Las Migraciones en Aragón

12 de Mayo 2018
Los abogados que asisten a presos, indignados con la propuesta de Presidencia



La aprobación de la Ley de Justicia Gratuita aragonesa en octubre del año pasado supuso una gran alegría para los servicios jurídicos de tinte más social, como la atención a víctimas de violencia familiar, inmigrantes y presos, que llevaban años en situación inestable, cuando no directamente trabajando gratis. Pero el paso de las musas al teatro está generando los primeros problemas, como le ha sucedido al Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP), con la propuesta de desarrollo legal de la DGA.

Pese a que el servicio está garantizado por la citada ley, la propuesta que ha hecho la consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón se articula por un convenio tripartito entre Interior, la DGA y los colegios de abogados, con un coste que calculan en 32.000 euros, y que ha enervado a los abogados que lo prestan. De hecho, el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón ya ha presentado alegaciones.

Entre otras, entienden que el papel de Interior ha sido, desde 1995, el permitir el acceso a los letrados a los centros penitenciarios. Además, la propuesta no contempla la atención en los Centros de Inserción Social (CIS) de Zaragoza y Huesca, ni el centro de reforma de Juslibol, que sí recogía la ley. Y sobre todo calcula un gasto inferior a los 50.000 euros de partida presupuestaria, que por ejemplo supondría ir a la cárcel de Teruel cada 4 meses.



Fuente: El Periódico de Aragón
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