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25 de Agosto 2018
¿Tiene que dar España papeles a todos los inmigrantes?



Después del caso del 'Aquarius' y del salto de la valla de Ceuta de 600 personas procedentes de la zona marroquí volvió a España el debate nacional a favor y en contra de la inmigración ilegal. En medio del debate de la opinión pública, cabe hacerse una pregunta ante el panorama y la politización del discurso migratorio: ¿tiene que dar España papeles a todos los inmigrantes?

La situación no escapa a la política. Los presidentes de todos los partidos han expresado sus opiniones sobre el tema. Entre ellos, destacan las polémicas palabras de Pablo Casado en varios tweets, haciendo referencia al supuesto "efecto llamada" y a la llegada de "millones de inmigrantes". En una linea concordante con el anterior está Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que dudó que el estado del bienestar sería sostenible si absorbiera a esa cantidad de población.

Por otro lado, la política de 'puertas abiertas' del gobierno de Pedro Sánchez ahora parece que ha cambiado hacia una mayor protección de las fronteras nacionales, como prueba la expulsión de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado miércoles.

Esta tendencia a 'protegerse' frente a la inmigración ilegal está también en boca de otros movimientos europeos. Un ejemplo de ello sería Matteo Salvini, Viktor Orbán, Marine Le Pen o Geert Wilders. Estos dirigentes derechistas europeos han descrito la inmigración, en especial si procede de África, como una amenaza a la prosperidad económica. También el presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado poco transigente con la inmigración Mexicana.

El auge de los movimientos políticos xenófobos o poco tolerantes con la inmigración es un hecho en Europa. Ante el alarmismo de cierta parte de la sociedad europea y española, los expertos recomiendan prudencia. Y es que la llegada de inmigrantes puede ser la solución para ciertos problemas momentáneos como el déficit de natalidad o la seguridad social.

Aumentan la tasa de natalidad y la ocupación

Actualmente hay 46,6 millones de personas en España, de las que 4,7 millones son extranjeros, según datos del INE. De todos ellos, los procedentes de África que residían en España en datos recogidos a 1 de enero de 2018, alcanzaban la cifra de 930.000 personas.

La presencia de la inmigración entre los casi 20 millones de ocupados es del 11,3% y subiendo. La mayoría de los migrantes que vienen a España están en edad de trabajar, pero normalmente sus cotizaciones son en su mayoría de peor calidad que la de los nacionales por su presencia mayoritaria en el sector servicios y el menor peso en los sectores con salarios más elevados.

Por otra parte, la llegada de inmigrantes es positiva para la natalidad. Ante un futuro en el que la población será cada vez más mayor según datos de la OCDE, la tasa de natalidad de los extranjeros supera ampliamente la de los españoles: 16,6 nacimientos de extranjeros por cada 1000 personas, frente a los 7,5 nacimientos de los españoles.

Esto quiere decir que los inmigrantes se revelan como una vía rápida que suple las políticas de natalidad a largo plazo. Y esto se traduce también en que los inmigrantes son aportadores netos al sistema de Seguridad Social.

Aportan a la Seguridad Social

La prueba está en un famoso estudio de La Caixa de 2011, que reveló que los inmigrantes aportan a la economía más de lo que reciben. Los autores del estudio, Francisco Javier Moreno, del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, y María Bruquetas, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Ámsterdam, demuestran en el mismo que los inmigrantes reciben menos del Estado de lo que finalmente aportan a la Hacienda pública.

Y es que, la mayoría de inmigrantes, en edad laboral, proporcionan una aportación neta a las arcas de la Seguridad Social. Los autores del estudio creen que esa situación se mantendrá previsiblemente durante las próximas dos décadas. Su aportación principal sería el elevar la proporción a 2,5 cotizantes por cada pensionista, y con ello retrasar en la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones.

Pese a todo, una visión a largo plazo pone en duda que la llegada de inmigrantes solucione el desequilibrio en el sistema de pensiones. Para ello hacen falta cambios estructurales en la Seguridad Social. La llegada de inmigrantes solo aliviará parcial y momentáneamente este problema.

¿Alarma social? El problema de la acogida

Desde el 1 de enero hasta agosto de este año, 18.016 inmigrantes tomaron la ruta occidental (que une Marruecos o Argelia con España) para alcanzar costas europeas, mientras que 17.827 decidieron atravesar el mar por la ruta central (entre Libia e Italia) en datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

El incremento se ha vuelto generalizado, y se ha invertido la tradicional ruta migratoria: ahora la ruta ha variado al oeste. En julio de 2018, han cruzado 7301 personas según datos de ACNUR. El doble que en las mismas fechas en 2017. La llegada a las costas españolas está en máximos desde 2006, cuando llegaron 39.180 personas. 

El cambio se debe al cierre de las otras dos grandes rutas europeas: Italia y Grecia. Esto hace que muchas de estas personas busquen alternativas para llegar a Europa, tal y como dice la ONG especializada en asilo CEAR. Sin embargo, los expertos coinciden en un punto fundamental: la presión migratoria de España es muy inferior a la que ha existido en Italia o Grecia, con decenas de miles de inmigrantes al año.

ECD ha podido contactar con una experta en la materia, María de la Caridad Velarde, experta en inmigración y en derechos humanos, e investigadora de la universidad de Navarra, que afirma que el aumento en la llegada de inmigrantes a España "no debe ser considerado como alarmante".

Aunque considera que sí que ha existido un cierto efecto llamada por los saltos continuos de las últimas semanas, cree que "no hay que exagerar los números", y no cree que  "la alarma social" esté justificada, "si es que la hay", matiza.

Continua diciendo que "no hay que tenerle tanto miedo a la migración". Añade también que cree que la llegada de estas personas "tiene una repercusión positiva en nuestras economías y sociedades". Por su parte, Velarde considera "muy negativo" que la vía de entrada  de los inmigrantes a nuestro país les ponga en la ilegalidad "con todo lo que eso supone" para su futuro.

La falta de una base jurídica Internacional

La falta a nivel Internacional de una base jurídica consolidada que solucione el problema de la inmigración es patente. Así lo aseguran varios expertos, que coinciden en el fracaso en colaboración en materia de inmigración a nivel Internacional.

Según las fuentes consultadas, las conferencias internacionales celebradas en los últimos años con la finalidad de lograr acuerdos globales para la gestión de la inmigración han puesto de manifiesto la falta de acuerdo. Un ejemplo de ello sería la reunión  "al más alto nivel" de la Asamblea General de la ONU en 2016.

De esa reunión resultó la Declaración de Nueva York, cuyo logro principal consistió en un acuerdo general sobre la necesidad de gobernar globalmente la migración. Para ello, se asumió el compromiso de elaborar un pacto mundial en 2018.

Ya en febrero de este año tuvo lugar la reunión internacional en la que se presentó el primer borrador de ese pacto, pero los expertos resaltan que se está todavía "muy lejos" de alcanzar un acuerdo que permita la entrada en vigor del acuerdo.

En el caso europeo, el problema es similar. El ejemplo más palpable radica en el "acuerdo de mínimos" alcanzado por la Unión Europea en junio de este año. En opinión de los expertos, a grandes rasgos viene a decir que no ha habido un acuerdo real, sino concesiones "por parte de unos y otros". Las fuentes afirman que los países europeos han realizado gestos para devolver la confianza a sus votantes, pero no han dado un paso más en la resolución del problema.

Falta de respuesta adecuada

El problema, a parte de la base jurídica, es que no se ha dado una respuesta adecuada a la gestión de la inmigración. Caridad Velarde piensa que el problema de la migración es "jurídico aunque se utilice de forma política".

Y es que, en opinión de la investigadora de la Universidad de Navarra, las decisiones jurídicas que se tomen en relación con la inmigración "deben ser iguales para todos". Sin embargo, eso no significa que todas las personas se encuentren en la misma situación a la hora de ser admitidas en un Estado. No es lo mismo ser refugiado político que inmigrante económico.

Más aun, los expertos señalan que, tanto en el caso español como en el europeo, no se está dando una respuesta adecuada a los flujos migratorios. En el caso español, aunque el aumento de la llegada de los conocidos como 'sin papeles' no es alarmante, las normas de derecho no se estarían cumpliendo.

Además, muchos expertos piensan que el sistema de acogida es "absurdo". Tras el cruce de la frontera, saltando la valla de Ceuta y Melilla o llegando en patera, las personas son ingresadas en un CIE donde no se les dan salidas ni ocupaciones. Después de un tiempo, esas personas "son lanzados a la calle" cuando en principio no caben más inmigrantes en las instalaciones.

 Los investigadores consideran que la situación "debe ser evitada" y  que se debe sustituir "por un modo racional de actuar" que de oportunidades a estas personas para que puedan terminar contribuyendo a las arcas del Estado.

La respuesta a los 'papeles para todos'

La mayor parte de los expertos coinciden en que la respuesta a la inmigración está en ordenar los flujos migratorios en beneficio de todas las partes. Velarde afirma que la solución al "papeles para todos" se basa en adaptar el derecho jurídico internacional y en dar una salida real a estas personas, según sus necesidades.

En la respuesta a la pregunta de si España tiene que acoger a los 'sin papeles', parece que sí que se les podría acoger, al menos por solidaridad, pero a corto plazo y teniendo siempre presente que a la larga no se podría acoger a todos.

Y la solución definitiva que proponen los expertos radica en fundamentalmente dos tipos de intervenciones: invertir en el desarrollo de los países emisores de estas personas para no tengan que huir de sus lugares de origen; y también invertir en la formación de los inmigrantes que llegan a España para que no sean "cargas" para el Estado, sino que terminen contribuyendo a la Hacienda y a la Seguridad Social.



Fuente: El Confidencial Digital
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