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10 de Julio 2018
El Gobierno estudia cómo escolarizar a los 160 niños sin papeles de Melilla



El insólito problema de los 160 niños marroquíes de Melilla, hijos de sin papeles, a quienes el ministerio de Educación no permite ir al colegio por la situación irregular de sus padres, parece por fin en vías de desbloquearse. Tras el cambio de Gobierno, Educación muestra por primera vez su disposición a buscar una solución después de que hoy el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya dado la razón a los menores e inste al Ejecutivo a garantizar sus derechos.

Ha sido a raíz de una queja presentada por la ONG Prodein hace un año, que denunció el caso de 160 menores a quienes se denegó una plaza el curso pasado y calcula para el próximo un número similar. Son niños y niñas que han nacido en Melilla, son incluso de segunda o tercera generación de residentes en la ciudad, pero una trampa burocrática les impide matricularse. En una maniobra pensada para evitar el efecto llamada, se les niega el empadronamiento, algo que a los inmigrantes irregulares de España solo les ocurre en Ceuta y Melilla, pero luego se les exige como requisito para ser escolarizado. "No se puede tener a ciento y pico niños sin escolarizar por un problema de burocracia, espero que la administración coincida con nuestro punto de vista", explica Fernández Marugán en conversación telefónica desde Melilla, donde está hoy de visita oficial.

Crítica a la Justicia a raíz del caso del educador de niños acusado de abusos en el pasado

El Defensor del Pueblo en funciones ha querido trasladar su preocupación y una reflexión de fondo sobre la infomación de EL PAÍS, que reveló el lunes cómo un extrabajador del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, denunciado por abusos sexuales por dos internos sirios en 2015, ha acabado contratado este año como educador de niños de la calle en la ciudad. La empresa adjudicataria confirmó que le despidió el pasado jueves. Es verdad que el caso fue sobreseído y esta persona no tenía antecedentes, pero se debió a que el proceso se demoró meses y, entretanto, los dos denunciantes fueron trasladados a la Península. Quedaron en paradero desconocido y ni siquiera se les tomó declaración. Pasó lo mismo con otros 78 inmigrantes del centro que presentaron un escrito denunciando al mismo individuo por maltrato y vejaciones.

"No hubo juicio porque no hubo denunciantes, desaparecieron, y además se aceleró su salida de Melilla. Lo que quiero poner de relieve, como hacemos desde 2013, es que en estos casos debe primar la urgencia y se debe hacer una declaración anticipada, porque si no el procedimiento penal no va a ningún lado. Se da la sensación de que en algunos casos se puede actuar  con impunidad", alerta Fernández Marugán.

La intervención del Defensor es una recomendación no vinculante, pero se muestra esperanzado en que termine con una respuesta positiva. Fuentes del nuevo equipo del PSOE en el ministerio de Educación confirman que la intención es resolver el problema para el inicio del próximo curso y para ello "el Gobierno hará un diagnóstico de la situación real de los menores sin escolarizar, de sus familias y del entorno escolar". La dirección provincial buscará una solución en coordinación con los servicios sociales y los colegios. "Los menores tienen que estar obligatoriamente escolarizados, con independencia de sus situaciones personales", adelantan.

De este modo, con el cambio de Gobierno, entraría en una vía de solución un caso crónico, particular de Melilla, que se ha repetido en el pasado. En dos ocasiones, con José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, la situación fue regularizada, pero con Mariano Rajoy se había enquistado sin una salida. Prodein ha recogido 100.000 firmas para exigir una solución y durante este año ha organizado manifestaciones con los niños en la calle pidiendo ir al colegio, sin respuesta del ministerio, ni de la delegación de Gobierno, ni de la Fiscalía de Menores. "La única institución que se ha mostrado sensible y ha estado a la altura ha sido el Defensor del Pueblo, los demás no han hecho nada", asegura José Palazón, de Prodein. "Ahora estamos muy contentos, ha sido un año de mucho trabajo, sobre todo para los niños y sus familias, que han luchado por esto y se han manifestado cada día", señala tras recibir la comunicación del Defensor.

La solución, apunta Palazón, pasaría porque Educación simplemente cumpla la ley, que tan solo prescribe que los menores tengan edad escolar y residan en la ciudad, sin entrar si la residencia es legal o ilegal. "Pueden revisar caso por caso cada solicitud, de forma individualizada, y comprobar que efectivamente esas familias residen en Melilla, con otra documentación, como la tarjeta sanitaria, que la tienen todos, o visitas a sus casas", explica. Fuentes del ministerio señalan, en la misma línea, que cumplirán "escrupulosamente" la Constitución y la ley orgánica de Educación.

Hasta ahora el Gobierno central, que en Ceuta y Melilla tiene la competencia de Educación, negaba el problema y aseguraba que todos los niños de la ciudad autónoma estaban escolarizados. Argumentaba que el hecho de que estos menores hubieran nacido en Melilla no probaba nada, porque "muchos vienen a dar a luz a Melilla y luego vuelven a las ciudades marroquíes en las que residen", según consta en la comunicación del Defensor del Pueblo remitida a Prodein. También aducía que el permiso especial de que disponen los marroquíes de zonas limítrofes para pasar la frontera solo con el pasaporte, sin visado, podía dar lugar a trampas: "No se puede escolarizar a todo niño que pase con los padres por la frontera y reclame un puesto escolar si no justifica su domicilio en la ciudad". De ahí el requisito del padrón, con la salvedad de que a estos solicitantes no se les facilitaba aunque, según Prodein, pueden probar con tors medios que viven en la ciudad.

Fernández Marugán apunta que en este caso se demuestra hasta qué punto la solución a los problemas depende de la voluntad de la administración: "Esta situación solo se da en Melilla, no en Ceuta. ¿Por qué? Porque en Ceuta hubo un fiscal de menores que intervino y dijo que los derechos fundamentales, como la educación, están por encima de las trabas administrativas, que la garantía del derecho a la educación es una obligación para los poderes públicos, que en modo alguno puede verse afectada por la situación de sus progenitores".



Fuente: El País
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