Un total de 139 organizaciones han firmado un manifiesto en el que piden el fin de las devoluciones en la frontera de Melilla.
El manifiesto se titula ‘Por el respeto de los derechos en la frontera sur’, y las entidades firmantes piden que se acaben las “devoluciones sumarias contrarias a la normativa nacional e internacional ".
“Ante la reiteración de las devoluciones ilegales en la valla de Melilla, las entidades sociales abajo firmantes manifestamos nuestra vergüenza y repulsa, exigimos el cese inmediato de estas prácticas y pedimos que se depuren responsabilidades ante esta flagrante vulneración de los derechos humanos”, señalan.
Recuerdan que el pasado sábado, 21 de noviembre, tuvo lugar un nuevo episodio de devoluciones sumarias en la valla de Melilla, ante lo cual las entidades firmantes dicen que se ven “en la obligación de recordar que se trata de actuaciones radicalmente ilegales, incluso al amparo de lo contemplado en la reforma de la Ley de extranjería”.
Su interpretación es que el apartado segundo de la disposición adicional décima de la Ley de extranjería dice que, “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
“Ello implica que cualquier entrega de una persona a Marruecos sólo es posible a través de un procedimiento en el que se respete los derechos fundamentales de audiencia al interesado, asistencia letrada y de intérprete, se garantice el derecho al asilo y otras formas de protección de quienes tienen derecho a ella, se concluya con una resolución escrita e individualizada que permita el ejercicio de la tutela judicial y se posibilite el control de la actividad de la Administración, un pilar básico de nuestro Estado de derecho”, afirma el manifiesto.
Las organizaciones avisan de que no cesarán en la labor de visibilizar estas prácticas “injustas e ilegales, de denunciarlas ante los medios de comunicación y ante instancias nacionales e internacionales, y de ejercer acciones judiciales contra sus ejecutores y contra quienes las ordenan o consienten”.
Entre las entidades que suscriben el documento figuran las más conocidas que trabajan en el ámbito de la inmigración, así como muchas otras de ámbito autonómico y local.