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15 de Septiembre 2017
España registró 309 denuncias por racismo durante 2016, un 25% más que el año anterior



Aeropuerto de El Prat (Barcelona). Una joven de unos 20 años se dispone a coger un vuelo a Londres junto a sus padres. Mientras el resto de pasajeros pasa el control de la aerolínea, son apartados de la cola de embarque. La gente sube a bordo con total normalidad al tiempo que a ellos les solicitan y examinan de manera exhaustiva la documentación. Tras varios minutos, les permiten pasar igual que a los demás. La chica tiene la piel oscura y lleva velo.

La denuncia de esta joven es una de las 309 que SOS Racismo atendió el pasado año. Se trata de un 25% más respecto al año anterior, cuando recibieron 247, según el informe anual de 2017 sobre el racismo en España, que la ONG ha presentado este viernes. Pero el abanico es más amplio y hay ejemplos de discriminación en materia laboral, en el acceso a una vivienda de alquiler o la negación de entrada a locales o establecimientos privados. Es el llamado microrracismo.

Del conjunto de las denuncias recogidas, un total de 82 casos (el 26%) corresponden al "racismo institucional" practicado por las administraciones, que fundamentalmente engloban aspectos como los trámites de extranjería o nacionalidad (83% del total en esta categoría) -con plazos de resolución que se dilatan hasta dos años, según han denunciado- o el trato que reciben los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Tras este tipo tipo de discriminación, el mayor número de peticiones de ayuda corresponde a conflictos (insultos, por ejemplo) y agresiones racistas, con un total de 51 casos, que suman el 16% del total. A continuación, con 46 denuncias (15%), estarían los comportamientos relacionados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Denunciar el racismo en toda España debería ser trabajo del Estado, no sólo de una ONG. En una lucha conjunta de toda la ciudadanía e instituciones", ha lamentado Moha Gereou, portavoz de la oficina madrileña de SOS Racismo.

El secretario general, Mikel Mazkiaran, por su parte, ha sostenido que el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio, se haya traducido en una disminución de condenas por estas causas. "Pedimos que se amplíe el foco, queremos que se hable del microrracismo, del racismo diario. Para ello son necesarias herramientas que ahora no tenemos para combatirlo en el espacio privado y una legislación concreta que proteja a las víctimas que sufren estos delitos", ha aseverado.

Por ese motivo, desde SOS Racismo "exigen" a los grupos parlamentarios que alcancen un consenso para "aprobar una Ley Integral en materia de igualdad de trato y no discriminación", según se recoge en este informe anual. "En esta legislatura se deben producir acuerdos en esta materia y para eso se necesita responsabilidad y sensibilidad. Si no existen herramientas normativas destinadas a la prevención, las actuaciones discriminatorias pueden desembocar en delitos más graves", ha apuntado Mazkiaran.

En el plano judicial, la Organización actuó directamente en 114 casos, de los cuales 46 se dirigieron por la vía penal y 68 a través del Defensor del Pueblo, tanto autonómico como estatal, o por cauces administrativos. Sin embargo, SOS Racismo ha hecho hincapié en las 43 denuncias llegadas en las que consideraron que podían haberse llevado adelante algún tipo de medidas procesales o administrativas pero, en cambio, la propia víctima o se negó a ello (24 casos) o terminaron declinando hacerlo por las dificultades que percibía (19).

"Cualquier denuncia contra cuerpos de seguridad del estado genera, de manera casi automática, una contradenuncia", ha señalado el secretario general de la ONG. No es el único motivo. "También hay ocasiones en las que no se hizo por miedo, por la idea de que 'no va a servir de nada', porque no lo creía necesario o por desconfianza en el sistema o", aclaró.

Brote tras los atentados de Barcelona

Pocas semanas después de los atentados de Barcelona el pasado 17 de agosto, la oficina de SOS Racismo Cataluña tuvo conocimiento de, aproximadamente, 100 situaciones que podrían ser calificadas de racistas, aunque Alba Cuevas, su portavoz, advierte que todavía deben analizarse cada uno de ellas para poder confirmarlas.

Este repunte de denuncias, según ha afirmado, se derivaron de "comentarios en las redes sociales, pintadas en fachadas de asociaciones de musulmanes o lugares de culto", además de por comentarios en las noticias en los medios de comunicación. En relación a ello, Gerehou ha advertido también que es después de cada atentado cuando "más agresiones en la calle y comentarios en las redes sociales vemos", por ello "debemos trabajar en esta línea, porque las redes sociales son uno de los lugares donde más se vehicula este odio racista".

A este respecto, Cuevas también llamó a "analizar los discursos de algunos políticos" que podrían definirse de xenófobos y que, sirven también de plataforma difusora para este tipo de mensajes. "Lo preocupación que tenemos es que este tipo de comentarios de las redes sociales se instalen en las instituciones", ha apuntado Gerehou.



Fuente: El Mundo
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