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30 de Septiembre 2008
Igualdad diseñará medidas para inmigrantes víctimas de violencia


Tras condenar las dos nuevas víctimas de este fin de semana, en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado, la ministra subrayó el valor de la Ley Integral contra la Violencia de Género y señaló que gracias a ella `hay más conciencia social, las mujeres están más protegidas, denuncian más y tienen más derechos sociales y apoyo para salir de la violencia`.

Sin embargo, `aunque estamos en el camino correcto`, se han detectado `algunos déficit en la Ley, errores de coordinación y nuevas demandas` que deben ser respondidas, reconoció.

La ministra, que no aclaró en qué consistirá el plan específico para las inmigrantes que ha anunciado, dijo también que Igualdad impulsará un plan de empleo para las víctimas de la violencia machista (nacionales y extranjeras) que incluirá programas formativos e incentivos para las empresas que las contraten y para que estas mujeres trabajen por cuenta propia.

Además, el Ministerio reforzará la prevención de los malos tratos y la sensibilización desde el ámbito educativo, creará un espacio de intercambio de buenas prácticas entre las autonomías, armonizará los programas de reeducación de maltratadores y seguirá reforzando la formación especializada de todos los profesionales involucrados en este problema (personal sanitario y judicial, policía, etc).

La ministra recordó que junto a todas estas medidas, el Gobierno celebrará una Conferencia de Presidentes para abordar este tema desde `el máximo nivel político` y `el que corresponde a un Pacto de Estado; el que merece este asunto`, subrayó.

Aído se refirió también a la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo que el Gobierno presentará el año próximo y en la que ya trabaja un Comité de Expertos.

Explicó que la regulación actual tiene que ser evaluada porque hoy en día `no satisface a nadie ni garantiza la mejor prestación sanitaria posible` y es `manifiestamente mejorable`.

La intención del Gobierno -añadió- es garantizar los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales que intervienen en el proceso, así como la igualdad territorial de esta prestación sanitaria.

EFE



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