Las Migraciones en Aragón

12 de Marzo 2019
Hogares llenos de precariedad



La precariedad laboral campa a sus anchas en miles de hogares españoles. El colectivo de las empleadas domésticas es uno de los más golpeados por la escasez de derechos. Algunas de ellas (se estima que cerca de un 30% del total) ni siquiera están dadas de alta en la Seguridad Social y se ven obligadas a aceptar salarios de miseria. Las más afortunadas cotizan al sistema pero siguen sin tener derecho a cobrar la prestación por desempleo, la indemnización por despido o a gozar de vacaciones pagadas.

Cansadas de que ningún Gobierno atienda a sus reivindicaciones, las empleadas del hogar han decidido unir fuerzas e intensificar sus demandas. Para ello, el colectivo constituyó el pasado 23 de febrero en Zaragoza la primera red nacional, una plataforma que aspira a convertirse en su mejor altavoz para dejar de ser trabajadoras de segunda.

«La idea era unirnos todas las asociaciones que estamos en el país para hacer llegar nuestras reivindicaciones a las administraciones públicas con una sola voz», explica Carolina García, portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de la capital aragonesa, que aglutina tanto a trabajadoras externas como a internas (hay muchas que además de ocuparse de las tareas domésticas también cuidan de personas mayores).

La red nacional se dará a conocer de manera oficial en una rueda de prensa el próximo 30 de marzo en Valencia, coincidiendo con el día internacional de las empleadas del hogar. En ella, el colectivo trasladará sus principales demandas. «Lo primero es que pasemos a estar incluidas en el Régimen General con todos los derechos del resto de empleados», indica García.

Actualmente, los trabajadores del hogar (se estima que el 97% son mujeres) cotizan en un sistema especial, por lo que no cuentan con los mismos derechos que el resto. Y eso que su situación mejoró algo en el 2012, cuando se obligó a que cualquier persona que requiera los servicios de una empleada del hogar, aunque solo sea una hora a la semana, tuviera que formalizar un contrato y cotizar a la Seguridad Social. Con ese cambio, las trabajadoras al menos tienen derecho a percibir la pensión por jubilación, aunque estas son bajísimas porque los criterios para calcular la prestación no son los mismos.

«Hay muchas que ni siquiera cotizan y siguen trabajando en negro», lamenta García, que apunta que la asociación de Zaragoza se creó en mayo del 2017 con 5 empleadas y ahora son 60.

En Aragón hay actualmente unas 11.500 trabajadoras dadas de alta en el régimen especial, según los datos de la Seguridad Social. De ellas, unas 6.100 son extranjeras. «En nuestra asociación el 99% somos inmigrantes, la gran mayoría de Latinoamérica», comenta García.

En un principio, la incorporación de las empleadas del hogar a este sistema especial se planteó como una medida provisional. De hecho, el pacto alcanzado con sindicatos y organizaciones del sector incluía la puesta en marcha de un grupo de trabajo formado por sindicatos, patronal y Gobierno que debía arrancar en febrero del 2012 y concluir el 1 de enero del 2019 con la incorporación plena de estas empleadas en el Régimen General.

Sin embargo, el Gobierno del PP apenas avanzó en este sentido y el año pasado se limitó a incluir una enmienda en la ley de presupuestos que retrasaba la eliminación del sistema especial al 2024, lo que enfureció al sector. Posteriormente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez adelantó la fecha al 2021. «Pero tampoco nos consultó ni nos pidió nuestra opinión», lamenta García, que apunta que el pasado 8-M la asociación participó de forma activa en la manifestación de Zaragoza.

CONVENIO DE LA OIT

Otra de sus principales reivindicaciones es que España ratifique de una vez por todas el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tratado internacional que garantiza derechos a las trabajadoras del hogar. Recientemente, el Gobierno socialista manifestó su intención de ratificarlo, pero finalmente no ha sido así.

El PP, por su parte, justificó sus retrasos asegurando que un cambio de sistema encarecería las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que para el colectivo es una mera excusa. «Se lavan las manos y mientras muchas trabajadoras siguen soportando horarios larguísimos y sin poder quejarse por miedo a que las echen», concluye García.



Fuente: El periódico de Aragón
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