Las Migraciones en Aragón

11 de Junio 2017
Frente de ciudades por los refugiados



La terapia de grupo busca la liberación de un problema para, de manera compartida, tratar de alcanzar una solución. Pero la cosa cambia cuando el dolor procede de un lugar que no se puede controlar. Así se sintieron ayer en Barcelona una treintena de técnicos municipales de 26 ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, que debatieron sobre la política estatal en materia de refugiados. Quieren que el Gobierno les traspase competencias de acogida de demandantes de asilo, y por eso han aprobado un manifiesto en esa dirección. Insisten, como vienen haciendo desde hace dos años, que son las ciudades las que viven la realidad, el drama, las necesidades y las tragedias de los refugiados, y que deberían ser ellas las que gestionen parte de los fondos europeos destinados a abordar esta emergencia (330 millones, en el caso de España).

Fue una jornada muy poco política, cosa que permitió que las conferencias y talleres fueran al grano, sin tapujos, sin pelos en la lengua, sin florituras, sin promesas. Puede que hasta la fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy pudiera escudarse en que esto eran cosas de Ada Colau y Manuela Carmena. Ahora, con la declaración firmada por estos 26 municipios, esta es una batalla con muchos colores: los del PSOE, los de Podemos, los de Barcelona en Comú, Zaragoza en Común, ERC, PDECat, la CUP, Marea, Valencia en Comú e incluso los del PP, puesto que Málaga, donde gobiernan los conservadores, también se ha adherido.

UN FENOMENO QUE CRECE / Se apoyan, sobre todo, en las cifras. Las solicitudes de asilo en España, aun estando muy lejos de otros países como Francia, Inglaterra y Alemania, se han multiplicado por cuatro en los últimos tres años (de unas 4.000 a unas 16.000). El dinero no es lo primero, como es obvio, pero los municipios no quieren asumir un gasto social que, a su modo de ver, es responsabilidad del Estado. En el manifiesto exigen «un mecanismo para cofinanciar los costes».

Pero el número que todos tienen en mente es el del compromiso que España adquirió ante la UE en el 2015: el de acoger a 17.337 personas (15.888 de reubicación y 1.449 de reasentamiento). A día de hoy, han llegado 1.304 solicitantes de protección internacional, el 7,5% del total. Si se mantiene este ritmo, habrán llegado todos más allá del 2050, pero no podrá ser porque Europa puso como tope el 25 de septiembre de este año. Así que las autoridades no tienen 30 años, sino tres meses. El mismo día que vence el plazo, las 26 ciudades tienen previsto viajar a Madrid para reunirse con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es quien manda en acogida de refugiados.

Solicitarán el encuentro de manera oficial, y esperan que sea bajo el amparo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Siempre que los consistorios han querido interpelar a Madrid, el Ejecutivo les ha pedido vehicular sus demandas a través de este organismo. Pero la FEMP no parece muy dispuesta. Estaba invitada a la jornada de ayer en Barcelona, pero no pudieron ir «por problemas de agenda». La red de ciudades instará a la FEMP a que les acompañe al ministerio. Y si no, irán solas. Rocío Fraga, concejala del Ayuntamiento de La Coruña, lo resumió así: «El Estado nos manda siempre a la FEMP, pero si la federación no nos responde o entorpece el camino, que se quiten».

Insisten los técnicos en que el perfil más mediático, el refugiado sirio que huye de una cruenta guerra, tapa la realidad. Todos esos venezolanos, hondureños o ucranianos que no abren informativos pero que blanden razones tanto o más válidas que cualquier otro solicitante de protección internacional. Todos ellos, explicó el responsable del SAIER, Ramon Sanahuja, viven «situaciones de exclusión por culpa de un programa de acogida rígido y muy poco flexible».

Valencia, Sevilla, Valladolid, Granada, Zaragoza, Madrid, Sant Boi, Manresa, Cádiz, Córdoba o Barcelona coincidieron en el listado de cosas a mejorar. «Nos sentimos bastante solos y ninguneados por el Gobierno. No se nos facilita ninguna información –lamentó una concejala de Granada–, y la que tenemos la conseguimos gracias a las oenegés. Tenemos que plantar cara porque si no lo hacemos, todas estas personas acabarán entrando en nuestros servicios sociales». Ya no digamos si se le deniega la solicitud: de la noche a la mañana pasa a convertirse en un inmigrante irregular.



Fuente: El Periódico de Aragón
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