Las Migraciones en Aragón

04 de Abril 2018
Acabar con los testigos incómodos



La concepción de la Unión Europea como una fortaleza blindada ante la entrada de migrantes y refugiados planeaba ayer sobre las cabezas de las personas concentradas en la plaza del Pilar para protestar por la muerte de cuatro personas en el Estrecho en el naufragio de una patera. «Las políticas migratorias de cierre de fronteras son las que están llevando a las personas a correr estos riesgos», afirmaba María Jesús Viñales, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Racismo de Zaragoza.

«Si todo el dinero que se invierte en cerrar fronteras o en tratados como el de la Unión Europea con Turquía o Libia se invirtiera en desarrollo, no estaría ocurriendo lo que ocurre actualmente en el Mediterráneo», denunciaba Viñales.

Libia es hoy por hoy un estado fallido en el que no existe ninguna garantía de respeto a los derechos humanos de los migrantes que Europa pretende endosarle en virtud de dicho acuerdo. Precisamente, la negativa a entregar a las autoridades libias a un grupo de migrantes rescatados en el mar por parte de Proactiva Open Arms está en el origen del proceso abierto por Italia contra esta oenegé española.

Según interpreta la portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Racismo de Zaragoza, detrás de ese litigio «parece que haya una voluntad política de que no existan testigos de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, para que esto pase lo más desapercibido posible y que no se hable de ello, de tal modo que la ciudadanía no sea consciente».

La Justicia italiana se incautó a mediados del mes pasado del barco de la oenegé tras haber salvado de unos botes a la deriva en aguas internacionales a 216 inmigrantes procedentes de Libia. El barco Open Arms fue incautado tras atracar en Pozzallo para desembarcar esos migrantes y se abrió una investigación a la jefa de la misión, Anabel Montes, y al capitán, Mark Reig. Gerard Canals, coordinador de Proactiva, fue acusado de complicidad.

Al menos, el juez instructor de Catania (Sicilia) Nunzio Sarpietro descartó la semana pasada el delito de asociación criminal que pendía sobre esta organización, que simplemente se dedica a salvar las vidas que deberían rescatar los estados, no la iniciativa privada. Según el juez estos cooperantes no son delincuentes, pero sí presuntos culpables de favorecer la inmigración ilegal.

Si las oenegés se retiran del Mediterráneo por la presión judicial, ¿quién los salvará?



Fuente: El Periódico de Aragón
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