Mauricio Gutiérrez, de 42 años, nunca volvió a abrir la puerta de su casa. Fue su esposa quien, en apenas un mes, tuvo que malvender por 600 euros los muebles y el Ford Focus. Fue ella quien gestionó la salida de las mellizas del colegio; y quien echó el cerrojo del pisito donde vivían alquilados en la calle de San Vicente Mártir de Valencia. Su esposo no pudo ayudarla con la tarea: se encontraba en Colombia desde mediados de octubre, cuando lo detuvieron camino del bar donde trabajaba sin contrato y lo trasladaron de inmediato a Madrid para expulsarlo del país en un avión. No tenía papeles. "Mis últimos 15 años de vida se acabaron en 48 horas".

España lo echó. En viaje exprés. Y este camarero, que perdió el permiso de residencia al no encontrar un empleo legalizado, integra la lista de 26.491 extranjeros deportados vía aérea entre 2010 y 2014, según los datos del Gobierno. Hechas las cuentas: 15 repatriados al día. "Interior organiza dos tipos de vuelo. Fleta aviones donde todo el pasaje se compone de deportados, pero, también, mete a estas personas en vuelos comerciales, acompañados por policías, que los llevan a su país", relata Irene Ruano, miembro de la Campaña Estatal para el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En esos "vuelos de la vergüenza", denominados así por las ONG, el Ejecutivo invertirá 12,1 millones de euros en 2015 y 2016, como recoge el expediente aprobado en diciembre para buscar a la compañía que se haga cargo de ellos, un papel que hacían Air Europa y Swiftair hasta ahora.

"Me detuvieron a la una de la tarde. No vi a un abogado hasta el día siguiente. Y, al poco tiempo, a las cuatro de la madrugada, ya estaba rumbo a Madrid para montarme en el avión a Colombia", rememora Gutiérrez desde Cali. Su esposa lo buscó durante horas por los hospitales de Valencia. "La policía ejecuta estas deportaciones exprés durante las 72 horas que una persona puede estar detenida", explica el Consejo General de la Abogacía Española, que alerta de la "proliferación" de este tipo de prácticas. Una modalidad que, según las ONG, reduce las garantías judiciales y de defensa. Antes, el camino de la expulsión pasaba habitualmente por el CIE, donde los sin papeles llegan a pasar semanas recluidos. El modelo "cambió": se expulsó a 6.642 personas directamente desde instalaciones policiales en 2013, frente a las 4.726 que salieron de un CIE. La aérea es la principal vía de deportación, aunque también se hace en barco a países como Argelia.

Gutiérrez vive ahora en Cali. Con su mujer y sus hijas de seis años —ambas españolas—. Y en casa de sus suegros. Aún no puede quitarse ese "injusto" octubre de la cabeza. "Yo no hacía más que decirles a los guardias que mi familia estaba en España. Pero me respondían que solo cumplían órdenes". No vio violencia en ese vuelo. Aunque SOS Racismo ha denunciado malos tratos policiales en diferentes ocasiones. En 2007, un nigeriano murió durante su deportación. Y el Defensor del Pueblo también ha recogido denuncias en sus informes.

En el Ministerio del Interior se defienden: "Los vuelos están fiscalizados por instituciones ajenas a la policía: el Defensor del Pueblo, administraciones judiciales y fiscales. Y estas garantizan que se cumpla escrupulosamente con la legalidad vigente".

Al aterrizar en Colombia, Mauricio Gutiérrez solo llevaba 15 euros en el bolsillo. “Me dejaron tirado en el aeropuerto”, recuerda con la voz agarrotada. Cuando llegó a España ganaba 150.000 pesetas (900 euros) con un contrato. Cuando le expulsaron apenas llegaba a los 800 euros en b. La familia salía adelante a trompicones. Pero, pese a las dificultades, no se imaginaba en otro lado. "Mi vida estaba allí. Y me echaron de ella".