Torró fue más allá y redactó un artículo en recuerdo del joven agente de 28 años, «uno de los nuestros, de los que da la vida por sus ciudadanos, a los que defendía en el cumplimiento de su deber». En el texto entró a tratar el asunto de fondo: «en el apartado de la inmigración nadie se mete, nadie opina, por aquello de que te tachen de racista. Pero hay que diferenciar de forma muy clara, y sin complejos, lo que son inmigrantes legales, ilegales y los que delinquen legales, y los que delinquen y son ilegales, que es el caso que nos ocupa».

Y siguió a lo suyo, de forma directa, como suele acostumbrar el alcalde de Gandía: «vaya por delante mi máximo respeto a las personas que salen de su país para buscar el pan de sus hijos y familias, que no hay que confundir con los que llegan de forma ilegal, sin poder tener permiso de trabajo, y que viven muchas veces en condiciones infrahumanas, explotados y engañados por las mafias. Este último caso es el de Ali Raba, un delincuente reincidente, que arrastra hasta nueve delitos por robos y amenazas. Este personaje con el gobierno actual que presido, no se hubiese podido empadronar en Gandía, antes sí», remarcó.

HACHAZO AL PADRÓN

La política de Gandía respecto a la inmigración pasa por un control exhaustivo en busca de evitar la entrada de personas en situación ilegal que «no llegan para trabajar». Su alcalde saca pecho al hablar de «la ciudad más segura de la Comunidad Valenciana». En Gandía han pasado de 81.000 a 76.403 habitantes. «De esos casi 5.000, el 91% eran personas extranjeras que residían en otras localidades para conseguir poco a poco los papeles o bien en sus países de origen recibiendo ayudas de Gandía, y el 9% eran españoles que se beneficiaban de subvenciones al empadronarse en Gandía aunque vivían en poblaciones vecinas», explica el alcalde.