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30 de Abril 2020
Las ONG piden regularizar a 800.000 inmigrantes y acceso a la renta mínima



Los estudios sobre la renta mínima avanzan. Y también las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales, que han reclamado al Gobierno que incluya a los inmigrantes sin papeles en el ingreso mínimo vital que está diseñando el ministro José Luis Escrivá.

Entre otras razones, porque su situación es más angustiosa que ninguna, habida cuenta de su elevada vulnerabilidad en un contexto económico como el actual, en el que ni siquiera la economía sumergida tiene apenas salida; pero también porque muchos de ellos desempeñan funciones esenciales en la comunidad, como atención de ancianos, a dependientes, limpieza o actividades agrícolas.

El Gobierno, a través del propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya ha adelantado que "no contempla" esa posibilidad, que tendría difícil encaje legal, ya que se trata de personas cuya posición administrativa es irregular, y por eso, precisamente, las ONG han urgido a Moncloa a que regularice la situación de centenares de miles de inmigrantes que hoy se encuentran en una situación extrema.

La CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) ha llegado a calcular la existencia de unos 800.000 irregulares, que, además, se encuentran con la circunstancia añadida de que no pueden salir de España, donde tradicionalmente hay menos trabajo, hacia otros países europeos porque las fronteras están cerradas. Según la Asociación de Abogados Extranjeristas, "lo que hoy aparece como una situación transitoria va a tener consecuencias mucho más largas, que condenarán a un porcentaje de la población a una intolerable situación de inseguridad jurídica y de vacío legal efectivo".

Como sostiene Eva Garzón, responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón, tampoco hay que olvidar que el estado de alarma, y todo lo que conlleva, ha congelado la tramitación de expedientes administrativos en busca de la regularización, incluso los sobrevenidos porque se haya perdido el empleo.

Según algunas estimaciones, alrededor de 100.000 solicitudes de asilo permanecen varadas, a lo que hay que unir el hecho de que España, que es uno de los países europeos que menos atienden a los refugiados, apenas acepta el 5% de las solicitudes.

Esenciales para la salud

Por este motivo, más de 250 organizaciones no gubernamentales han reclamado al Gobierno que regularice a los sin papeles, en línea con lo que también ha demandado el Consejo de Europa. "Muchas de estas personas son migrantes en situaciones administrativas diversas", se dice en el manifiesto, "y son esenciales para la salud pública, la vida y los cuidados en esta crisis, arriesgando su propia salud y sus vidas para servir a la sociedad". El Gobierno, por el momento, ha dicho no. A lo sumo, según algunas fuentes, se habría abierto a una regularización parcial, por sectores.

La reclamación de las ONG ha coincidido en el tiempo con el cese de la directora general de Migraciones, Irune Aguirrezabal, que ha sido sustituida, como publicó ayer el BOE, por Santiago Yerga Cobos. En el ministerio, lo achacan a una reorganización interna. Yerga es un abogado de extranjería de largo recorrido, al contrario que Aguirrezabal, cuyo perfil es más académico y, por lo tanto, más alejado del mundo de las ONG, que es tradicionalmente un mercado electoral más próximo a Unidas Podemos. El cese, de hecho, ha sido bien recibido por círculos que trabajan con los extranjeros en situación irregular.

Recientemente, también el Gobierno portugués adoptó una medida similar en unos momentos en que el campo, como consecuencia del coronavirus, necesita mano de obra. Como recuerda la Asociación de Abogados Extranjeristas, Portugal también lo hizo para extender la asistencia sanitaria, y luego Italia, por motivos más amplios, han abierto, de una u otra manera, un camino "que España no debe tener reparos en recorrer".

También ocurre en España, como han reclamado en las últimas semanas los empresarios agrícolas, que temen que se pierda parte de su cosecha al no poder contratar a trabajadores sin papeles. El propio Gobierno reconoció implícitamente esta necesidad hace unas semanas cuando aprobó un real decreto-ley que flexibilizó la contratación de trabajadores agrícolas.

Ese real decreto-ley ha sido criticado duramente por organizaciones como Cáritas por insuficiente, ya que aunque la gran mayoría de las personas migrantes que residen en las zonas agrícolas están empadronadas en sus respectivos municipios, la norma "no contempla la posibilidad de darles la oportunidad de regularizar su situación ni de garantizar sus necesidades".

Condiciones inhumanas e indignas

En palabras de Cáritas, la realidad para los sin papales es todavía más dura, ya que "los asentamientos se convierten en campamentos compuestos por chabolas levantadas por los mismos temporeros con plásticos y maderas, carentes de las mínimas condiciones de salubridad y seguridad, lo que empuja a la población inmigrante a vivir en unas condiciones inhumanas e indignas".

Según Eva Cebrián, es por eso por lo que el Gobierno debe incluir un paquete de protección social incardinado en el ingreso mínimo vital que se está pergeñando, y que, según Escrivá, podría estar listo durante la segunda quincena de mayo. Es decir, al menos dos meses desde que se decretó el estado de alarma y se obligó al cese de actividades, lo que ha provocado un brutal aumento del desempleo. No solo en la economía formal sino también en la irregular, cuyas condiciones de vida son peores.

Las ONG recuerdan, además, que ya la Ley de Extranjería admite la posibilidad de que en los supuestos de entrada sin visado, y cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, "podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses".

La última regularización masiva de inmigrantes, como se sabe, se produjo en 2005, y entonces salieron de esa situación más de 700.000 trabajadores que legalmente no podían trabajar en España, pero que lo hacían. Un estudio académico publicado en su día por Nada es Gratis concluyó que la regularización de Rodríguez Zapatero "aportó ingresos adicionales a las arcas públicas, además de dar oportunidades a los inmigrantes que carecían de permiso legal de trabajo".

En la actualidad, según las últimas cifras oficiales, residen en España en situación regular con tarjeta 5,6 millones de extranjeros, de los que 2,73 millones proceden de países ajenos al Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza. Su número ha ido en aumento en los últimos años al calor de la recuperación económica. Desde 2014, la población extranjera ha crecido un 15%.



Fuente: El Confidencial
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