Las Migraciones en Aragón

28 de Marzo 2012
Desalojada una familia pakistaní con tres hijos de su vivienda en Teruel


TERUEL.- La plataforma constituida en Teruel contra los desahucios no ha logrado frenar hoy la ejecución de la orden de desalojo de su vivienda que afectaba a una familia pakistaní de cinco miembros. Los miembros de este colectivo habían pedido a la entidad bancaria que instó el procedimiento, Caja3, que aceptara la dación en pago por la deuda hipotecaria pendiente y que permitiera a la familia continuar en su hogar en régimen de alquiler, solicitando al tiempo al juez que no se hiciera efectivo por razones humanitarias.

Antonio Catalán, portavoz de la plataforma, que se constituyó ayer mismo, ha señalado que habían pedido a la entidad bancaria con la que el afectado tenía contratado el préstamo, que aceptara la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda para solventar la deuda.

Los impagos del afectado, un hombre paquistaní casado y con tres hijas en edad escolar, habían comenzado en 2010, y a finales del pasado mes de febrero ya se aplazó la ejecución de una primera orden de desahucio.
Según este portavoz, el afectado pagó durante alrededor de tres años cerca de 600 euros al mes, más de 20.000 euros, con lo que solamente ha liquidado parte de los intereses de la vivienda.

"El préstamo que le hizo el banco es de 126.000 euros y ahora con los intereses y demoras debe unos 129.000 euros", ha comentado Catalán a los medios de comunicación a las puertas de la vivienda afectada.
Esto significa que el afectado "debe más de lo que le han prestado", ha destacado otro miembro de la plataforma, José Polo, quien ha subrayado que la entidad bancaria tasó el piso en su día en 160.000 euros "y hoy reconocen que no vale ni 60.000". Hasta el último momento, los integrantes de la plataforma han intentado paralizar la ejecución del desahucio, que los funcionarios y la policía han llevado a cabo finalmente este mediodía.

Mediante un escrito presentado previamente en el juzgado a través de un abogado de oficio con el que ha contactado la asociación, la plataforma había instado paralizar la ejecución por motivos humanitarios, ya que afecta a tres menores escolarizados que podrían tener que dejar el colegio. La familia, que no ha estado presente en la intervención judicial, se ha alojado en la vivienda de unos familiares que se han ausentado durante dos meses, pero pasado ese tiempo, no saben cuál será su situación, según han explicado los miembros de la plataforma.
Catalán ha reconocido que en este caso era "demasiado tarde" para intervenir con éxito, pero ha explicado que tras la constitución de la plataforma ya han recibido la consulta de dos personas afectadas por no poder pagar el préstamo hipotecario ni hacer frente al alquiler.

Los miembros de la asociación han explicado que los casos se están multiplicando, tal y como les confirman desde las propias entidades bancarias, afectando mayoritariamente a población inmigrante pero también a familias españolas asentadas en Teruel.



Fuente: http://www.diariodelaltoaragon.es
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