Las Migraciones en Aragón

05 de Octubre 2018
Un juez imputa a 12 personas por la inmigración ilegal de kurdos detectada en la A-23


El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, Jorge Cañadas, ha dictado auto de procesamiento contra 12 personas como presuntas integrantes de una trama con vínculos internacionales dedicada a facilitar la llegada irregular de inmigrantes kurdos al Reino Unido e Irlanda.

La red, que utilizaba la autovía Mudéjar o A-23 para trasladar a los refugiados dentro de camiones frigoríficos entre Valencia y el País Vasco, se destapó a principios de 2017 cuando, en menos de un mes, la Guardia Civil localizó dos trailers que transportaban verduras por la autovía a su paso por la comarca del Jiloca con un total de 15 kurdos ocultos entre la carga. Debido al frío, los polizones, 8 de ellos menores de 13 años, viajaban en penosas condiciones, con temperaturas, a veces, de solo 4 grados, durante recorridos por carretera de varias horas de duración.

El juez imputa a los 12 encausados los delitos de formar una organización criminal dedicada a facilitar la inmigración irregular y al blanqueo de capitales. El auto de procesamiento cita a diez de ellos a declarar en el juzgado en los próximos días. Las declaraciones indagatorias arrancarán el 17 de octubre y continuarán los días 18, 19, 22 y 23 de octubre.

La banda, liderada por dos súbditos iraquíes residentes en Valencia, cobraba hasta 15.000 euros por cada persona transportada al Reino Unido. La red, que podría haber empezado a actuar en 2014, habría logrado una ganancia total cercana al millón de euros.Las elevadas cantidades de dinero pagadas a la trama criminal por las víctimas generaban en estas graves problemas de endeudamiento.

Según se indica en el auto de procesamiento, los casos detectados en la A-23 responden de forma fiel al modus operandi de la organización investigada, desde la introducción de las víctimas en cajas de camiones, su destino final, Reino Unido, o el uso de la ruta francesa y la reiteración en el viaje. Algunos de los inmigrantes no lograban su propósito en el primer intento y volvían a repetir el viaje.

El documento judicial explica que todo apunta a que los integrantes de la organización, y con la intención de variar el modus operandi, mostrando así un dinamismo y una innovación delictiva, surtirían de documentos falsos en algunos casos a sus víctimas. Esta forma de obrar estaría condicionada al nivel económico de las mismas, ya que elevaría de manera reseñable el precio.

La organización criminal se estructuraba de forma jerárquica, con dos jefes, tres subordinados que ejecutaban sus instrucciones y se ocupaban del traslado material de los migrantes y de cobrar el dinero en efectivo, y dos captadores de víctimas o intermediarios.

En el auto de procesamiento se explica que la recepción final de los fondos por parte de la red se articula valiéndose del escalón inferior de colaboradores que, mediante precio, prestan su identidad para cobrar importes inferiores a los 3.000 euros mensuales, con la intención de no ser detectados por los servicios antiblanqueo de capitales.



Fuente: Heraldo de Aragón
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