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12 de Febrero 2020
El juez denuncia que el CIE de Barranco Seco parece una prisión de la dictadura



El auto judicial sobre la situación del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, deplora que la falta de asistencia jurídica a los migrantes perjudique sobre todo a los naturales de Malí, porque no se les está garantizando la suficiente información a la que tienen derecho para solicitar protección y asilo al estar su país en guerra. El juez considera "preocupante" que los internos del centro grancanario "estén desasistidos de todo asesoramiento jurídico durante su estancia" y solo disponen de una consulta con el abogado del turno de oficio que les asiste en la costa cuando llegan.

El magistrado Arcadio Díaz Tejera confirma de esta forma la inseguridad en la que se encuentran los malienses, una denuncia que han realizado las organizaciones humanitarias e incluso asociaciones judiciales como la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Para el juez, en este país del Sahel no se puede diferenciar entre la zona de la que proviene el migrante "pues aunque los tiros y bombas se focalice en el norte, también el centro y sur están afectados", añade. Esta situación vulnera la legalidad vigente tanto nacional como internacional ya que la falta de asesoramiento jurídico no hace imposible que un necesitado de asilo y refugio "se nos haya pasado por insuficiente explicación acerca de las posibilidades de obtener o solicitar la necesaria protección internacional que su situación exigiría", añade el texto.

Regiones que sí dan orientación

El auto recoge que otras comunidades autónomas -Aragón, Cataluña o Madrid- sí tienen un servicio de orientación jurídica para los migrantes para velar por sus intereses de manera permanente y no solo ocasional mientras se encuentren en territorio nacional. Recuerda el juez que su internamiento responde a razones gubernativas y no de delito, por lo que mantienen sus derechos y libertades constitucionales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, juez de control del CIE de Barranco Seco, cuestiona la remodelación que se ha realizado en el centro, cuyo coste se eleva a 1,5 millones, porque el inmueble mantiene la misma "estructura carcelaria" y permanece "la estética, los olores y los ruidos de las cárceles de la dictadura". El auto de Díaz Tejera es especialmente crítico y contundente con los "sinsentidos, irregularidades y carencias" de las que adolece el inmueble tras una reforma que ha servido para poco: el montacargas no funciona, hay problemas en las puertas, techos que se caen por las filtraciones de las duchas, escasas comunicaciones telefónicas, un solo comedor operativo -que obliga a hacer cuatro turnos para comer-, mal olor y así un largo etcétera. En definitiva, según el magistrado "todo ello debió ser verificado en el momento de redactar y firmar el acta por el que se recibía la obra que tanto ha costado al erario público".

Tres meses después de su reapertura, el Juzgado insta a los responsables del CIE para que de manera urgente subsanen los defectos expuestos en el auto para un "trato digno" a los internos. Díaz Tejera recuerda que ya un auto de julio de 2018 y en otros anteriores se habían detectado disfunciones y defectos en el centro y reitera que el fenómeno de las migraciones no es novedoso, por lo que habría que planificar y organizar con antelación "para que no se produzca lo que de nuevo estamos viviendo".

Este auto judicial se conoce a pocas horas de la reunión que tendrá lugar mañana en la capital grancanaria con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Están convocados, además de los dos gobiernos, los cabildos, ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes. Además, varios colectivos forman también la plataforma Canarias libre de CIE que hoy darán a conocer su posición, si bien una de sus portavoces, Koldobi Velasco, asegura que el auto lo que supone es un reforzamiento de la reivindicación de esta plataforma, que defiende el desmantelamiento y el cierre de los centros de retención de extranjeros y que se busquen espacios alternativos para garantizar los derechos de estas personas.

Las organizaciones humanitarias harán causa común a través de CEAR ante el ministro Marlaska para defender el cierre definitivo del CIE de Barranco Seco y que el Gobierno no gaste dinero público en El Matorral. "El millón y medio de euros que han tirado en Barranco Seco daría para mucho", cuestiona Velasco, que critica que se esté enfocando a los migrantes como "los enemigos" y a los flujos migratorios como una amenaza equivalente al terrorismo. Koldobi Velasco también cree que los 300 millones que se gasta la UE en Frontex y en militarizar las fronteras se podrían dedicar a la cooperación al desarrollo de los países de origen.

Por su parte, el presidente regional de la Cruz Roja, Antonio Rico, admite que son pocos migrantes malienses los que solicitan asilo en relación a los que han venido en pateras en los últimos meses a las Islas y que sus deportaciones "no son adecuadas" porque en muchos casos peligra su integridad por la conflictividad de ese país del Sahel.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, reconoció ayer que desde el Gobierno canario es preciso tener capacidad de liderazgo, lo que, a su juicio, ejerce pues se trata de "reconstruir el desmontaje que hicieron ustedes", en alusión a CC y PP, a los que acusó de cerrar los centros de internamiento y del funcionamiento no correcto del servicio de vigilancia (SIVE), así como de las devoluciones en caliente, que, precisó, las inició el PP.

Explosión demográfica

Por su parte, la diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC) Socorro Beato aseguró que no solo parece un problema irresoluble sino que las previsiones hablan de que en África habrá una explosión demográfica "espectacular", y añadió que pese a ello no puede renunciar a ser crítica con el Gobierno canario. Socorro Beato consideró que la reunión de mañana llega tarde y dijo que hay dudas razonables en cuanto a que se han cumplido los derechos de los ciudadanos malienses que han sido trasladado a Mauritania, algo que también ha puesto en duda la Justicia.



Fuente: El Día
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