Las Migraciones en Aragón

23 de Abril 2016
Las Cortes piden un plan integral de lucha contra el empleo irregular en la agricultura



El pleno de las Cortes de Aragón ha solicitado la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral en las campañas agrícolas, en el que participen los Departamentos de Economía, Industria y Empleo, Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de la Comunidad.

El objetivo del mismo será promover el trabajo en red en las zonas agrícolas con la participación de todos los actores involucrados --ayuntamientos, agricultores, sindicatos y organizaciones sociales--, incluyendo una atención específica a las mujeres temporeras para prevenir situaciones de abusos laborales y sexuales y a la familia y los menores "para asegurar que estén escolarizados y bien".

Esta solicitud ha sido aprobada por unanimidad y forma parte de un decálogo de medidas propuesto por Podemos y enmendado por el PSOE. El diputado de Podemos, Nacho Escartín, ha criticado a quienes tienen un comportamiento "explotador" hacia aquellos que "vienen a trabajar y a tener una vida digna, que viven temporalmente en nuestros pueblos" y que "son muy importantes para el sector primario y la economía aragonesa".

El parlamentario ha reconocido que "cada vez hay menos situaciones de fraude", pero existe "focos", que hay que "atajar" e inspeccionar, vinculados a situaciones de infravivienda, a la carencia de contratos o al incumplimiento de los convenios en materia salarial, con el objetivo de que "en poco tiempo digamos que no hay situación de explotación en el campo aragonés".

El diputado del PP, Ramón Celma, ha reclamado "evitar criminalizar y generalizar" problemas concretos y ha pedido ser "prudentes" porque "vivimos en un Estado democrático y de derecho" y por respecto a un sector en el que hay personas que dan un trato "escrupuloso" a los inmigrantes, a quienes "estamos tan agradecidos".

El diputado del PSOE, Herminio Sancho, ha abundado al señalar que "los agricultores y ganaderos tienen un comportamiento ejemplar con los trabajadores, no peor que ningún otro sector de la sociedad", para reconocer que "donde más oferta de temporalidad hay mayor riesgo de ilegalidad" y para evitarla "es fundamental el diálogo y colaboración con los agentes sociales" y "sancionar a quien no actúe correctamente".

Derechos y obligaciones

El diputado del PAR, Joaquín Guerrero, ha sostenido que "no hay que demonizar a agricultores y ganaderos" porque "todo el mundo tiene unos derechos y unas obligaciones, sea un empresario del campo o de cualquier otro sector, unas normas de contratación y unos convenios que hay que cumplir", para apuntar que Aragón reúne la quinta parte de superficie nacional en frutas y hortalizas y por eso puede haber "más incidencias porque hay muchos trabajadores".

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha estimado que este sector "clave para la economía aragonesa, tiene su propia idiosincrasia", entre la que se incluye la temporalidad y movilidad de los trabajadores asociados al cultivo y recolección y ha defendido "reforzar el control, sobre todo cuando se sospecha que existe economía sumergida, y actuar ante situaciones no aceptables", para opinar que la solución sería "la profesionalización y modernización para cambiar mentalidades", así como "mejorar la rentabilidad" en vez de "poner parches".

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha precisado que el Gobierno de Aragón ha reconocido "que existe el fraude, pero que son casos muy concretos" por lo que no hay que generalizar, si bien esto "no debe servir para no adoptar medidas" ante situaciones como pagar por debajo del convenio o no abonar las horas extras. "Se ha mejorado mucho, pero queda por avanzar", ha apostillado.

Proposición no de Ley

La proposición no de ley aprobada sobre esta cuestión pide asegurar la dotación presupuestaria anual para los servicios sociales en las comarcas que reciben a los temporeros y volver a publicar y dotar económicamente el decreto de ayudas para la construcción, rehabilitación o instalación de alojamientos para temporeros.

Igualmente, solicitar constituir una red de puntos de información en los pueblos con campañas agrícolas, en los que se brinde información detallada de las bolsas de trabajo interconectadas entre las distintas comarcas y actualizada de la demanda laboral en cada una de las campañas, los derechos laborales y los servicios disponibles, en diferentes idiomas.

Además, las Cortes han reclamado campañas para prevenir percepciones negativas sobre las personas inmigrantes temporeras, promover la convivencia y evitar actitudes racistas y xenófobas y avanzar en acciones dirigidas a la certificación por parte de las empresas dirigidas al cumplimiento de los convenios.

Asimismo, han instado a que el Gobierno central promueva procedimientos de arraigo y autorizaciones de trabajo provisional, asegure la universalidad de la asistencia sanitaria, derogue la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local "que limita los servicios sociales en el ámbito municipal", dote presupuesto el fondo obligatorio para la acogida de inmigrantes que emana de la Ley de Extranjería y otras ayudas que permitan mejorar las condiciones en las campañas agrícolas.

Al mismo tiempo, el Parlamento ha pedido ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares y trabajar para fortalecer un sector primario que asegure unas rentas dignas y unos precios justos a los agricultores.



Fuente: Expansión
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