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10 de Diciembre 2008
Es un retroceso por la pérdida de derechos que causa


HUESCA.- "La directiva europea de inmigración criminaliza la irregularidad, que es una infracción administrativa y no ningún delito", afirma el sociólogo Juan Gómez Quintero, profesor en la Universidad San Jorge. Dicha normativa, aprobada de manera definitiva por las instituciones comunitarias el pasado verano, da a los Estados miembros de la UE la posibilidad de repatriar a menores de edad, de internar a los inmigrantes irregulares hasta 18 meses en los centros de detención e, incluso, de que pasen ese periodo en la cárcel, de no existir suficientes centros de detención. Estos y otros aspectos la han llevado a ser rebautizada por grupos de defensa de los Derechos Humanos y de los inmigrantes como "la directiva de la vergüenza".

Gómez Quintero opina que la directiva "es muy dura" y supone "un retroceso por la pérdida de derechos" que conlleva. Además de los puntos expuestos anteriormente, los más conocidos, hay otros que permiten internar a todos los miembros irregulares de una familia si el cabeza de familia recibe una orden de expulsión, indica el sociólogo colombiano.

Hasta ahora, las leyes de inmigración en Europa "buscaban el arraigo social o laboral" del inmigrante. Cuando entre en vigencia esta directiva (los Estados europeos tienen hasta 2010 para introducir cambios en sus normativas que los hagan concordar con la directiva), esa posibilidad de arraigo se reducirá drásticamente.

La crisis económica es la causa principal de "esta radicalización de las medidas" inmigratorias. Al respecto, Gómez Quintero comenta que la inclusión de Inmigración en el Ministerio de Trabajo tras las elecciones del 9-M es una prueba de ello. Y, sobre el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, apunta que con sus declaraciones en las que relacionaba inmigración con paro se situaba en "el sector más derechista del PP o del PSOE".

A pesar de las críticas que Corbacho recibió de numerosas asociaciones, Gómez Quintero se declara "escéptico" ante cómo adecuará el Gobierno español, que "ha jugado de manera muy ambigua" en este tema, la directiva. "Con la crisis puede haber un contexto social favorable a hacer más difíciles las reagrupaciones y a no frenar las órdenes de expulsión, que ya se han incrementado en gran número".



Fuente: Diario del Altoaragón
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