Las Migraciones en Aragón

27 de Enero 2018
La mitad de los pueblos de España está en riesgo de desaparición



Por las calles de Orés, un pueblo de Zaragoza de apenas un centenar de habitantes, corren ahora mismo más de una docena de niños. Hace seis años no había ninguno. Acuden al colegio de Ejea de los Caballeros y el Gobierno de Aragón sufraga el transporte escolar. No están deprimidos ni tristes, que son calificativos habituales que cuelgan del soliloquio de la despoblación. Son miembros de familias que han decidido cambiar la ciudad por el campo, no tanto porque este último responda al mito del agro -tan cultivado por los poetas latinos-, sino por la necesidad de cobijarse al abrigo de una vida acorde con el entorno.

"Hay muchos ayuntamientos que colaboran a la hora de luchar contra la despoblación. Otros no lo tienen tan claro. Este es un debate políticamente incorrecto, pero lo peor para un pueblo es que caiga en la resignación", explica Maite González, directora del grupo de acción local Adefo en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, que abarca 52 núcleos de población y 30.000 habitantes, de los que 24.000 corresponden a Ejea y Tauste. "La Administración debe prestar los servicios básicos, pero esta es una lucha de largo recorrido y con resultados inciertos", subraya.

La despoblación es la cicatriz que horada la brecha entre la España urbana, localizada alrededor de Madrid y la periferia de la costa; y la rural, con una población escasa, envejecida y dispersa geográficamente. Las dos verdaderas Españas. Una realidad que parecía amortizada hasta que el año pasado coincidieron dos circunstancias: por un lado, la introducción de este asunto en la agenda política; por otro, la publicación de varios libros de éxito, entre los que sobresalen La España vacía, de Sergio del Molino; o Los últimos, del periodista Paco Cerdà, lo que ha disparado la celebración de congresos y conferencias.

Edelmira Barreira, ex senadora del PP y estrecha colaboradora de Soraya Sáenz de Santamaría, fue la persona elegida para ejercer de Comisionada para el Reto Demográfico. Este sábado se cumple un año de este nombramiento. Se trata de un cargo creado tras la Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de 2017, con la vista puesta en la renovación del modelo de financiación autonómica. Barreira revela a EL MUNDO que el Gobierno tiene pensado presentar en el plazo de un mes la estrategia nacional en materia demográfica, que atañe a cuestiones como el envejecimiento de la población y la inmigración, pero también el despoblamiento. Sin embargo, aún no dispone de asignación presupuestaria ni tampoco de competencias.

"Hemos logrado que la despoblación se vea como un desafío de todo el país. No es un problema sólo de las zonas que lo sufren, sino de todos. Las ciudades no pueden vivir sin el campo, y viceversa", sostiene. En su primer año de andadura, la comisionada se ha limitado a crear una comisión interministerial, en la que han participado las comunidades y los municipios, con el fin de evaluar las "prioridades a abordar". Barreira se compromete a "implicar a la Unión Europea" en esta tarea y se remite a las políticas aplicadas, especialmente en lo referente a la extensión de las nuevas tecnologías. "La clave es que se faciliten oportunidades para desarrollar las capacidades de cada zona. El desarrollo debe venir de abajo a arriba", recalca.

En esto coincide con Aurelio García, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que engloba a más de 170 grupos de acción local: "Hay mucha filosofía y poca concreción. Bienvenidos sean los pasos políticos que se están dando, pero hemos perdido un año. Hay que empezar a exigir fondos públicos".

Algunas plataformas, como La Otra Guadalajara -en la zona de Molina de Aragón-, Teruel Existe o Soria ¡Ya! han solicitado reiteradamente que los fondos destinados a desarrollo rural no se queden por el camino, es decir, que sean finalistas.

Según un análisis de 2017 elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los 8.100 municipios españoles está "en riesgo de extinción a medio o largo plazo" por tener menos de 1.000 habitantes. Un año después, hay un 10% más de municipios en ese estado. En 17 provincias, según el INE, el 70% de sus núcleos de población no alcanza el millar de habitantes: Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Huesca, León, La Rioja, Lugo y Orense. Asturias tiene la tasa de natalidad más baja de las regiones europeas: en los años 60 nacían el triple de niños que ahora. Y, en el caso de Soria -el más extremo-, la mitad de los naturales de esta provincia residen fuera de la misma.

Los datos son fríos. Y desesperanzadores. Pero en el ámbito local, la preocupación no sólo estriba en frenar la sangría, sino en cambiar de paradigma. Sacudirse el daguerrotipo noventayochista que pintó los pueblos como una extensión costumbrista de la patria. Romper con el estereotipo del paleto, abonado durante el franquismo. Evitar la imagen tenebrosa, casi un punto luctuosa, que acompaña el enfoque alrededor de comarcas bautizadas hasta la saciedad con latiguillos como la Siberia del sur de Europa o la Laponia mediterránea.

El problema de los entornos rurales radica en que el flujo demográfico de entrada no compensa el de salida, y se agrava cuando la diferencia entre nacimientos y muertes no compensa el saldo migratorio negativo. Cuando esto ocurre se considera que una comarca atraviesa un invierno demográfico, cuyas consecuencias se traducen en una pérdida constante de consumidores, mano de obra, masa crítica y economías de escala para la provisión de bienes y servicios.

"Quizá hay que empezar a hablar más de repoblación que de despoblación", puntualiza Marimar Martín, presidenta de la Fundación Abraza a la Tierra, una iniciativa que desde 2004 ha logrado facilitar el asentamiento de 2.400 personas en 12 comarcas. Según Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, la despoblación "es un proceso inherente al desarrollo. Cuestión diferente es cómo un Estado hace una política territorial para compensar este fenómeno. Una cosa es emigrar y otra que medio país se quede vacío porque no hay reemplazo".

España es de los pocos países de la UE que aún no dispone de un programa nacional específico en este terreno. Lo más cerca que estuvo fue en 2007, cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Rural. El diagnóstico preciso que trazó esta norma quedó pulverizado por la falta de voluntad de los gobiernos de Zapatero y Rajoy a la hora de dotarla de recursos económicos. La ley sigue metida en un cajón, pese a que en 2015 el Senado aprobó una ponencia que contenía una quincena de recomendaciones respaldadas por todos los grupos. Entre otras, discriminar positivamente la fiscalidad rural, habilitar figuras como la Inversión Territorial Integrada (ITI) como vía de gestión y completar la extensión de la banda ancha, que ahora sólo cubre el 76% del territorio nacional.

Siguiendo este patrón, las autonomías sí se están moviendo. El Principado de Asturias pretende movilizar 2.275 millones en la próxima década. La Junta de Castilla-La Mancha, que mantiene un colegio rural abierto a partir de cuatro niños, tiene comprometidos 507 millones de euros de fondos europeos para aplicarlos a las comarcas más despobladas a través de inversiones directas de la comunidad, subvenciones a los sectores productivos y ayudas a los ayuntamientos. La Generalitat Valenciana promueve el plan Avant para comarcas de interior. Aragón ya cuenta con una directriz de política demográfica con 380 iniciativas, mientras la Junta de Castilla y León aprobó una Agenda para la Población que hace hincapié en las necesidades de sus 1.400 núcleos de población con menos de 50 habitantes.

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, admite a este periódico que algunas localidades están al límite de su extinción: "Estamos a tiempo de que las cabeceras de comarca puedan hacer de motor tractor del desarrollo, pero reclamamos al Ejecutivo una asignación específica de fondos para atender el sobrecoste de servicios públicos e infraestructuras, además de un tratamiento fiscal especializado". En la misma línea, Joaquín Palacín, director general de Ordenación del Territorio de Aragón, señala: "El mantenimiento de los servicios es muy caro en las zonas rurales por la dispersión geográfica, pero no es cuestión sólo de dinero. Toda la legislación debe estar impregnada de la sensibilidad hacia este problema".

El consejero de Empleo de Castilla y León, Carlos Fernández, enfatiza que el futuro pasa por dinamizar la economía. "No hay medidas que puedan tener un efecto inmediato. Debemos aprender de Francia o Suecia y aplicar políticas de natalidad y de apoyo a la familia. La despoblación no está entre los asuntos urgentes en la UE". Por su parte, el director de Administración Local de la Generalitat Valenciana, Antoni Such, denuncia que "no hay acciones concretas a nivel nacional".

Delibes sostuvo que el confort ha llegado a los pueblos cuando la gente ya se había ido. Mesetas desertizadas, páramos deshabitados, montañas lejanas. Todo eso permanece ahí, a modo de diagnóstico petrificado. El campo sigue esperando que se pase de la poesía de las promesas a la prosa de una planificación que atienda las singularidades de cada comarca.



Fuente: El Mundo
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