, después del endurecimiento de las condiciones de entrada de los refugiados sirios en los países del Este de Europa y del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, se produjo un aumento del flujo en la ruta central hacia Italia, lo que provocó que el país alpino firmase con Libia un acuerdo similar al de la Unión Europea con Turquía. Esto permitió al Gobierno de Libia patrullar las aguas italianas y detener a los inmigrantes. El colapso de Siria coincidió con el agravamiento de la situación en Sudán del Sur, República Centroafricana y Somalia, además del incremento de la actividad del grupo terrorista Boko Haram en la región del Chad.

Si comparamos las tres rutas del Mediterráneo con la de la frontera entre Méjico y Estados Unidos comprobaremos que en esta última perdieron la vida casi 500 personas en 2019, con la diferencia de que el tránsito anual entre los dos países es de entre 730.000 y 820.000 personas. Esta cifra supone entre 6 y 7 veces más que el número de migrantes anuales que atraviesan el Mediterráneo intentando llegar a Europa, lo que demuestra el riesgo extremo que supone cruzar el mar en embarcaciones precarias que no están acondicionadas para una travesía tan larga. Con frecuencia, se utilizan viejos pesqueros, lanchas neumáticas, en incluso lanchas infantiles. Los motores también suelen estar en mal estado o con poco combustible, por lo que no es extraño que las malas condiciones temporales hagan naufragar las embarcaciones. Las mafias únicamente buscan obtener la mayor rentabilidad con el mínimo gasto, aunque esto les cueste la vida a decenas de miles de personas.

La responsabilidad de Europa:

Es necesario insistir en que el nuevo Pacto Sobre Migraciones y Asilo no aborda las varias tragedias que asolan el continente africano: guerras, hambrunas, explotación infantil, terrorismo, existencia de grupos armados que controlan grandes áreas y aterrorizan a la población, problemas de sequía relacionados con el cambio climático, etcétera. Es cierto que Europa no tiene una responsabilidad directa sobre todos estos problemas que asolan África, del mismo modo que sí la tiene en algunos de ellos, como por ejemplo en el hecho de que la Unión Europea permita el envío de armas de países como España, Francia, Alemania o Italia a naciones en conflicto o en riesgo de conflicto. En el informe "Armas europeas que alimentan conflictos", elaborado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz de Barcelona, coordinado por Jordi Calvo, se señala la relación entre la venta de armas a países en conflicto y el aumento de los flujos de refugiados. El estudio demuestra que en el período 2003-2014, los Estados de la Unión Europea han exportado armamento de todo tipo por valor de 37.000 millones de euros a un total de 63 países en situación de conflicto o en riesgo de conflicto. Como es natural, el envío de armas no sirve para atenuar ningún problema de convivencia y empeora cualquier situación de disputa. Las exportaciones de armas de países europeos incluyen a casi todas las naciones africanas. Esos 63 países que son receptores de armas fabricadas por países europeos generan casi el 90% del total de refugiados anuales a nivel mundial, un número que asciende a más de 30 millones de personas. Pero, si bien la Unión Europea no tiene un criterio común para evitar en la medida de lo posible la exportación de armas a naciones en conflicto, sí podría, al menos, adoptar una política mucho más protectora sobre el mar Mediterráneo, que es un ámbito de competencia directo y de responsabilidad que atañe a Europa como escenario propio, y es ahí donde se hace más llamativa y sangrante la inhibición de nuestras autoridades.