En aquel mensaje de K. de la mañana del 31 de
diciembre el miedo salió a colgar los signos de interrogación: "¿Sabes
qué va a pasar con nosotros ahora? Se habla de deportación y quiero
saber si es verdad". Era el último día del proceso de regularización de
extranjeros que Marruecos puso en marcha el 2 de enero de 2014; el
último día para presentar solicitudes para obtener la tarjeta de
residencia. La percepción de que en 2015 el gobierno marroquí va a
expulsar a todo inmigrante subsahariano que circule sin papeles lleva
meses flotando en el ambiente. Ahora esa percepción es un aliento en el
cogote. Ya ha terminado el proceso de regularización, ha pasado la
temida fecha límite y en los barrios de Rabat y de Tánger, en los montes
de Ben Younech y en el Gurugú no se habla de otra cosa.
K., marfileño, entregó su expediente para obtener la residencia dentro
del plazo: rellenó el formulario, dio una copia de su pasaporte y dos
fotos y tiene el recibo que lo acredita, pero no confía en que le den la
carte de séjour porque no lleva cinco años en Marruecos, ni tiene un
contrato de trabajo por dos años, no está casado con una marroquí o con
una extranjera en situación regular, ni tiene una enfermedad crónica. En
realidad, K. no quiere quedarse en Marruecos pero pensó que tener un
papel marroquí era mejor que no tener nada y, de la misma manera que uno
se tapa la cabeza con la sábana como si fuera un escudo protector para
espantar a los fantasmas, K. se tapa la incertidumbre con el papelito
que le han dado en el bureau des étrangers. Además, "era gratis".
En enero del año pasado la administración marroquí instaló por todo el país 83 bureaux des étrangers
–oficinas de extranjería- destinadas a recoger las solicitudes de
regularización de los extranjeros en situación irregular, entre 25.000 y
40.000 personas, según cifras del gobierno marroquí, la mayor parte
subsaharianos. Se ponía así la primera piedra de la nueva política
migratoria del reino alauí recomendada por el rey Mohamed VI a través
del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano de carácter
consultivo nombrado por el monarca.
La decisión de
poner en marcha esta nueva estrategia llegó después de numerosos
informes de organizaciones internacionales y marroquíes repletos de
denuncias de violencia y violaciones de los derechos humanos de los
inmigrantes en suelo marroquí.
Es hora de hacer
balance, una vez finalizada la primera etapa de esta nueva política de
regularización, en la que las autoridades marroquíes no se han cansado
de destacar su perspectiva humanitaria y el carácter de Marruecos como
país de acogida y no ya sólo de tránsito. Las cifras de regularizados,
que se presentarán en rueda de prensa la semana que viene y a las que ha
tenido acceso eldiario.es, ascienden a más de 16.000 personas, de
27.000 solicitudes depositadas. De ellas, en torno al 80% —12.800—
proceden de países de África subsahariana y 9.500 son mujeres. Las
comunidades más numerosas son senegaleses, nigerianos, sirios y
filipinos. "No es suficiente"- señala Hicham Rachidi, miembro de la
asociación GADEM de apoyo y acompañamiento a la inmigración. "Queremos
que todo el mundo sea regularizado".
¿Aumento de las deportaciones en Marruecos?
La pregunta de K. y la que se hacen también estos días las
organizaciones internacionales instaladas en Marruecos, sigue en el
aire. ¿Qué pasa con los 11.000 que no han obtenido su tarjeta de
residencia? "Se habla de una ampliación del proceso- apunta un
funcionario europeo- pero no sabemos más". Rachidi se atreve con otra
respuesta: "Creemos que una vez que termine la moratoria de dos meses
para resolver los dosieres pendientes, vamos a ver un recrudecimiento de
las redadas y las expulsiones. Estaremos vigilantes para observar que
se respetan la ley y los derechos humanos de los inmigrantes
subsaharianos ", asegura a eldiario.es.
Pese a la
nueva política marroquí, una cosa es lo que ocurre en las oficinas de
extranjería y otra muy distinta, lo que pasa en las fronteras de Ceuta y
Melilla, junto a las vallas, donde los inmigrantes denuncian el empleo
sistemático de la violencia por parte de las fuerzas auxiliares
marroquíes en cada intento de salto, denuncias corroboradas por el
exceso de trabajo del personal de hospitales como el Hassani, de Nador,
junto a Melilla, o el Hassan II, de Fnideq, junto a Ceuta, cada vez que
un grupo de inmigrantes se aproxima a la frontera. En un salto de
centenares de personas, lo normal es que pasen por el hospital más de
20.
En 2014, según reveló la semana pasada el
viceministro de Interior Charki Drais, Marruecos frustró 80 saltos en
las vallas de Ceuta y Melilla, practicó 37.000 detenciones de
inmigrantes irregulares. De ellas, 20.000 se realizaron en el momento de
intentar saltar las alambradas, aunque habitualmente, los inmigrantes
pasan por comisaría y después son puestos en libertad, en muchas
ocasiones, abandonados en la carretera de Rabat o Fes, lejos de la
frontera.
Se temen más redadas y represión y se teme
también la deportación, y hay motivos: en septiembre pasado, Marruecos
deportó a una veintena de inmigrantes subsaharianos a sus países de
origen en distintos vuelos desde Casablanca. Ocurrió después de un fin
de semana de enfrentamientos entre marroquíes y subsaharianos en el
barrio tangerino de Boukhalef, en los que un joven senegalés murió
degollado. La policía trasladó a 18 personas de Tánger a Casablanca a
pesar de que el juez les había puesto en libertad condicional. Marruecos
no informó ni a la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) ni al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
En marzo se conocerán las cifras definitivas
y a partir de entonces, el gobierno marroquí tiene la intención de
poner en marcha la segunda fase: la de la integración. Los inmigrantes
regularizados tienen acceso a los servicios sanitarios en igualdad de
condiciones que los marroquíes, pero en esta segunda etapa, el ambicioso
plan, para el que Marruecos pide financiación a la Unión Europea,
contempla cursos de formación profesional, programas deportivos para los
jóvenes, acceso al empleo, la regularización de todas las mujeres y los
niños, el acceso a la educación y concienciar a la sociedad marroquí
para que perciba la inmigración como un enriquecimiento y no como una
amenaza.
Entretanto, como no se cansan de repetir
expertos y trabajadores en asuntos migratorios, seguirán llegando
inmigrantes a Marruecos con la intención de seguir su camino hacia
Europa, porque aunque el reino magrebí esté cambiando de país de paso a
país de acogida, el sueño de miles de jóvenes africanos no es marroquí,
sino europeo. Marruecos, para los que han probado botes, vallas y
barrios-guetto y porras de las fuerzas auxiliares, está muy lejos de ser
un destino soñado y para dar respuesta a este reto, las soluciones
siguen siendo todavía tan minúsculas como el papelito que K. guarda en
su bolsillo.