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04 de Noviembre 2016
Las inmigrantes irregulares, sin acceso a los anticonceptivos ni al aborto




Los efectos que los recortes sanitarios acometidos en España han tenido en la salud sexual y reproductiva de las mujeres han sido nefastos, especialmente para las mujeres inmigrantes en situación irregular, que no tienen acceso a anticonceptivos ni la posibilidad de interrumpir sus embarazos, informa Efe.

Así lo pone de manifiesto un trabajo elaborado por trece organizaciones sociales, entre las que se encuentra Médicos del Mundo, que revela las deficiencias y desigualdades en la atención sexual y reproductiva que padecen las mujeres como consecuencia de los citados recortes, en especial las inmigrantes. El informe "Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual en España" presentado hoy también pone de manifiesto las diferencias que existen entre comunidades autónomas en cuanto a este tipo de atención sanitaria.

"La reforma sanitaria ha tenido impacto en la población en general, con especial énfasis en las mujeres en difíciles circunstancias, como las víctimas de trata", ha indicado en la rueda de prensa Beatriz Sagrado, de Médicos del Mundo, quien ha criticado la falta de voluntad política para solucionarlo. De las diez enfermedades que la población de 15 y más años refiere padecer con mayor frecuencia, ocho son más comunes en mujeres, por lo que han demandado un enfoque de género para la salud pública, algo que no existe en la reforma sanitaria de 2012.

El documento analiza en primer lugar la situación de la maternidad segura en España, y critican su "instrumentalización excesiva", al existir altas tasas de cesáreas. Y sobre los criterios para acceder a la reproducción asistida, creen que se debería aumentar la oferta en centros públicos. Sobre el acceso a métodos anticonceptivos, denuncian que existen limitaciones y que se han reducido los financiados por el Sistema Nacional de Salud, "en un contexto en el que la cuarta parte de las mujeres de 15 a 49 años no usa ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual".

Pero donde existen más desigualdades es en el acceso al aborto, sobre todo para las mujeres inmigrantes en situación irregular. Las organizaciones autoras del informe aseguran que la mayoría de interrupciones del embarazo se realizan en centros privados, sobre todo por la falta de regulación de la objeción de conciencia de los médicos.

"Hay muchas reticencias para formar profesionales en este campo. Muchos médicos no quieren que les señalen como el abortista del hospital", ha dicho Guillermo González, de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Este médico ha explicado que en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia) no se realizó ningún aborto dentro de su sistema público y fueron todos derivados a centros privados, con el consecuente coste económico para la mujer, una importante "barrera".

También denuncian que el número de centros públicos con programas de donación de esperma y óvulos es muy limitado o inexistente, lo que conduce a que todas esas gestiones pasen por servicios privados. Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres se ven todavía más agravadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que no existe una atención especializada para mujeres embarazadas y en los que estos colectivos aseguran que se han producido casos de interrupción o denegación de tratamientos, junto con abusos por orientación e identidad sexual.

En cuanto a las víctimas de trata, las organizaciones mantienen que el Estado español no ha puesto en marcha los mecanismos de protección internacional a los que está obligado y denuncian que no protege a estas mujeres, aún cuando su vida corre riesgo en caso de volver a sus países de origen. Bárbara Tardón, de la Plataforma CEDAW Sombra, ha señalado sobre este aspecto que las víctimas de violencia sexual sufren en España un "panorama desolador y oscuro" en comparación con Europa, ya que no existen cursos específicos públicos para estas mujeres.

"De las diecisiete comunidades, sólo nueve disponen de recursos para víctimas de violencia sexual de género y, en algunas, no están garantizados por el Estado, sino que son iniciativas privadas. Esta situación genera desigualdad territorial", ha manifestado. Por todo ello y para que la salud sexual y reproductiva de las mujeres en España no empeore, colectivos sociales exigen voluntad y compromiso político.




Fuente: La Razón
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