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16 de Septiembre 2017
La industria de la inmigración



La Unión Europea, durante el último año y tras los confusos mensajes emitidos sobre los refugiados, ha establecido un consenso basado en una admisión limitada al asilo y refugio. Así se estableció desde octubre de 2015 la llamada Operación Sophia para intentar desmantelar la industria de la inmigración irregular y las mafias que la controlan.

Ello significa apostar por una inmigración ordenada y administrativamente regulada resumida en «nadie debe entrar en tu casa ni por la ventana ni forzando la puerta». Dicho consenso supone poner coto a las entradas por razones puramente económicas y avanzar hacia el establecimiento de centros de solicitud de asilo en origen o países terceros. Unos centros que eliminen los beneficios de intermediación de los contrabandistas de seres humanos y reduzca los altos costes de variado tipo de la situación actual. Situación que además cuenta con la oposición radical de los socios comunitarios de la Europa oriental, que sólo ven un intento alemán, a costa de la UE, de lavar su mala conciencia pasada durante la SGM.

De hecho un refugiado, una vez admitido, tiene un conjunto de derechos según la Convención de 1951 y el Protocolo de 31-1-1967 sobre el Estatuto de los Refugiados recogidos en el Artículo 63 del Tratado de Lisboa: garantizar sus necesidades básicas, alojamiento, manutención, sanidad, asistencia psicológica, jurídica, social, formación idiomática y de acceso al mercado laboral.

En la UE el coste varía de un Estado a otro. El Parlamento alemán evaluó en 2015 un gasto de 5.600 millones de euros, para un flujo de 450.000 refugiados (en 2014 fue de 2.400 millones para 203.000). Para 800.000 se estimó en 10.000 millones; y el propio Instituto IFO los elevó a 21.100 millones de euros para 1.100.000 refugiados en 2015. Añadiendo lo que hubiera sido el coste de 900.000 y 600.000 refugiados más en 2016 y 2017, respectivamente, según las proyecciones macroeconómicas del Bundesbank.

Suecia previó 4.316 millones de euros (4% de su presupuesto) para 74.000 refugiados, luego elevados a 11.864 millones para 165.000, estimando que a fines de 2016 hubieran alcanzado los 350.000, lo que se consideró insostenible comenzando el control fronterizo. En Austria el Ministerio de Finanzas previó 85.000 refugiados en 2015 con un coste de 1.000 millones. En España faltan estimaciones realistas.

Y es que es difícil calcular las cifras del posterior reagrupamiento familiar, desconociéndose la cualificación de los refugiados, 20 por ciento de analfabetos y poco insertables laboralmente; mayores costes y años de aprendizaje sin garantía de integración social real. A ello se añade la desconfianza creciente de gran parte de los países del mundo hacia los del ámbito musulmán por su dinámica autodestructiva, casi congénita, y alta capacidad de contagio allí donde se introduce. El tema fue igualmente objeto de tratamiento en la última cumbre del G-20 junto a la unidad de acción en la promoción del desarrollo de los países emisores y frente a la infiltración del terrorismo islamista.

Al tiempo se intenta regular la presencia de las embarcaciones de rescate de las ONG, neutralizando su indeseado «efecto llamada» e industria conexa, como los sobornos a gendarmes fronterizos, transportes, explotación laboral, pagos por alojamientos en tránsito, falsificación de documentos y otros.

Especialmente intenso durante los últimos meses ha sido el intento de regular a través del Gobierno y la Marina italiana el papel de ciertas ONG en cuanto a sus tareas en relación con la inmigración ilegal y su eventual papel de lo que se han llamado «taxis-patera». A ello se ha sumado la acción de las nuevas autoridades libias en su deseo de retomar el control de sus costas y «crear una zona de búsqueda y rescate en la cual ningún buque extranjero puede entrar» sin permiso. De hecho algunos barcos de ONG ya han sufrido ametrallamientos, como «Open Arms» que ha dejado de operar. Incluso puertos de Malta e Italia han rechazado el desembarco de ilegales allí conducidos desde otras aguas jurisdiccionales que luego quedan sin trabajo vagando por las calles.

En este sentido el nuevo «Código de Conducta Marítima» aprobado por la UE y aplicado por Italia regula los movimientos de las ONG y sus embarcaciones. Tal código supone una declaración obligatoria de sus fuentes de financiación; una cuestión de transparencia ante el peligro de que algunas pudieran estar siendo cofinanciadas por gobiernos de los mismos estados fallidos emisores de emigrantes, por las propias organizaciones mafiosas vinculadas al contrabando internacional de la droga y la prostitución, o incluso por facciones de algunos petroestados. El Gobierno italiano ha publicado fotos que supuestamente probarían que la ONG «Jugend Rettet» estaría cooperando con los traficantes en la costa libia. Y las sospechas las ha confirmado la fiscalía de Trapani que detuvo en Lampedusa su nave –que también ha dejado de operar– acusada de «favorecer la inmigración clandestina», demostrando los contactos entre la tripulación de la nave y los traficantes.

Otra de las varias exigencias para las ONG es la prohibición de avisar de su presencia mediante señales frente a las costa norteafricana para que salgan las embarcaciones de los traficantes hacia alta mar y ser conducidas hacia suelo europeo; lo que normalmente hacen incluyendo algún bebé o mujer embarazada para dar mayor urgencia al desembarco. Tampoco podrán indicar su posición a las mafias costeras a través del transpondedor del radar de la nave. Además el nuevo Código regula la presencia a bordo de policías armados, en este caso italianos.

Esta normativa de transparencia y responsabilidad ha llevado a que dejen de operar en el Mediterráneo central entidades como «Sea Eye», «Save the Children», «SOS Mediterranée», «Médicos Sin Fronteras», y otras, en una zona del Mare Nostrum que según el ministro del Interior italiano, Minniti, «se ha transformado en una jungla en el último año y medio».

Según las cifras del Consejo Europeo, la Operación Sophia ha puesto a disposición de las autoridades italianas a 110 presuntos traficantes y ha neutralizado 470 embarcaciones. Como consecuencia, según la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, las llegadas de inmigrantes a Italia se ha reducido ya en un 57 por ciento en julio, mientras se multiplicaban por cuatro las llegadas a España. No es extraño así que la presión migratoria se esté incrementando sobre nuestras fronteras. En palabras de García Lorca: «La luna gira en el cielo / sobre las tierras sin agua / mientras el verano siembra / rumores de tigre y llama».



Fuente: ABC
URL relacionado: http://www.abc.es/opinion/abci-industria-inmigracion-201709160420_noticia.html

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