Desde el año 2013 el Ministerio del Interior recoge estadísticamente y de forma propia los conocidos como delitos de odio: todos aquellos incidentes, agresiones o vejaciones dirigidos contra una persona por motivos de intolerancia o prejuicios.

El año pasado se recogieron en Aragón 32 casos de este tipo: dos dirigidos contra personas indigentes (aporofobia), 11 contra discapacitados, el colectivo más perjudicado según las estadísticas, 4 por razones de orientación sexual, 6 por motivos ideológicos, y 9 relacionados con el racismo y la xenofobia.

Sin embargo, y a pesar de que la última reforma del Código Penal modificó los artículos relativos a los delitos de odio para mejorar su persecución, los representantes de los colectivos afectados siguen lamentando que la mayoría de estas agresiones, amenazas o humillaciones nunca lleguen a denunciarse.

“Se puede decir que las estadísticas oficiales son solo la punta del iceberg de un problema mayor”, cuenta Paloma Rinconada, de SOS Racismo Aragón. Las diferencias entre las denuncias recogidas por el Ministerio en materia de xenofobia (9) con las que recogió la oficina de esta organización en la Comunidad (29), son tres veces mayores.

“Nosotros tipificamos las denuncias que recibimos de distintas formas, y una de ellas son los delitos de odio. Sin embargo, como pasa en muchas otras situaciones, buena parte de las víctimas son personas en situación irregular que se niegan a poner cualquier denuncia por miedo a que le abran un expediente”, señala.

Ante estos casos, SOS Racismo suele realizar labores de acompañamiento a las víctimas en las zonas en las que han sufrido insultos o agresiones o mediar si el foco del problema ha surgido en el entorno vecinal, ámbito en el que se dan la mitad de las agresiones racistas ocurridas a nivel nacional, según recogía la organización en su último informe.

Por otros motivos, pero también con el mismo problema, se encuentra el colectivo LGTB. Loren González es miembro de Somos LGTB + Aragón, una de las mayores asociaciones dedicada a representar a homosexuales, transexuales y bisexuales de la Comunidad. Ellos estiman que solo llegan a denunciarse el 20% de los delitos de odio.

“A nivel jurídico existen varios problemas, como la falta de juzgados especializados y el problema de definición concreta de qué es un delito de odio”, señala. En Aragón, el Gobierno de Aragón abrió a comienzos del mes de septiembre un proceso participativo para elaboración de una ley de igualdad en el colectivo LGTB similar a la que ya existe en otras autonomías como Cataluña, Madrid o Extremadura. “Eso ayudará, pero también tiene que haber un mayor percepción de que a veces un insulto que para mucha gente puede ser menor, puede afectar mucho a una persona”, cuenta González.

El otro problema, señala González, “es que en muchas ocasiones tramitar una denuncia de este tipo implica dar a conocer tu orientación sexual y recordar las humillaciones que recibes por ello, lo cual no es agradable para mucha gente”. Ante esto, Somos lleva desde el año pasado trabajando con Guardia Civil y Policía Nacional para saber cómo tratar este tipo de casos.

Cuestión aparte son los insultos y amenazas que muchos de estos colectivos reciben por medio de las redes sociales, un medio que el Código Penal también recogió en su última actualización, pero que sigue trayendo problemas por las dificultades para identificar a los que emiten los insultos bajo el amparo del anonimato.

Moha Gerehou, periodista de El Diario nacido en Huesca de origen gambiano, lo sabe bien. Es también presidente de SOS Racismo Madrid, donde vive desde hace unos años, y hace unos meses, cuando decidió participar en una campaña por Twitter llamada #EstadoEspañolNoTanBlanco, que reivindicaba la presencia de personas de nacionalidad española de distintas razas, comenzó a recibir amenazas por la red social.

“He recibido amenazas de muerte e insultos de todo tipo. El problema es que hay gente que se siente muy cómoda con el anonimato de las redes”, cuenta Gerehou, que tramitó una denuncia por los insultos, pero que la semana pasada volvía a recibir más amenazas, aún si cabe más explícitas.

“Sigo esperando a que se asigne juzgado para la primera denuncia que interpuse”, señala, achacando también parte de la lentitud a la red social, que “se muestra reacia a proporcionar la identidad de algunos de los usuarios”.