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16 de Abril 2017
Que la sanidad vuelva a ser un derecho humano



Dentro del poco saludable consejo de que "me ocupo yo de 'mi' salud y que los demás se arreglen como puedan con sus enfermedades y circunstancias" se circunscriben algunas de las miopes actitudes de personas, colectivos y estados hacia las personas inmigrantes y su relación con el sistema sanitario. La corriente de egoísmos que recorre muchos países del mundo, ha puesto en crisis incluso el Estado del bienestar europeo y ha hecho avanzar actitudes xenófóbas frente a la riqueza que supone la diversidad. Se están erigiendo muros en lugar de establecer puentes, y algunos de estos muros tienen forma de mitos que mienten sobre la realidad.

Los mitos se difunden actualmente a través de rumores. La emigración que supone una riqueza por la ayuda laboral que aporta, muchas veces en los trabajos más humildes y cansados, o en el cuidado de nuestros familiares ancianos; por el incremento de cotizaciones a la Seguridad Social y el incremento de la fecundidad, es vista y atacada por algunas mentes cerradas como un mal a combatir. Celebro que exista la Red Antirumores patrocinada por diversos ayuntamientos como el Barcelona y el de Sabadell que permite contrarrestar opiniones infundadas, respecto a la utilización de los servicios sanitarios.

La población emigrada utiliza cuatro veces menos los servicios sanitarios que la población autóctona, porque vienen los más jóvenes y saludables. Frente al falso rumor del gasto que supone la población inmigrante, ésta visita menos a los especialistas, consume menos medicamentos y es hospitalizada en menos ocasiones y con costes más bajos.

Pero frente a esta realidad el decreto ley de Rajoy 16/2012 limitó por primera vez el acceso a los servicios sanitarios, desde que Ernest Lluch instauró en España el sistema de sanidad pública universal. De un derecho de ciudadanía a la sanidad se pasaba a convertir a las personas en aseguradas o no. Este decreto y las limitaciones asistenciales que supuso a personas y familias inmigrantes ha supuesto el nacimiento de un movimiento de desobediencia civil de usuarios y usuarias y de trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud (www.yosisanidaduniversal.net) con el grupo en Catalunya Pasucat. Estos grupos junto a Médicos del Mundo han impulsado el Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDER), elaborando y difundiendo guías para hacer frente a la exclusión y a la segregación.

La doctora Blanca de Gispert que asiste en Trinitat Vella y el doctor Carlos Losana, pediatra en Poblenou, han señalado la falta de información sobre sus derechos a muchos inmigrantes, y de algunos profesionales de atención sanitaria, a pesar de que desde 2015 se han producido cambios en muchas autonomías y ayuntamientos, cuya legislación ha modificado la exclusión que emanaba de la dirección del Estado Español.

Siempre las redes ciudadanas cooperando federalmente por delante de los estados centralistas. Mientras se continúa instando a la derogación de este decreto excluyente, hemos de constatar que la sanidad universal no es un favor buenista, sino un derecho de ciudadanía que nos conviene a todos los seres humanos.



Fuente: El Periódico
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