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18 de Enero 2019
El drama de la tarjeta sanitaria no son los inmigrantes: es no poder usarla en Madrid



La tarjeta sanitaria mueve pasiones, en un sentido o en otro. Para las personas transexuales que, a partir de este año, pueden exhibir en ella su "nombre sentido" es un motivo de orgullo. Para quienes protestan por el acceso a ella de los inmigrantes —recientemente Vox solicitó los pasaportes de aquellos extranjeros que la habían obtenido para tener acceso a cobertura sanitaria— un motivo de confrontación.

Y entre medias, están aquellos que piden una tarjeta sanitaria única para todo el país. Esta iniciativa está liderada principalmente por Ciudadanos, que lanzó una propuesta el pasado verano que fue apoyada por el Partido Popular pero rechazada por el PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas, que aseguraban que este era un intento de "recentralizar España".

Paralelamente a este debate, en los últimos años se ha ido implantado por toda España la receta sanitaria interoperable, que permite a un ciudadano cualquiera retirar, con su tarjeta sanitaria autonómica, medicamentos recetados en su localidad de origen en cualquier otro punto del país. Sin embargo, en la actualidad sólo queda una región por sumarse a este esquema y, por tanto, hacer realidad la plena interoperabilidad de la receta electrónica nacional: la Comunidad de Madrid, irónicamente, gobernada por el PP con apoyo de Ciudadanos.

Es decir, ni alguien dado de alta en la sanidad madrileña puede usarla fuera de ella, ni alguien del resto de España puede retirar sus medicamentos en la Comunidad. La ansiada tarjeta única para retirar medicamentos de la farmacia tiene un agujero en el centro del país.

Una tarjeta sanitaria que permitiera a un diabético o a una persona con ansiedad adquirir su insulina o ansiolíticos en cualquier farmacia del país era un sueño hasta que en 2012, la aprobación de un urgente Real Decreto Ley para favorecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Extremadura fue la primera región en desarrollarla y, en verano de 2016, sus ciudadanos podían viajar a Navarra o Canarias y retirar allí sus medicamentos con prescripción.

La iniciativa está suponiendo todo un reto para los 17 sistemas sanitarios autonómicos, algunos de los cuales incluso cuentan con diferentes diseños de tarjeta sanitaria dentro de la misma comunidad autónoma., pero en los dos últimos años ha seguido el goteo de regiones que se sumaban a la interoperabilidad, siendo las últimas en unirse Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La incorporación de estas CCAA a la receta electrónica interoperable ha supuesto al Estado un ahorro de unos 253 millones de euros. Sobre el papel, el plazo máximo para ejecutar el Real Decreto era el 5 de octubre de 2018, pero a día de hoy sigue faltando la pieza central, el Servicio Madrileño de Salud.

"Técnicamente estamos preparados desde hace casi dos meses", explican a Teknautas fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña. "Ahora estamos con el calendario que nos está fijando el ministerio, haciendo pruebas con todas las comunidades autónomas y en cuanto Sanidad diga que ya nos podemos integrar, lo haremos".

Técnicamente estamos preparados desde hace casi dos meses, cuando Sanidad diga que nos podemos integrar, lo haremos

Desde la consejería no se atreven tampoco a anunciar una fecha tentativa, dado que la pelota está en el tejado del ministerio, aunque aseguran que "seguro, sin duda" se producirá a lo largo de este año.

Además de Madrid, los únicos que están de momento fuera de la interoperabilidad son los trabajadores del estado, funcionarios, personal de justicia o de las Fuerzas Armadas que están con mutualidades como Muface, Mugeju o Isfas. Estas esperan abandonar la receta de papel e incorporarse a la interoperable a lo largo del año 2020.



Fuente: El Confidencial
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