A pesar de las dificultades económicas y sociales que han afectado a
Canarias durante los últimos años, solo 431 inmigrantes que residían en
el Archipiélago pidieron ayudas públicas para poder retornar a sus
países. Entre 2009 y 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
subvencionó los billetes de un total de 12.689 extranjeros de toda
España, que debido al aumento del desempleo solicitaron apoyo para
volver a su entorno. Este programa se gestiona a través de la
Organización Internacional de las Migraciones, que recibe fondos de la
Secretaría General de Inmigración y Emigración para llevar a cabo los
viajes.
La situación de crisis alentó durante los últimos año a
muchas familias a tomar la decisión de volver a su lugares de origen.
Para ello cuentan con varios programas de ayudas públicas, que facilitan
la vuelta a casa a aquellos inmigrantes, tanto en situación irregular
como quienes residen legalmente en España, que deseen regresar a sus
países.
Los requisitos para poder optar a una de estas ayudas
son: firmar un compromiso de que no volverán a España a trabajar durante
al menos tres años; y no tener concedida la doble nacionalidad, aunque
sí podrán hacerlo aquellos que la estén tramitando. No pueden acogerse a
estos programas los extranjeros que tengan tarjeta comunitaria, ni
tampoco aquellos que tengan causas pendientes con la justicia.
El
programa de retorno voluntario de extranjeros financia los billetes del
solicitante y de los miembros de su familia que quieran marcharse con
él, y además les concede una ayuda de 450 euros por persona, que puede
alcanzar hasta los 2.000 euros por familia, y se encarga de la
tramitación de todo lo necesario para el viaje.
Último recurso
"Este
tipo de ayudas muchas veces son el último recursos de inmigrantes que
se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad", explicó Eva
Valdés, trabajadora de la Organización Internacional de las Migraciones,
que acudió ayer a dar una charla informativa sobre la tramitación de
estas ayudas a los trabajadores sociales de varios ayuntamientos de la
provincia tinerfeña.
Los trabajadores sociales deben rellenar un
informe que deberán remitir a la organización en Madrid, para justificar
la situación social de aquellas personas que demanden una ayuda para
poder volver a casa.
Una vez que se ha aprobado la solicitud, la
organización se pone en contacto con los demandantes para acordar la
fecha del viaje. "Normalmente se les da entre dos semanas y dos semanas y
media para que puedan organizarse antes de volar", manifestó Valdés. La
trabajadora apunta que el proceso de retorno puede cancelarse hasta que
la organización compre los billetes, "cuando se efectúa la reserva ya
no hay vuelta atrás". Cuatro o cinco días antes del viaje la
organización les ingresa la ayuda para que puedan retirarla y llevarse
el dinero en efectivo a su país.
Valdés insistió en que "el
retorno no es para todo el mundo, solo para aquellas personas más
vulnerables". Por este motivo, desde la Organización intentan ayudar
"con los fondos que tenemos a la mayor cantidad de gente posible y entre
ellos a los que estén en una situación más delicada".
Sin
embargo, estos procesos de retorno también se encuentran con
dificultades a la hora de organizar el viaje. "Nuestros trayectos no
pueden pasar por Europa, ni hacer escala en Estados Unidos, tienen que
ser vuelos directos lo que encarece mucho el precio", explica esta
trabajadora de la organización. Valdés aseguró que la gran mayoría de
los problemas surgen en relación con el equipaje. "Los que se marchan
suelen querer llevarse toda su vida a cuestas y eso incluye por ejemplo a
mascotas o herramientas de trabajo, lo que muchas veces es algo muy
difícil", argumentó. Las compañías aéreas con las que trabaja la
organización solo admiten que los pasajeros viajen con dos maletas de 23
kilos, más otros diez en cabina. "Lo que pase de ahí tienen que
costearlo ellos mismos, por lo que muchos utilizan la ayuda para pagar
el exceso de equipaje", explicó Valdés.
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