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01 de Septiembre 2015
Los inmigrantes "sin papeles" deberán llevar seis meses empadronados para tener asistencia sanitaria
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha propuesto
hoy a las comunidades autónomas el Acuerdo para armonizar la atención
social y sanitaria que reciben los extranjeros en situación irregular en
España, que contemplaría el criterio mínimo de acreditar residencia
“con una antigüedad de seis meses inmediatamente anteriores”.
La propuesta se ha hecho en la Comisión de Prestaciones,
Aseguramiento y Financiación del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, una reunión técnica que ha estado presidida por el
secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, quien ha
informado sobre su contenido al término de la misma.
Las personas que cumplan los requisitos que se han presentado
tendrían acceso a una atención con el mismo alcance que la cartera
básica de servicios para las personas aseguradas o beneficiarios, de
manera que, aunque la vía de acceso sea la atención primaria, si se
requiere asistencia especializada u hospitalaria o un tratamiento
farmacológico durante el ingreso se facilitará en todos los casos.
La propuesta de acuerdo hace referencia, en concreto, a los
“criterios mínimos para la inclusión en los programas de asistencia
social y sanitaria de las comunidades autónomas de los extranjeros no
registrados ni autorizados como residentes en España que carezcan de
recursos económicos”. Es por ello que las personas que se beneficiarían
de estos programas, además de identificarse, han de aportar “una
justificación de no disponer de recursos suficientes”; una “declaración
responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía”; y un
“documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia
sanitaria”.
Así, la asistencia social y sanitaria se prestaría “exclusivamente en
el ámbito territorial de cada comunidad autónoma”, salvo cuando sea
preciso derivar al paciente a un centro de referencia o no se disponga
en la comunidad autónoma del tratamiento o la tecnología necesaria.
Además, señala la propuesta, “no se extenderá fuera del territorio
español”.
El objetivo de establecer estos requisitos, dicen desde el
Ministerio, es que no se genere la obligación para España de atender
gratuitamente a personas cuya asistencia ha de ser cubierta por su país
de origen (por ejemplo, los ciudadanos europeos o de aquellos países con
los que España mantenga Convenio Bilateral de seguridad social) y que
no se pueda exportar el derecho a ser atendido en otro país a cargo del
Sistema Nacional de Salud.
Solicitud de la asistencia
Las personas que cumplan estos requisitos, con la colaboración de un
mediador o un trabajador social si es necesario, deberían presentar la
solicitud de acceso al programa de asistencia en “el centro de salud o
ante las unidades designadas al efecto en cada comunidad”. Si se valora
que la persona incurre en una situación de vulnerabilidad, “será
incluida en una base de datos a la que se pueda acceder desde todos los
centros sanitarios, “a efectos de contabilidad real y seguimiento de
estos pacientes”.
A cada uno de ellos se le entregará un documento de certificación o
acreditativo que deberá enseñar junto con su pasaporte o documento de
identidad cada vez que necesite asistencia sanitaria.
El documento tendría validez de un año, renovable por periodos
anuales y en los plazos y forma que decida cada comunidad autónoma.
Posición de Aragón
Los representantes de los Gobiernos socialistas han vuelto a exigir
la derogación del Real Decreto de 2012 que acabó con la asistencia
sanitaria universal.
El nuevo Ejecutivo autonómico dictó instrucciones en su competencia
autonómica para permitir el acceso a los recursos a estos inmigrantes,
devolviéndoles la asistencia en condiciones de igualdad el pasado 13 de
julio. Se trata de dotarles con un documento temporal que sólo puede
usarse en la Comunidad aragonesa, dado que Aragón no puede arbitrar
medidas sobre recursos que no sean propios. En quince días se pueden
presentar mejoras a la propuesta del Ministerio.
El director general de Asistencia Sanitaria aragonés, Manuel García
Encabo, que ha participado en la reunión, ha mantenido en declaraciones a
ARAGÓN TV que no hace falta ninguna intervención del Ministerio para
dar el derecho de asistencia sanitaria a los inmigrantes y que eso es lo
que han puesto sobre la mesa las comunidades autónomas.
Por otro lado, ha insistido en que lo que sí puede hacer el
Ministerio es aconsejarles legal o jurídicamente, pero que las
competencias son "exclusivas de las comunidades autónomas".
Fuente: Aragón Digital
URL relacionado: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=136315
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