17 de Septiembre 2015
Las cifras del apartheid sanitario

M. es una boliviana que vino a España el año pasado a cuidar a una hija que iba a ser operada de cáncer. Al poco de llegar, a M. le aparecieron unos bultos en el cuello. Como no tenía tarjeta sanitaria, el miedo la llevó a las Urgencias de un hospital madrileño. Allí, tras unas horas llenas de interrogantes por dentro, M. obtuvo un diagnóstico triste: linfomas graves; quimioterapia inmediata. La mujer recibió dos sesiones, pero el hospital le advirtió de que no podría seguir con el tratamiento a no ser que presentara la tarjeta sanitaria o abonase el costo de las sesiones que llevaba y las que le quedaran...

M. es una letra dentro de 1.567 números, los casos de exclusión médica que la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto (REDER) de apartheid sanitario impuesto por el Gobierno en 2012 ha documentado en los últimos meses. Sólo entre enero de 2014 y julio de 2015, esta organización, que reúne a más de 300 colectivos y personas (entre ellos la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), ha comprobado desatenciones sanitarias en toda España a 1.067 inmigrantes enfermos o a, por ejemplo, dos centenares de ciudadanos comunitarios con pocos recursos económicos.

Lejos de tratarse de excepciones, el "sistema de exclusión generalizado" que denuncia el informe Radiografía de la reforma sanitaria. La universalidad de la exclusión documenta un millar y medio de casos de "vulneración del derecho universal a la salud" y de "retroceso en derechos humanos".

En medio de esa gran cifra -generada sólo en los últimos 18 meses-, caben algunos números alarmantes: 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, 27 de salud mental o 28 de enfermedades potencialmente mortales.

El documento de REDER desgrana los universos de la exclusión. Por ejemplo, el de la desinformación de los propios enfermos que "aún siguen preguntando si pueden ser atendidos" (535 casos) o a los que se negó la tarjeta porque el personal sanitario de los centros tenía una información errónea sobre el asunto. Es decir, al menos 183 personas que incluso en el marco del Real Decreto de apartheid tenían derecho a la asistencia y les fue denegada.

Las excepciones que incluye el decreto que presuntamente está a punto de derogar el Gobierno central han sido también incumplidas. Casi el 68% de los casos corresponde a víctimas del propio incumplimiento de las excepciones que contemplan tanto la normativa estatal como las autonómicas. Entre otras historias, 232 personas fueron a Urgencias y recibieron después una factura que les obligaba a pagar la atención recibida. Hubo 78 embarazadas que no fueron atendidas y algunas otras mujeres a las que se denegó la asistencia médica en complicaciones tras el parto porque no tenían tarjeta o no se les practicó el aborto que solicitaban. Y 109 menores no atendidos o, como B... Nació hace nueve meses en la Comunidad Valenciana, sus padres son nigerianos y ambos tienen permiso de residencia. El crío tiene libro de familia, pero no tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Según el informe, porque se le exigía el pasaporte y sus padres no pudieron tramitarlo por su angustiosa situación económica. Como todos los niños que tienen esa suerte, B. fue atendido en consulta pediátrica, pero días después a sus padres les llegó la factura. Siguen sin poderla pagar.

REDER habla también del "laberinto jurídico" que viven los ascendientes de personas regularizadas. Al menos 25 ancianos dejaron de recibir atención y tratamiento de sus problemas de cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias o artritis.

El 73% de los casos del informe proviene de comunidades autónomas que crearon normativas ad hoc para ampliar las excepciones del Real Decreto de Ana Mato, una suerte de "subsistemas sanitarios para pobres" que tampoco significaron atención médica a las personas que la necesitaban.

Incluso las víctimas de trata y los solicitantes de asilo tienen problemas. Un 1% de los casos se refiere a hombres y mujeres que estaban en proceso de protección internacional.

Para REDER las consecuencias de esta exclusión deterioran la gestión sanitaria del sistema por la confusión del propio personal, generan una asimetría por CCAA y provocan una pérdida de efectividad de los programas de prevención sanitaria "con el consiguiente riesgo para los propios pacientes y el resto de la población".

Los autores del informe rechazan los "sistemas paralelos diferenciados de la tarjeta sanitaria individual" que el Gobierno central y algunas comunidades están insinuando.

En este sentido, Rubén Moreno, secretario general de Sanidad, ha dicho a EL MUNDO que el Gobierno está a la espera de que las CCAA respondan a la propuesta del pasado 2 de septiembre, la última reunión entre las consejerías y el Ministerio: tarjeta para los inmigrantes que lleven al menos seis meses empadronados, que carezcan de cobertura sanitaria por otra vía y cuya unidad familiar no perciba más de 532 euros al mes.

El número 2 del Ministerio asegura no conocer el informe de REDER, pero sostiene tajantemente que "todos los inmigrantes tienen derecho a la asistencia, y también a la cobertura, y quien no la reciba debe demandarla". "Si se han dado los casos del informe, esto no hace más que abundar en la necesidad de armonizar el programa de asistencia social y sanitaria que planteamos ya en abril. Y más, si, como dice el informe que ustedes publican, el 70% de los casos son precisamente por incumplimiento de las excepciones que establecía el Real Decreto. Es decir, de personas que, aunque no tuvieran tarjeta, debían recibir esa atención".

... Mientras, a la boliviana M. le cuidan la salud unos cuantos médicos y enfermeros declarados objetores al Real Decreto. La atienden en un sistema alternativo y desobediente. En palabras de REDER, "por la puerta de atrás".