Desde que la crisis se comenzó a hacer más acuciante hemos visto cómo tanto el Gobierno central como el Autonómico proponían y ponían en marcha diferentes ayudas para los parados que perdían el derecho a cobrar el desempleo. Unas dirigidas a personas mayores de 55 años, otras para gente con cargas familiares, etc., pero todas tenían un nexo en común: el importe. Ninguna de las insinuadas o aprobadas posteriormente supone unos ingresos de más de 426 euros, una cifra con la que es muy complicado que una familia coma durante todo el mes.

Pero, ¿cuál es la razón de que la gran mayoría sean de esta cuantía? Hasta 2004 se tenía en cuenta el Salario Mínimino Interprofesional (SMI) para dar las diversas prestaciones que pudieran surgir como becas, comedor, etc., sin embargo, en aquel momento, propusieron una nueva 'vara de medir', el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). De este modo, el SMI creció más rápido que el IPREM y, por lo tanto, las personas que se adherían a cualquier ayuda debían tener cada vez menos ingresos.

Así, los sindicatos y el Gobierno acordaron marcar como importe para las ayudas de parados el 80% del IPREM mensual, que supone en estos momentos 532,51 euros. Por esta razón, la cuantía de todas las ayudas es de 426 al mes. Además, este importe no se ha modificado desde el año 2010. Algo similar a lo ocurrido con el SMI hasta este año, cuando ha crecido un 0,5%. Esta medida se aplica tanto para calcular los subsidios por desempleo, la Renta Activa de Inserción (RAI) y el nuevo Programa de Activación del Empleo.

Todos los subsidios por desempleo tienen un importe de 426 euros y no se pueden tener ingresos mayores de 486,45 euros. A parte de esto, cada uno tiene sus propias características. Por un lado, se encuentra el destinado para aquellas personas que no han cotizado el tiempo suficiente (12 meses) para poder tener una prestación contributiva. En este caso tiene una duración de entre 3 y 21 meses dependiendo de la situación en la que se encuentra.

Después está la ayuda familiar para desempleados, que va destinada a aquellas personas que han agotado su prestación contributiva y tienen cargas familiares. La duración normal es de 18 meses, pero dependiendo de las circunstancias puede llegar hasta los 30. Otra opción es la de mayores de 45 años sin familiares a su cargo. En este caso solo se puede cobrar durante 6 meses. Por el contrario, la de mayores de 55 años se puede alargar hasta la jubilación (65 años).

También existe la posibilidad de que puedan cobrar estos subsidios las personas que han perdido la incapacidad permanente, inmigrantes retornados y liberados de prisión, siempre y cuando hayan agotado sus prestaciones contributivas. En las tres situaciones, la duración es de 6 meses, pero se puede prolongar hasta los 18.

Una vez que se han agotado estas prestaciones aparecen dos más con la misma cuantía: la RAI y Programa de Activación del Empleo. La primera, está destinada a parados de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados mayores de 45, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad. Se puede disfrutar durante 11 meses y una vez que se termina, se tiene que esperar un año hasta poder pedirla de nuevo, así hasta en tres ocasiones; aunque esto no ocurre ni con los discapacitados ni con las víctimas de violencia de género o doméstica.

La novedad, aprobada a finales del año pasado y que puede solicitarse desde enero de 2015, es el Programa de Activación de Empleo. Esta ayuda va destinada a todos aquellos que hayan acabado con la RAI o el Plan Prepara y que tenga al menos un familiar a su cargo. Su duración es de 6 meses, pero, de momento, no está dando los resultados esperados. Prueba de ello es que en Aragón solo han podido acogerse 234 personas de las más de 8.000 a las que se esperaba llegar. “Al final ha habido más limitaciones de las que se preveían y esto está produciendo que muchas personas no puedan adherirse a ella”, subraya Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón.

Las únicas prestaciones que no tienen una cuantía de 426 euros son el Plan Prepara y el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). La primera tiene una cuantía de 400 euros al mes, solo se puede cobrar una vez en la vida y tiene una duración de seis meses. El segundo es propio de la comunidad aragonesa y su cuantía asciendo a los 441, la única que supera los límites de los 426 euros mensuales.

Pese a que constantemente se crean nuevas ayudas y subvenciones para desempleados, no es suficiente para paliar la situación de pobreza que se está afianzando en la comunidad autónoma. Según los últimos datos de paro, más del 45% de los parados no tienen derecho a ninguna prestación. “Es una tendencia a la baja , que se viene observando desde hace años y está provocando un elevado riesgo de exclusión para aquellas personas que dejan de tener derecho a un subsidio”, resaltaba hace escasos días Huerta.

Con esta situación, los secretarios generales de CC. OO. y UGT registraron esta semana en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha una Prestación de Ingresos Mínimos a nivel estatal. Los beneficiarios de esta nueva ayuda (como siempre de 426 euros, aunque tiene en cuenta un complemento por familiares a cargo) son personas de entre 18 y 65 años que no perciban ningún ingreso o que lleven al menos un año registrados en las oficinas de empleo.