Las Migraciones en Aragón

02 de Agosto 2015
Luisa Broto: "Me ha sorprendido la cantidad de trámites que hay que hacer para llegar al punto final"



Asegurar el empleo y la vivienda. Son dos de los grandes objetivos que se marca la consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, para esta legislatura. Se estrena en política, pero lleva desde 1998 como trabajadora social en el área de la que ahora es responsable.

La también vicealcaldesa de Zaragoza quiere reducir tiempos y agilizar trámites burocráticos que impiden que, en algunos casos, las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad no lleguen a tiempo. Broto ya ha puesto la maquinaria a funcionar y confía en que, de la mano del Gobierno de Aragón, se pueda atender de manera eficaz a las personas en riesgo de exclusión.

Pregunta.- Trabajaba desde 1998 en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿cuándo comenzó a notar deficiencias en el área?
Respuesta.- Me resulta difícil situar un punto concreto, pero a partir del 2000 empezamos a notar el fenómeno de la inmigración. No lo diría como un problema, sino como un cambio en los Servicios Sociales tradicionales. El punto de inflexión fue el 2007 y 2008, cuando la crisis, con un poco de retraso porque Zaragoza tuvo la Expo, que supuso un aplazamiento.

P.- Ha manifestado la necesidad de reestructurar el área. ¿Qué va a tener en cuenta y para cuándo?
R.- Realmente ya hemos empezado porque se ha elegido un equipo directivo, tenemos un coordinador nuevo y trabajamos para hacer un Decreto de estructura. Intentaremos que este Departamento tan ambicioso tenga a cada jefe de sección y cada unidad en su sitio para darle una continuidad que permita rentabilizar a todas las personas y equipos. Oficialmente y de forma pública a la ciudadanía, esta reestructuración estará lista a finales de septiembre.

El Área de Derechos Sociales es la piedra angular de este mandato

P.- ¿Qué se ha encontrado al llegar al Ayuntamiento? ¿Cómo se ve a la ciudad y a los ciudadanos desde dentro de la institución?
R.- La ciudad y los ciudadanos siguen siendo los mismos. Quizá el cambio lo encuentro en la gestión, desde el punto de vista de estar tomando responsabilidades. Hay muchos trámites y burocracia que impiden hacer las cosas como tú quisieras. Tengo la suerte de trabajar en un área donde he tenido presencia como profesional anteriormente, pero sobre todo me sorprende la cantidad de cosas que hay que hacer para llegar al punto final. Los plazos me parecen tremendos. La celeridad que deberían tener determinadas propuestas no se puede implementar de un día para otro y eso sí que me parece que hay que intentar transformar.

P.- El Área de Derechos Sociales es la piedra angular de este mandato. Estará presente en temas como el empleo, ¿cómo se va a afrontar la creación de puestos de trabajo?
R.- Zaragoza tiene una situación de desempleo importante y también hay que decir que el Ayuntamiento no tiene competencias específicas. Es decir, que podemos hacer cosas dentro de nuestro marco, primero porque como Área, hasta que las cosas no cambien, el factor de empleo es un factor de inclusión. Segundo, queremos dotarle de la mayor importancia posible porque somos un Ayuntamiento cercano a los ciudadanos.

Tenemos varios programas que funcionan y funcionan bien, pero me remito al Decreto de estructura para darle una visión integral que permita que una persona que está en un centro de Servicios Sociales tenga un recorrido que le permita recibir la prestación que necesita, pero que también le permita formarse para una inserción. Tenemos bastantes ideas en este sentido. Desarrollarlo va a tener su proceso, pero es uno de los puntales para el cambio el área.

Vivienda y desahucios

P.- Recientemente, han presentado la Oficina Municipal de Vivienda. Han estimado una dotación presupuestaria de 600.000 euros, ¿a cuántas personas cree que va a beneficiar?
R.- Tenemos que defender los derechos de inquilinos y propietarios y el recorrido es muy corto. Podemos encontrarnos que una persona que adeude dos meses de alquiler, en dos meses y medio o tres, si no se soluciona esta situación, puede estar en la calle. Esto es lo que nos preocupa y esta oficina quiere dar salida a este tipo de situaciones. Hemos visto que hay un perfil de personas que tienen buena intención de pagar pero no pueden. En estos casos vamos a mediar como acción preventiva para que no se judicialice el proceso porque entonces las opciones son muy pocas y esto es una Administración local que no puede dar respuesta a todas las demandas.

Broto quiere reducir los trámites administrativos en su Área

Cuantificados no tenemos a los posibles beneficiarios, pero sabemos que en septiembre tenemos encima de la mesa varias posibles demandas de desahucio. Iremos dando información de las situaciones porque queremos que los ciudadanos sepan qué se puede hacer y qué no.

P.- Desde que llegaron al Gobierno, ¿se ha ejecutado alguno de los desahucios de los que estaban previstos?
R.- Este mes de julio ha sido intenso. Han sido 18 desahucios, de los que cinco se han podido gestionar a través del convenio del Poder Judicial y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y seis se han gestionado a través de Zaragoza Vivienda. En el resto se ha llegado a soluciones pactadas entre las partes. Por ahora no ha habido ningún tipo de desalojo que haya supuesto que alguna familia se haya quedado en la calle.

P.- El parque de viviendas sociales es de 2.500. El objetivo es llegar a las 5.000. ¿Qué opciones se barajan para conseguirlo? ¿En cuánto tiempo?
R.- Será progresivo. Es un objetivo de toda la legislatura. Hay viviendas vacías. Intentamos relanzar programas que permitan que los propietarios puedan plantear sacar esa vivienda al alquiler porque haya detrás una administración que le garantiza seguros ante desperfectos, garantía de cobro, etc.

Por otro lado, otra medida novedosa, que tenemos que estudiar pero que puede ser factible, es la subrogación de hipotecas. Es el caso de familias que tengan causas sobrevenidas que no pueden pagar la deuda, de forma que admitan que el Ayuntamiento asuma la deuda, con lo que la titularidad pasaría al Consistorio. Todo dentro del marco legal y sin enriquecimiento de la Administración. El objetivo es que a los pocos años la familia pueda acceder de nuevo a su vivienda. Con ello ganamos parque de vivienda municipal, que las familias sigan en sus barrios y que esas personas vuelvan a tener su hogar con el lapso de no haber pagado ese tiempo, durante el que abonarían un alquiler adecuado a su situación concreta.

Ayudas de urgente necesidad

P.- Anunciaron un incremento de dos millones en las Ayudas de Urgente Necesidad para pasar el año, ¿cree que será suficiente?
R.- Por ahora sí. Nuestra estimación es llegar a los diez millones al final de año. La maquinaria municipal requiere un acuerdo de Pleno para este acuerdo. Además, producto de la nueva Corporación tenemos acuerdos en mente que pueden facilitar determinadas prestaciones que, de alguna manera, desagobiarían la partida de ayudas urgentes. Creemos que con estos dos millones salvamos el comienzo del curso hasta noviembre. Posteriormente, si es necesario enlazar, tendremos que hacerlo. Iremos valorando porque tenemos que ajustar muchas cosas.

El objetivo de la legislatura es conseguir aumentar a 5.000 el parque de viviendas municipales

P.- ¿Cómo van las relaciones con el Gobierno de Aragón?
R.- Tuvimos un primer encuentro bastante positivo. Más allá de eso arrancamos el compromiso público de que los IAI iban a agilizar los trámites. Además, llegamos a confirmar una mesa técnica que se pondrá en marcha a finales de agosto o principios de septiembre y ahí sí que tendremos la clave para saber cómo va a ser la evolución de la Consejería porque depende, en mucha medida, de los acuerdos con la DGA.

P.- Otro aspecto que se ha defendido desde ZeC es la remunicipalización de servicios. De su área, ¿hay alguna contrata que tenga clara la viabilidad de su remunicipalización?
R.- Todavía no tenemos una información tan detallada, pero sí que hay una prestación, en relación con el Gobierno autonómico, que es el servicio de Ayuda a Domicilio, que se lleva desarrollando desde largo recorrido. Tiene una experiencia y equipamiento que podría estar dentro de las prestaciones que se podrían teóricamente remunicipalizar, aunque dependerá del estudio de viabilidad.

“No van a desaparecer los actos religiosos”

P.- Dos de las primeras decisiones como Gobierno han causado polémica. Por un lado, la Corporación no podrá asistir a actos religiosos representando al Ayuntamiento. ¿Corren peligro este tipo de actos? ¿Tiene previsto intervenir en alguno?
R.- Para nada. A nadie se le va a impedir acudir a algún acto religioso. El matiz es que hay actos a los que la Corporación asistía con toda su simbología y lo que planteamos es que cada concejal decida si quiere acudir o no, pero de forma personal. En cuanto a si van a desaparecer actos, no. Son actos vinculados a la cultura de la ciudad. A no ser que haya una petición expresa del resto de las personas, nosotros no tenemos intención de que desaparezcan.

En cuanto a mí, como vicealcaldesa, tengo unas funciones ligadas a este cargo que voy a asumir, porque es mi responsabilidad. Por otro lado, esta modificación se llevará al Pleno de septiembre. Con todo el periodo de alegaciones y exposición pública, seguramente no llegaremos a la Ofrenda del Pilar y seguramente la modificación será para 2016.

P.- Reciente, pero ya muy trillado es el tema del nombre del Pabellón Príncipe Felipe. ¿Tiene el Gobierno pensado eliminar más símbolos monárquicos o religiosos?
R.- Es una decisión de Consejo de Gobierno, refrendada por una votación popular en un programa electoral y por una petición de 15.000 personas en diez días. Es un reconocimiento a este profesional. No creo que haya que tener en cuenta un cambio de todas las instituciones de toda la ciudad. Se ha hecho una utilización de esta situación por la coincidencia con acciones en otras ciudades muy diferentes a las de Zaragoza con una situación política bastante opuesta a la de Zaragoza.

Broto quiere tener lista en septiembre la reestructuración del área

Nosotros nos quedamos con que hay una parte de la ciudadanía que está muy de acuerdo con esta medida y tendremos en cuenta todo lo demás. Simplemente ha sido una decisión concreta, respondiendo a una demanda y en un momento muy concreto que parece ser que se ha utilizado.

P.- Respecto a la residencia de Santa Fe, han aprobado una Comisión de investigación. ¿Qué espera o qué no espera encontrar?
R.- Espero encontrar información que tranquilice a todos los actores y sobre todo tranquilizar a las personas que por situación económica o que actualmente la Administración no oferte plazas, tengan la tranquilidad de que las residencias del término municipal de Zaragoza cumplen con garantías.

Me parece que hay una responsabilidad moral y ahí creo que tenemos que dar la talla y por eso se planteó la investigación. Espero y deseo que lleve a clarificar situaciones, tener tranquilidad en cuanto a que la Administración cumple con su obligación de velar por los intereses de los ciudadanos y, sobre todo, yo creo en la tarea de concienciar y de que las personas que se planteen tener una empresa de este tipo, sepan cuáles son los condicionantes.

Efectivamente la administración no tiene la capacidad de detectar toda esta serie de situaciones. De hecho, la iniciativa social es la que faculta que se adelante la administración a determinadas situaciones. Espero y deseo que para septiembre tengamos un mapa de esta situación y se pueda verter a la población y medios de comunicación y que todo sirva para mejorar los servicios y la calidad de vida.



Fuente: Aragón Digital
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