01 de Marzo 2015
Supremo envía a prisión al exalcalde que falsificó padrones de inmigrantes

En una sentencia, el Supremo ha estimado el recurso que presentó la Fiscalía contra la condena de dos años de cárcel y multa de 2.160 euros que la Audiencia impuso al exalcalde por los delitos de falsedad en documento oficial, con la atenuante de dilaciones indebidas.

La condena inicial, que Marcel Surià no recurrió, le permitía eludir la entrada en prisión al no superar los dos años y carecer de antecedentes, pero la nueva pena impuesta por el Supremo implica que el exalcalde tenga que ingresar en la cárcel para cumplir la sentencia.

El Supremo ha resuelto aumentar la pena del alcalde, y de otro de los procesados en el caso, al entender que el cómputo que hizo la Audiencia de Barcelona es erróneo, dado que no tuvo en cuenta que se trataba de un delito continuado, que merece mayor reproche penal.

El alcalde fue condenado por la Audiencia por acceder a facilitar certificados de residencia a inmigrantes irregulares, sin cobrar nunca por ello, a sabiendas de que la documentación que le presentaban los solicitantes para conseguirla era falsa.

Junto al exlcalde, la sección 22 de la Audiencia de Barcelona condenó a los miembros de una red clandestina que se dedicaba a introducir en territorio español a ciudadanos de Marruecos a cambio de dinero, ocultándolos dentro de vehículos que cruzaban la frontera hispano-marroquí.

En su declaración en el juicio, el exalcalde admitió que por razones humanitarias facilitó a varios temporeros "sin papeles" que habían trabajado en su municipio o en sus alrededores documentos que acreditaban su residencia en la población, porque, en su opinión, sufrían "circunstancias personales muy delicadas" y necesitaban dar constancia de que vivían en algún lugar.

Marcel Surià ha iniciado una campaña para recabar apoyos -entre alcaldes de la zona y representantes de los consejos comarcales-, de cara a la petición de indulto parcial que planteará ante el Ministerio de Justicia para evitar entrar en prisión.

En su petición, el exalcalde de Santa Fe alega ante el ministro, Rafael Català, que estuvo colaborando con la policía durante la investigación del caso y que en el juicio aceptó su responsabilidad, al admitir que su intención era ayudar a personas que estaban atravesando "auténticos dramas personales".

El exalcalde, que aceptaría una condena de trabajos en beneficio de la comunidad a cambio de librarse de entrar en la cárcel, recuerda también al ministro que el Supremo le ha elevado la pena pese a que él se conformó con la que le había impuesto la Audiencia de Barcelona y optó por no recurrir.

Además, insiste en que la sentencia declara probado que él no tenía ninguna relación con la red que se lucraba mediante la introducción ilegal de inmigrantes en España.