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28 de Septiembre 2017
La monja citada en el caso de una red de inmigración afirma que solo ayudaba a "los desfavorecidos"



La investigación abierta tras la desarticulación de un clan familiar dedicado a la inmigración ilegal prosigue en el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo. Hasta 30 mujeres naturales de Guatemala pudieron ser víctimas de esta trama que presuntamente les cobraba por entrar en el país y después las explotaba laboralmente. Una de las cuestiones que trascendió durante la instrucción fue que a las extranjeras se las ponía en contacto con una organización religiosa para que ésta les encontrase trabajo. Todas proceden de la misma región del clan investigado. Ayer compareció como testigo, previa solicitud de las defensas de los investigados, la monja con la que se comunicaban. La religiosa declaró que solo actuó con la intención de ayudar a los inmigrantes, negando que se dedicase a darles papeles o a cuestiones de empadronamiento. Al respecto, según las fuentes consultadas, concretó que era un acto de solidaridad "con los más desfavorecidos", ya que su obligación como religiosa es dar amor y cariño.

La red fue desarticulada por la Policía Nacional a principios de este año. Aquel operativo se saldó con la detención de 9 personas y la apertura de una causa judicial por presunto delito de "favorecimiento" de la inmigración irregular. Además de a los investigados, la juez instructora ya tomó declaración a varias de las presuntas víctimas que, según explicaron en su momento fuentes de la Asociación Faraxa -personada en la causa como acusación popular-, hacían labores de asistentas o de interinas en casas, "donde trabajaban durante horas para cobrar un salario ínfimo".

Prosiguiendo con las comparecencias de los testigos, ayer declaró la monja, durante un período de poco más de media hora. El motivo fue que casi todas las mujeres guatemaltecas la señalaban a ella como la persona de contacto para encontrar trabajo en Vigo. Tras incidir en que su intervención tenía como único fin tener un acto de solidaridad con personas desfavorecidas, la religiosa expuso que su única intención era ayudar a los inmigrantes y que actuó de simple mediadora entre personas que ofrecían trabajo y personas que buscaban empleo. Así, concretó que lo que hacía era ponerlos en contacto y que nunca cobró ninguna cantidad económica por realizar estas gestiones. Según relataron las fuentes, la monja afirmó que sabía que esas personas carecían de papeles. A preguntas de los letrados, dijo también que una de las investigadas en la causa le mintió.

Sobre la red, según informó en su momento la Policía Nacional, las víctimas habrían llegado a pagar hasta 6.000 euros por su entrada en España y, como no podían hacer frente a las deudas, eran obligadas a emplearse ilegalmente para servicio doméstico o jardinería.



Fuente: Faro de Vigo
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