Las Migraciones en Aragón

22 de Septiembre 2018
Paula Hormigón: «La desigualdad va contra todo principio jurídico»



El Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza recibe el lunes la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario que otorga el Ministerio del Interior. 60 abogados integran este servicio, que coordina Paula Hormigón.

—Dice que, en esta entrevista, deberíamos haber tenido a sesenta personas...

--¡Y más! Este premio es de todos los compañeros y compañeras que han formado parte del servicio desde su creación en 1996. Me gustaría recordar especialmente a tres que, desgraciadamente, ya no están con nosotros: Eva González Revillo, Marisol Berges y Ascensión Torán.

—Realmente, son pioneros en España...

--Fuimos uno de los primeros servicios de asistencia jurídica (antes fueron Bilbao y Madrid). Sí fuimos pioneros en convocar los encuentros de estos servicios en el año 1999, donde especialistas en derecho penitenciario ponemos en común nuestras experiencias.

—¿Cómo empezó toda esta historia?

–Fueron abogados que habían tenido contacto con presos y habían constatado cómo se trataba de personas con escasos medios económicos, que una vez habían entrado en prisión no tenían posibilidad de acceso a asistencia letrada al no poder sufragarla. Vieron que la asistencia jurídica se quedaba a las puertas de la prisión y propusieron al entonces decano, Carlos Carnicer, la creación del Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP). Él impulsó la creación del SOP, junto con uno de sus fundadores, el actual alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.

—La prestación comenzó en la antigua cárcel de Torrero... Luego siguió en Daroca y Zuera. ¿Cuál es el perfil de estos profesionales que sacan tiempo por los demás?

–Es un servicio muy vocacional. Son profesionales que creen en la función social de la abogacía y en que esta debe ser garante de los derechos humanos. La desigualdad social va en contra de todo principio jurídico y los que formamos parte de este servicio creemos que hay que prestar atención a los colectivos especialmente vulnerables.

—A usted, ¿qué le motivó?

--Desde la facultad empecé a tener contacto con colectivos sociales que trabajaban con personas en riesgo de exclusión. La mayor parte de ellos venía de ámbitos marginales, con muy poca formación y una clara ausencia de oportunidades. Una de las frases que más me ha marcado es la de Dostoyeski, que dice: «El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos».

—¿Qué tipo de problemas atienden?

--Permisos, traslados, libertad condicional, expedientes sancionadores, acceso a puestos de trabajo... Las personas privadas de libertad gozan de todos sus derechos excepto los que son limitados por el fallo de la sentencia, y es esencial que se defiendan, para que puedan rehacer su vida y evitar que vuelvan a prisión.

—Les acaban de premiar. Lo digo por si necesita formular algún deseo...

–Esperamos que el Gobierno de Aragón tome conciencia de la importancia de esta labor y dé cumplimiento a la Ley 9/2017, que regula este servicio, junto con el de atención a inmigrantes y a mujeres en la justicia gratuita. La ley fue aprobada por unanimidad en las Cortes y es pionera. Lo que fue una gran noticia se ha tornado en impotencia ante la falta de ejecución y financiación.



Fuente: El Periódico de Aragón
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