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26 de Septiembre 2019
España y Grecia rechazan el reparto de migrantes que lideran París y Berlín



El pacto europeo llamado a desbloquear el rescate de migrantes en el Mediterráneo se ha topado con el rechazo de dos países clave: España y Grecia. Aunque el núcleo del reparto suscrito por Alemania, Francia, Italia y Malta alude a rescates ocurridos en todo el Mediterráneo, tanto España como Grecia entienden que el esquema persigue, casi exclusivamente, resolver el problema italiano. El Gobierno español objeta que solo puedan distribuirse los rescatados que hayan sido auxiliados en altamar y soliciten asilo. Esos criterios excluyen al grueso de quienes llegan a España.

El texto de la declaración conjunta, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pretende agilizar un mecanismo temporal de reubicación "de solicitantes de asilo" en Estados miembros distintos a los del sur, que son los que sufren directamente la presión de las llegadas marítimas. Para tratar de persuadir a otros países europeos de que se sumen al esquema, el documento circunscribe los candidatos al reparto a los demandantes de asilo y recalca la voluntad de retornar al resto a sus países de origen. Desde el encabezado del proyecto se deja claro que se trata de un plan voluntario, que solo vincula a los países que deseen acoger a refugiados para aliviar la presión sureña.

Tras cuatro años de desencuentros para lograr un esquema común europeo, este mecanismo de emergencia ha sido concebido como un gesto de apoyo europeo a Italia, ahora que el ultraderechista Matteo Salvini, que hizo de los desembarcos un problema político y humanitario, ya no está en el poder. La idea es que, con esta solución temporal, se desactive la retórica que inflamaba a Salvini, basada en la idea de que Italia lidiaba sola con la cuestión migratoria. El pacto se activará siempre que un país soporte "una presión migratoria desproporcionada", un concepto sin concreción precisa, que el acuerdo pretende medir en función de las "capacidades de acogida" de cada Estado miembro que participe o en función de "un alto número de solicitudes de protección internacional".

Pese a todos esos esfuerzos, la capacidad para concitar apoyos es aún incierta. Los cuatro países firmantes la presentarán en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE que se celebrará el próximo 8 de octubre en Luxemburgo con la idea de ganar adeptos. Pero las primeras andanadas contra el acuerdo se produjeron este miércoles, en una reunión de los embajadores permanentes ante la UE celebrada en Bruselas. Además de España y Grecia, otros países con motivos muy diferentes para rechazar este esquema —Hungría y Polonia, con una oposición férrea a cualquier tipo de política migratoria europea— expresaron sus recelos. Fuentes comunitarias aseguran que fue una "primera toma de contacto" en la que las delegaciones intervinientes se limitaron a presentar posiciones conocidas.

Los países miembros solo recibieron oficialmente el texto este miércoles a mediodía. De la versión final, España valora que se hayan incluido las principales reivindicaciones que planteaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según explican fuentes de este departamento. La primera es que se haga referencia al Mediterráneo a secas, sin restringirlo a la zona central (la que emplean los migrantes que recalan en Italia). La segunda es que el marco no se limita a los rescates que realizan las ONG, sino que se amplía a cualquier tipo de barco (en España la inmensa mayoría de los rescates los realiza Salvamento Marítimo).

Sin cuotas de acogida

El Ejecutivo, en cambio, echa en falta una cuota de acogida de la que se responsabilizaría cada país. En las versiones iniciales del proyecto figuraba que tanto Alemania como Francia se harían cargo de un 25% de los migrantes, según las fuentes gubernamentales consultadas. Esa concreción ha desaparecido.

Fuera de los Estados mediterráneos, los socios más duros de la UE ni siquiera aceptan que otros países puedan repartirse voluntariamente a los potenciales refugiados porque consideran que desencadenaría un efecto llamada que repercutiría en todos los Estados miembros.

Fuentes diplomáticas apuntan que, pese a las resistencias surgidas, algunos puntos del acuerdo podrían aprovecharse para desatascar los debates sobre migración y buscar en los próximos meses un pacto más amplio que el de Malta. Un punto clave es que se rompe el principio de la normativa actual (el llamado Reglamento de Dublín) por el que el país de llegada del migrante es el responsable de verificar el derecho al asilo de cada persona. El acuerdo de Malta, en cambio, establece que "el Estado miembro de reubicación asumirá la responsabilidad sobre la persona reubicada".

El cambio, atribuido a una concesión de Alemania y Francia, permitiría descargar a los países de primera línea (los mediterráneos) de la pesada responsabilidad que deben asumir en periodos de fuerte presión migratoria. A cambio, Berlín y París esperan lograr una reducción de los llamados "movimientos secundarios" o desplazamientos de los migrantes irregulares desde el país de entrada, como Italia, hacia otros Estados de la UE.

Agilizar el reparto de refugiados y el retorno los migrantes

El pacto suscrito el lunes entre Alemania, Francia, Malta e Italia fija un plazo de solo cuatro semanas para reubicar en otros Estados miembros a los refugiados rescatados en el Mediterráneo. Los firmantes se comprometen a decir por adelantado el número de potenciales refugiados que están dispuestos a acoger, y contempla un procedimiento rápido para hacerlo. También habla de un sistema de retorno "inmediato después del desembarco", aunque como mínimo incluye que todos pasen un "examen médico y de seguridad".

La participación en el reparto es voluntaria y la idea es que la reubicación "se consiga lo más rápido posible", aunque solo para solicitantes de asilo. Para el resto de los rescatados, los firmantes prevén "asegurar el efectivo y rápido retorno". Con ese fin, el texto plantea medidas como redoblar la presión diplomática sobre los países de procedencia de los migrantes, recurriendo a "incentivos apropiados para asegurar la total cooperación, incluida la cooperación consular, de los países de origen".

La senda de la externalización de la política migratoria y la lucha contra las mafias que ha ido marcando en estos años la UE tiene un reflejo claro en el documento. El texto incide en la idea de que este mecanismo "no debería abrir nuevas vías hacia las orillas europeas y debería evitar la creación de nuevos efectos llamada".

También subraya la necesidad de "comprometerse a mejorar las capacidades de los guardacostas de países terceros mediterráneos", en alusión a la controvertida Guardia Costera libia, a la que entrena y financia la UE. Este cuerpo se dedica a interceptar las barcas con migrantes antes de que lleguen a Europa y las devuelve al caos de Libia, y se ha visto involucrado en incidentes violentos hacia las ONG y en abusos a los migrantes. A continuación, se refiere a alentar a agencias de la ONU que trabajan con migrantes a "apoyar modalidades de desembarco que respeten los derechos humanos en esos países". En el documento, los países se comprometen a pedir a "los barcos que llevan a cabo operaciones de rescate (...) que no obstruyan las operaciones de los buques oficiales de los guardacostas, incluidos los de la Guardia Costera Libia".

Otro de los compromisos del pacto es "mejorar la vigilancia aérea de la UE en el Mediterráneo del sur para asegurarse de la detección temprana de los barcos de migrantes con el fin de luchar contra las redes de tráfico de migrantes (...) y minimizar el riesgo de pérdida de vidas en el mar", aludiendo, sin mencionarla, a la Operación Sophia, la misión naval de la UE para luchar contra las mafias que se quedó sin barcos y, por tanto, sin capacidad de practicar rescates.

El pacto estaría operativo seis meses, como mínimo. Un plazo que permitiría a la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lanzar las negociaciones para un pacto más general sobre migración y asilo sin la presión política de las periódicas crisis sobre el desembarco de los barcos de las ONG que operan en el mar. En el texto se contempla una circunstancia para suspender el pacto: que el número de personas reubicadas "se incrementara sustancialmente", lo que llevaría a los países participantes a realizar consultas para renegociar los términos del acuerdo que, en ese tiempo, no estaría en vigor.



Fuente: El País
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