Las Migraciones en Aragón

07 de Septiembre 2018
Varios colectivos se concentrarán en apoyo a los manteros



Varios colectivos y organizaciones sociales de la capital aragonesa se concentrarán el próximo día 17 a las 11 horas en las puertas del juzgado de instrucción número 3 de Zaragoza, en la Ciudad de la Justicia, como muestra de apoyo a los manteros que fueron denunciados por un supuesto delito de odio por el sindicato STAZ. La cita coincidirá con la toma de daclaración de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón (AISA) y miembros del colectivo 15-M Derechos Civiles por esta causa, una querella por sus declaraciones públicas en las que acusaban a agentes de la Policía Local de hacer decomisos a la carta o retenerles mercancía que luego revendían.

Ambas entidades y la agrupación 12-N sin Racismo presentaron ayer la campaña Zaragoza no se calla con el fin de ofrecer su punto de vista. Así, señalaron que recurrir a la vía penal para responder al compromiso, «por molesto que resulte», de quienes trabajan en defensa de los derechos fundamentales «es una práctica declarada improcedente por la jurisprudencia del Tribunal Supero y el Tribunal Constitucional», ya que «las denuncias públicas de cualquier posible negligencia o mala práctica institucional deben ser consideradas y resueltas con transparencia y rigor desde la propia institución».

En ese sentido, consideraron que lo contrario es «disparar al mensajero, que es lo que viene ocurriendo». Al respecto, subrayaron que «no es admisible que quien toma en serio las llamadas a la responsabilidad y la participación ciudadana acabe recibiendo una querella racista».

Aseguraron que «el racismo institucional existe» y que reconocerlo «es un paso imprescindible para combatirlo». «La mejor forma de defender la imagen de un grupo de trabajadores de la administración es tomarse en serio cualquier indicio de mala práctica para subsanarlo y no querellarse contra quien da a conocer los testimonios de quienes no tienen acceso a la comunicación pública porque ni son ciudadanos», añadieron, para defender su trabajo «legal, legítimo, justo y necesario».



Fuente: El Periódico de Aragón
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