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17 de Octubre 2018
El recuento de los menores inmigrantes enfrenta a Madrid y Cataluña con el Gobierno



El Gobierno ultima la primera medida para enfrentar el fenómeno de los 11.100 menores extranjeros no acompañados que se asume que hay en España y que ya son casi el triple que en 2016. El ministerio de Sanidad ya tiene una primera versión del Real Decreto que establece cómo distribuir un fondo de 40 millones de euros entre comunidades para compensar el incremento de menores inmigrantes en desamparo que han acogido este año. Los criterios establecidos por el ministerio, sin embargo, han incomodado a tres de las comunidades que más niños tutelan. Madrid, Cataluña y Murcia no reconocen las cifras oficiales de menores que maneja el Gobierno y se sienten perjudicadas con el reparto económico.

El borrador del Real Decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge la distribución, en una primera fase, de 38 millones que se repartirán en proporción al incremento de menores que cada comunidad haya acogido durante los primero nueve meses de 2018, es decir, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de este año.

Basándose en este criterio, comunidades como Andalucía, Ceuta, Melilla, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Canarias son las más beneficiadas. Ceuta, por ejemplo, que ha pasado de tutelar 261 niños en diciembre de 2017 a 407 en septiembre de este año debe recibir algo más de un millón de euros. A la Comunidad Valenciana, que en diciembre acogía 296 menores y asume ahora 556, le correspondería, en un cálculo inicial, cerca de dos millones de euros. Según estas cifras, proporcionadas por las propias comunidades, el Gobierno está ofreciendo cerca de 1.200 euros mensuales hasta abril del año que viene, por cada plaza nueva asumida este año.

El problema ha surgido cuando comunidades que asumen un número alto de tutelas, como Madrid, no reconocen los números oficiales que maneja Sanidad y que provienen del registro gestionado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Según este registro, el único reconocido como oficial, Madrid acoge ahora 407 menores, 71 menos que en diciembre de 2017, lo que deja a la comunidad sin subvención.

La Consejería de Políticas Sociales madrileña, que lleva semanas enfrentando críticas por la gestión de su saturado centro de recepción de menores en el barrio de Hortaleza, ha puesto el grito en el cielo porque asegura que tutela 846 jóvenes, el doble de lo que dice el registro oficial. "Estamos ante un nuevo agravio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid —gobernada por el PP—. El Gobierno del cambio sustentado por Podemos abandona a los menores no acompañados en nuestra comunidad", ha denunciado en una nota la consejera Lola Moreno. "Mientras ellos los han dejado de lado, nosotros en los últimos meses hemos contratado 90 plazas por emergencia con entidades especializadas, lo que supone un coste de más de 1,2 millones de euros".

Emergencia en Cataluña

Cataluña, que considera que se encuentra en una "situación humanitaria de emergencia", también está insatisfecha con la propuesta del Gobierno y así se lo ha hecho saber desde el comienzo de la negociación en septiembre. No comparte los criterios de distribución ni los números del registro. La Generalitat defiende que no se compense económicamente la foto fija de un mes en concreto sino que se tenga en cuenta el número de menores atendidos durante todo el año aunque, después de un tiempo, se marchen de Cataluña. "No se puede tratar a Cataluña con estos criterios porque no se ajustan a nuestra realidad. Es muy difícil atender con el modelo de calidad que hemos decidido atender a estos menores con este volumen de llegada", ha defendido una portavoz. La Generalitat, la tercera comunidad que más acoge, ha salido perdiendo en la distribución. Los datos oficiales mantienen que pasó de acoger 805 menores en diciembre de 2017 a 1.074 en septiembre y el ministerio solo compensará un incremento de 269 menores. Cataluña defiende que a 30 de septiembre contaba con 2.501 niños lo que supone un incremento de 1.696, seis veces más de lo que se le pagará.

A Murcia tampoco le salen las cuentas porque según el registro consolidado acogía en diciembre 224 niños y ahora 236. La comunidad asegura que su esfuerzo durante este año ha sido mucho mayor y no está siendo compensado porque en diciembre apenas contaban con 90 menores.

El baile de cifras pone de manifiesto una deficiencia fundamental en la atención a los menores migrantes que viajan solos en España. El registro oficial no está actualizado y los números dependen de la eficiencia y coordinación entre los servicios sociales autonómicos, que deben informar de las altas, bajas y fugas, y la policía, que debe incluir esta información en el sistema.

El Ministerio de Sanidad, que ha asumido las negociaciones por sus competencias en infancia, es consciente del problema. Y así se lo ha hecho saber a las comunidades al explicar sus criterios para la distribución de fondos. "De esta manera se tiene en consideración la diligencia en cumplir con la obligación legal de notificar las altas y bajas por los Centros de Protección a la Policía Nacional y nos permitirá contar en el futuro con unos datos más fiables sobre la situación de los menores no acompañados".

Premio a la solidaridad

Del fondo de los 38 millones iniciales también saldrán ayudas a las comunidades que se han ofrecido a abrir nuevas plazas para acoger menores. La solidaridad demostrada, en cualquier caso, ha sido mínima, y ronda las 150 plazas nuevas para la distribución de más de 11.000 niños. La fórmula escogida por el ministerio consiste en, por un lado, compensar el incremento de menores que hayan experimentado de la misma forma que al resto y, por otro, premiar con un 25% más cada una de las nuevas plazas ofertadas.

Entre estas comunidades está Castilla y León que ha pasado de acoger 46 menores a 69 menores y ha ofrecido 40 plazas más. Según ha informado a este periódico un portavoz autonómico a la comunidad le correspondería, inicialmente, algo más de 500.000 euros.

El resto de la subvención, dos millones de euros, se ha reservado para un fondo de contingencia. Esta reserva servirá para cubrir los gastos derivados de la atención de menores inmigrantes de las autonomías que tengan un "incremento estacional" del 30 de septiembre al 31 de octubre. Algunas comunidades autónomas, como Murcia, tienen precisamente esta característica y la presión migratoria aumenta a finales de septiembre.



Fuente: El País
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