INFORMACION SOBRE LAS MIGRACIONES DE ARAGON

Las negociaciones del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo andan a paso lento

 

  Nombre: Ingrid Ortiz
Fecha: 17/05/2021
Tipo:

Fuente: Canarias7
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Los países del sur aúnan fuerzas frente a Bruselas para defender sus intereses y exigir un reparto equitativo entre los países

El diálogo entre los 27 estados miembros de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo unánime sobre la política migratoria está siendo duro y aún no se sabe cuándo llegarán a término. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, presentado el pasado septiembre de 2020, se enfrenta principalmente a las reticencias de los países del sur —España, Italia, Grecia y Malta— que no ven con buenos ojos el mecanismo de solidaridad propuesto por ser «complejo y vago».

Precisamente, este punto ha sido el más controvertido, ya que pretende acabar con las cuotas obligatorias de reparto de inmigrantes que se establecieron en julio de 2015 para compartir la responsabilidad entre todos los estados, pero que nunca se han cumplido por falta de compromiso. De ahí las presiones por parte de los países fronterizos, que reclaman a Bruselas definir con claridad qué papel jugará cada uno en el nuevo sistema. En este sentido, Pedro Sánchez ha buscado esta misma semana la alianza del primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, para defender sus intereses comunes.

A esto se añade que el acuerdo ofrece a los estados que no quieran recibir inmigrantes dos alternativas: participar en las devoluciones o dar apoyo operativo, logístico o económico. De hecho, el procedimiento fronterizo y el patrocinio de retornos es otra de las claves estratégicas del pacto, criticada sobre todo por las ONG, que señalan que no se garantiza la protección de esas personas y tendría un impacto negativo en los derechos humanos.

En esta línea, la Comisión Europea ha presentado su estrategia para impulsar el «retorno voluntario» de los migrantes a los que no se concede el asilo en la UE. Entre los objetivos que persigue Bruselas está el coste económico, ya que cada retorno voluntario requiere una financiación de 560 euros de media frente a los 3.414 euros de una «devolución forzada», según datos del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo. Esto podría afectar a poco menos de medio millón de personas de terceros países que se encontraban de forma irregular en el continente en 2019. Y es que la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, asegura que solo un tercio de las personas que no tienen derecho a permanecer en la UE regresa a su país de origen y que, de estas, menos del 30% lo hace voluntariamente.

En Canarias, las deportaciones tampoco presentan cifras altas. Hasta febrero, el Ministerio del Interior había ejecutado la devolución de 662 inmigrantes de los 27.400 que llegaron desde el año pasado, aunque pocos son los datos que han trascendido sobre este asunto, ya que el Estado se esfuerza por mantener en secreto las negociaciones con África.

Los principales flujos que parten del archipiélago conectan con Mauritania, que reactivó las deportaciones en noviembre; Senegal, que llevaba desde 2018 sin recibir devoluciones; y Marruecos, que cerró su espacio aéreo en marzo como medida de contención del virus, interrumpiendo el ritmo de cuatro vuelos semanales que trasladaban 80 personas. Al margen de retomar dicho acuerdo, el objetivo de Europa es extenderlo para que Marruecos admita la devolución de migrantes de terceros países a cambio de flexibilizar los visados para sus ciudadanos. Una tarea complicada ante las exigencias del Rabat para conseguir más dinero y reconocimiento en el tablero migratorio europeo.

Con todo, la cooperación con los países de origen se torna clave a largo plazo, y es por ello que en una conferencia ministerial celebrada este martes en Lisboa, titulares de la cartera de Interior de los 27 y de una decena de países africanos se comprometieron a impulsar mecanismos que permitan los desplazamientos legales, combatir las redes criminales, el tráfico de seres humanos y la monitorización de fronteras, entre otras cuestiones.

A la cola de la Unión Europea en la concesión de protección

Frente a la Jefatura Superior de Policía se forman colas cada día de migrantes que esperan su cita para pedir protección internacional. Casi 4.000 personas solicitaron asilo en Canarias en 2020, la mayoría procedentes de Venezuela, Colombia y, a gran distancia, Mali, según el balance del Ministerio de Interior. En total, solo el 8,6% procedía de África, una cifra «paradógica» ante el gran volumen de llegadas a las islas, y que CEAR justifica en las dificultades de «un modelo de gestión migratoria reduccionista». Sin embargo, y aunque todavía no hay datos oficiales, apuntan que en el primer trimestre de 2021 las peticiones ya se han incrementado.

A nivel nacional —a pesar de ser uno de los países con más solicitudes recibidas— España solo otorgó protección internacional a 5.700 personas, un 5% de las peticiones presentadas, lo que nos deja a la cola de la UE en el reconocimiento de asilo frente a estados como Alemania (44%), Bélgica (35%), Francia (22%) o Italia (23%), según el último informe de la Comisión.

Por otro lado, los solicitantes se enfrentan a numerosas trabas que van desde la falta de asistencia letrada y traducción a la larga espera de los trámites burocráticos, que se demoran hasta el siguiente año. Todos estos asuntos conciernen, además, a la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), cuya directora ejecutiva, Nina Gregori, se reunió este miércoles con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, para un seguimiento del Plan Operativo firmado en diciembre. Su hoja de ruta se centra en la transición hacia un nuevo modelo de acogida en España, dotando también de mayor capacidad a los servicios de recepción en Canarias, donde se han desarrollado hasta el momento cinco misiones de evaluación y seguimiento por parte de expertos.