Las Migraciones en Aragón

25 de Abril 2018
Nefasto aniversario



Hace seis años que la sanidad dejó de ser universal en España. El pasado viernes, 20 de abril, se cumplió el sexto aniversario de la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Real Decreto-ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012, que supuso una modificación estructural del modelo sanitario español y una quiebra del principio de universalidad y de equidad en el acceso a la salud que lo definía desde 1986.

«Con estos dos decretos, hemos pasado de un derecho reconocido a todas las personas residentes en el Estado a un modelo en el cual la condición de asegurado o beneficiario solo es reconocida por la Seguridad Social a quienes cumplen unos determinados requisitos», lamenta María Jesús Viñales, portavoz de la Plataforma Salud Universal de Aragón.

Esta coalición de oenegés, sindicatos y movimientos sociales convocó el pasado viernes una concentración ante la Delegación del Gobierno en Aragón para exigir la derogación de las dos normas por las que miles de personas en situación administrativa irregular perdieron el derecho a la asistencia sanitaria.

«Esta reforma nos afecta a todos, pero en especial a los grupos de población más vulnerable». Además de los inmigrantes en situación irregular, pacientes con enfermedades crónicas, mentales o patologías especialmente dolorosas, pensionistas y, en general, las personas con escasos recursos económicos son, a juicio de las organizaciones que integran la platarma, las principales víctimas del fin de la sanidad universal, hace ahora seis años. «Para todos estos colectivos, la reforma sanitaria ha intensificado aún más su vulnerabilidad y pérdida de derechos, provocando una mayor exclusión social», pudo escucharse en el manifiesto que se leyó el pasado viernes en la plaza del Pilar.

Por otro lado, la Plataforma Salud Universal de Aragón llamó igualmente la atención sobre el fracaso de la reforma sanitaria del año 2012, si lo que se pretendía con ella era producir un ahorro para las arcas del Estado. «Resulta ineficaz desde el punto de vista económico y contraria a la salud pública», afirma Viñales, vista la experiencia en otros países.

La portavoz asegura que «hay estudios científicos que demuestran que los sistemas sanitarios en los que solamente se garantiza la asistencia en urgencias, pero en los que no se contempla el acceso universal de todas las personas a los servicios básicos de salud, resultan más caros a la larga».

Otra de las críticas de la plataforma a la reforma sanitaria de Rajoy es que su aplicación en las diferentes comunidades autónomas no ha seguido una fórmula uniforme, «lo que supone una agravante en la discriminación y la ruptura del principio de equidad».

Así mismo, señalan, «el discurso contaminado de prejuicios xenófobos empleado para justificar la aprobación de esta norma, y la improvisación de su puesta en marcha», ha creado el caldo de cultivo que permite «la interpretación discrecional de los derechos que amparan a la población residente por parte del personal de los centros de salud y hospitales, traladándoles una responsabilidad que no les corresponde», enfatiza María Jesús Viñales.

Bajo estas circunstancias, incluso en territorios como Aragón, donde el Gobierno autonómico ha diseñado vías de acceso a la atención sanitaria que tratan de sortear las restricciones impuestas desde Madrid en el 2012, las personas inmigrantes en situación irregular deben afrontar un sin fin de obstáculos.

De este modo, la plataforma concluye que la reforma sanitaria «significa una clara regresión en el marco de derechos y un incumplimiento de diferentes tratados y normas internacionales de derechos humanos suscritos por España». Por ello, exigen su derogación «y el retorno a un modelo sanitario que garantice la universalidad y la equidad».



Fuente: El Periódico de Aragón
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