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19 de Diciembre 2008
La primera reforma de la Ley de Extranjería pone trabas a la reagrupación de inmigrantes


El Consejo de Ministros da hoy luz verde a la primera reforma de la Ley de Extranjería en los últimos cinco años. El nuevo texto, en el que han trabajado en los últimos cuatro meses los Departamentos del Interior y Trabajo, tendrá su eje principal en el endurecimiento de las condiciones para que los inmigrantes que están ya en España de manera legal puedan traer a sus familiares.

El proyecto, que el Ejecutivo confía, dado su carácter restrictivo, que tenga el apoyo del PP, amplia los derechos de los 'sin papeles' y aumenta la protección para las extranjeras maltratadas y los estudiantes foráneos, pero también refuerza los mecanismos de expulsión y aumenta el tiempo de internamiento de los irregulares pendientes de expulsión.

La tercera reforma de la vigente Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social no será demasiado extensa y se limitará, en la mayoría de los casos, a "aspectos técnicos", según fuentes del Ejecutivo. No obstante, en el Gobierno reconocen que el trasfondo del nuevo texto es frenar la llegada de nuevos inmigrantes ante la magnitud de la crisis económica y el continuo crecimiento del desempleo, que durante 2009 puede alcanzar niveles por encima del 15% de la población activa.

El pilar para evitar que el número de inmigrantes siga en continuo ascenso será poner coto a las reagrupaciones familiares. El Ejecutivo propone en el proyecto que los extracomunitarios con permiso de residencia solo puedan traer a España a hijos y cónyuges, es decir el "núcleo familiar estricto". La reforma no cerrará la puerta a la llegada de ascendientes y otros parientes colaterales, pero pondrá límites. Solo podrán ser agrupados después de que el inmigrante legal haya pasado un tiempo prolongado de estancia legal -probablemente cinco años- y que, por tanto, haya obtenido la "residencia permanente". Además, para traer a esos familiares será condición sine qua non que el reagrupante demuestre que cuenta con medios económicos para mantenerlos.

"Derecho reglado"

Según los técnicos que han trabajado en la reforma, las modificaciones van dirigidas a plasmar en el articulado que la reagrupación de familiares de segundo grado es un "derecho reglado" y no un "derecho universal". El Gobierno justifica estos cambios por el importante gasto social que generan estas personas no cotizantes. El proyecto busca aumentar la base de cotizantes a la Seguridad Social con la autorización a los hijos reagrupados para que puedan trabajar a partir de los 16 años, igualando así el inicio de la edad laboral con el resto de los españoles.

El proyecto no solo pretende ralentizar la llegada de extranjeros, sino también aumentar la capacidad para expulsar a los 'sin papeles' que ya se encuentran en España. El Gobierno pretende ampliar el plazo de internamiento de los irregulares en centros a la espera de su deportación. En la vigente ley este periodo se fijaba en 40 días. Hasta última hora de ayer, los técnicos de los diferentes departamentos todavía debatían en la Moncloa hasta dónde aumentar el plazo: si a 60 días, como había defendido Interior, o todavía más, de acuerdo a la directiva de la UE.

El Gobierno justifica la ampliación de este plazo por la necesidad de trasponer la polémica directiva europea de retorno de nacionales de terceros países, conocida por las organizaciones humanitarias como la "directiva de la vergüenza", y que fue apoyada por los socialistas españoles en Bruselas por orden del Ejecutivo de Madrid. No obstante, el anteproyecto rechaza, tal y como permite la normativa UE, aumentar hasta 18 meses el plazo máximo de internamiento acordado por los socios comunitarios. El texto incorporará mecanismos para evitar fraudes a los plazos de retención a la espera de la repatriación.


Larga duración

Otra directiva europea que entrará en la legislación de la mano de esta reforma será la de nacionales de terceros países residentes de larga duración. Esta directriz, que España tenía que haber traspuesto hace ya dos años, obliga a dar "autorización inicial de residencia temporal" a todos los extracomunitarios que hayan conseguido 'papeles' en otros países de la UE. No obstante, estos solo podrán ocuparse por cuenta ajena cuando "la situación nacional de empleo permita su contratación". La reforma igualmente traspondrá otra norma sobre estudiantes extranjeros, que reconocerá mayores derechos a estos alumnos.

El último paquete de modificaciones que recogerá el nuevo texto serán las obligadas por las sentencias del Tribunal Constitucional de 2007, que declaró ilegales los artículos de la Ley de Extranjería promovida por el PP que negaban a los 'sin papeles' los derechos de reunión, asociación y sindicación. El nuevo articulado no solo recoge estos derechos, sino que establece las condiciones de su ejercicio en igualdad de condiciones con cualquier inmigrante legal o español.

El Gobierno espera que el nuevo texto, que podría entrar en vigor en las primeras semanas del verano de 2009 si no se producen retrasos inesperados, se tramite sin demasiada polémica

Fuente: Heraldo.es
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