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13 de Enero 2015
Sanidad exigirá a familias africanas que renuncien por escrito a la ablación
Los médicos españoles pedirán a las familias extranjeras procedentes
de países en los que se practica la ablación, principalmente de África
subsahariana, que se comprometan por escrito a no someter a sus hijas a
esta mutilación cuando viajen a sus lugares de origen. Si los padres no
firman, podrán comunicarlo a los servicios de protección de menores y a
la fiscalía para que estudien actuaciones cautelares. Esta es una de las
principales medidas incluidas en el protocolo que el Ministerio de
Sanidad y las comunidades autónomas aprobarán mañana en el Consejo Interterritorial de Salud,
que deberán aplicar los profesionales sanitarios de toda España para
detectar, tratar y prevenir la mutilación genital femenina.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge tanto medidas
terapéuticas como preventivas. Por un lado, explica todas las secuelas
físicas que puede causar la ablación y cómo actuar ante ellas (por
ejemplo, durante un parto) y, por otro, qué debe hacerse cuando aparece
un caso de riesgo. “Es el primer protocolo común contra la ablación que
se aprueba en España, y lo hemos considerado necesario porque la
inmigración ha hecho que este problema ya no sea exclusivo de África.
Aquí también existe y estamos obligados, como manda la ONU, a
visibilizar y actuar contra cualquier forma de violencia contra la
mujer”, destaca Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la
Violencia de Género. En España, la mutilación femenina se considera un
delito de lesiones desde 2003.
Unas 17.000 niñas de 0 a 14 años residentes en España están en riesgo de ser sometidas a la ablación,
sobre todo cuando visitan sus países de origen, según el documento. Es
el dato más aproximado que puede hacerse sobre la incidencia de esta
práctica. “Es un tema tabú, las mujeres no quieren hablar de ello, por
eso solo un profesional sanitario puede constatar si hay mutilación con
una exploración. Pero no hay ningún registro médico en el mundo que
recoja el dato real de mujeres mutiladas, por lo que solo podemos cifrar
la población de riesgo”, señala Julia Pérez, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares
(Unaf), una organización que ha colaborado en la elaboración del
documento. “Por eso es importante este protocolo. Sobre todo porque se
centra en el ámbito sanitario, que es donde se puede hacer un registro
de cada caso y trabajar directamente en la prevención”, añade Pérez.
Cuando un médico o pediatra atienda a una niña de riesgo, el
protocolo establece que deberá realizar una exploración de los genitales
(incluida en las revisiones pediátricas obligatorias). Si detecta que
hay mutilación, tendrá que registrarlo en su historia clínica e intentar
averiguar si se realizó antes de que la menor llegara a España, y
comunicarlo a los servicios de protección de menores. Si no la hay,
deberá registrarlo igualmente y realizar revisiones de seguimiento.
Además tendrá que activar el programa de prevención, que empieza con la
creación de una relación de confianza con la familia para poder
desarrollar una concienciación paulatina. “Es un trabajo que lleva mucho
tiempo. La ablación es una tradición muy arraigada y la presión de la
familia que se queda en el país de origen es muy fuerte, no es fácil
convencerles de que es perjudicial para sus hijas”, advierte la
presidenta de Unaf.
El momento crítico en este trabajo de prevención es, precisamente, la
realización de un viaje a sus países de origen, pues son escasas las
intervenciones que se realizan dentro de España. Por eso el protocolo
recomienda a los médicos estar alerta ante estos viajes e intensificar
la actividad preventiva con los padres. “Se ofrecerá información a la
familia, consecuencias para la salud, consecuencias legales, etcétera. A
continuación, se ofrecerá a la familia la firma de un compromiso
preventivo para que los progenitores puedan utilizarlo en el viaje a su
país como elemento de apoyo en su decisión de que su hija no sea
mutilada”, explica el documento. Esto puede ayudarles a justificar ante
sus familias su negativa, y podría evitar casos como el de un matrimonio
de Gambia residente en Lloret de Mar (Girona) cuyas dos hijas, de siete
y tres años, fueron mutiladas durante unas vacaciones en 2006. La Audiencia Nacional absolvió a los padres al considerar que el delito se cometió sin el consentimiento de los progenitores, pues fue su abuela quien lo hizo.
Si los padres no firman, “el personal sanitario lo puede comunicar a
la entidad pública de protección de menores y al ministerio fiscal, que
podrán poner en marcha el proceso para la adopción de medidas cautelares
que lo eviten”, prosigue el texto.
El compromiso preventivo es voluntario y no garantiza que, una vez en
el país de origen, la niña no vaya a ser mutilada, pero es un
instrumento que los expertos consideran muy útil, como ya se ha
demostrado en Cataluña, Aragón y Navarra, las tres únicas comunidades
que tienen un protocolo médico contra la ablación.
Cataluña, que fue la pionera al aprobar su protocolo en 2007, es
precisamente la comunidad con mayor población de riesgo. Con más de
70.000 extranjeros de países en los que se practica la ablación, allí se
concentra un tercio de las mujeres en riesgo. Le siguen Andalucía,
Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón.
Fuente: El País
URL relacionado: http://politica.elpais.com/politica/2015/01/12/actualidad/1421086594_375026.html
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