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26 de Abril 2020
Olvidada en la pandemia: la población migrante



En sus intervenciones durante esta crisis, cuando Pedro Sánchez o los portavoces del Gobierno se dirigen a la ciudadanía siempre suelen utilizar el adjetivo vinculado a la nacionalidad. "Los españoles y las españolas" o "la ciudadanía española" son los términos más habituales para referirse a los destinatarios de su mensaje. Esta referencia que, pudiera parecer inocua, supone olvidar a una parte de las personas que están sufriendo esta pandemia y las medidas derivadas del estado de alarma.

De esta forma, el Gobierno se dirige exclusivamente a las personas que pueden votar, pero no a los receptores de sus políticas puesto que, en la actualidad, según los datos del INE, de los poco más de 47 millones de habitantes que tiene España, más de 5 millones son personas extranjeras. Es decir, el Gobierno olvida en sus mensajes a más de un 10% de la población que reside actualmente en España.

El olvido no es menor, y no solo desde el punto de vista cuantitativo. También desde el punto de vista cualitativo. La población migrante en España forma parte del colectivo que más padece las medidas derivadas del estado de alarma. Es cierto que los fallecimientos entre la población migrante por Covid-19 no han sido muy elevados, esencialmente por cuestiones de edad, pero sí que son víctimas de las medidas de reclusión y confinamiento y en cambio no son beneficiarias de las medidas de apoyo por el hundimiento de la economía.

En primer lugar, en relación con la vivienda. Según los estudios, la población migrante reside en pisos más pequeños que la población autóctona (el 5% de la población migrante vive en pisos de menos de 45 metros cuadrados, frente a únicamente el 2% de la población autóctona). Además, el régimen de esas viviendas es el de alquiler y eso supone un mayor impacto en cuanto a la situación habitacional de la ausencia de recursos económicos derivada de la situación de confinamiento.

En cuanto al ámbito laboral la repercusión de esta crisis en la población migrante también está siendo (y va a ser) más acentuada. El punto de partida nos muestra tasas de temporalidad, de parcialidad involuntaria y, por supuesto, de desempleo, más alta. Eso supone, también, una mayor prevalencia de la economía irregular. En el fondo, lo que se refleja son unas mayores tasas de pobreza entre la población migrante que se van a ver aumentadas con los efectos de esta situación.

En este punto, debe tenerse en cuenta la vinculación que se establece en este período entre el control policial y la pobreza. Las personas que carecen de una vivienda adecuada para soportar el confinamiento o las que carecen de recursos económicos y sociales para enfrentarse a esta situación se ven obligados en mayor medida a romper las medidas decretadas durante el estado de alarma. La población migrante, que ya resulta especialmente vigilada en períodos ordinarios por sus características fisionómicas, sufre aún más el control durante estos días. Además, el sistema posibilita el desplazamiento de trabajadores, pero únicamente trabajadores de la economía formal; quienes mantienen trabajos que no pueden ser probados mediante contrato laboral ven impedido en la práctica su desplazamiento. Y en este ámbito la presencia de la población migrante es, de nuevo, comparativamente superior.

Todo lo que se ha dicho hasta el momento no hace referencia directa a un colectivo específico, menor desde el punto de vista numérico, pero en situación extrema de vulnerabilidad: los migrantes en situación irregular. Sus condiciones de vida, difíciles de por sí, se ven extremadamente agravadas ante la situación de confinamiento. Sin embargo, este momento también sirve para poner en evidencia su realidad, su pertenencia a la sociedad. Se requiere de ellos, como de toda la población residente en España, el respeto del confinamiento para evitar su contagio y que se conviertan en factores de transmisión de la enfermedad. Es por ello por lo que las diatribas de la ultraderecha para restringirles el acceso sanitario han sido rechazadas en esta ocasión con más intensidad por la mayoría de la ciudadanía, no solo por carecer de humanidad, algo habitual, sino también por carecer de toda lógica.

En este contexto, resulta necesario que los Gobiernos, estatales, autonómicos y locales, tengan en cuenta a la población más vulnerable, sin distinciones de nacionalidad y condición legal. Las medidas para evitar la pobreza deben ser transversales. Precisamente por ello, se hace imprescindible posibilitar una regularización de todas las personas migrantes en situación irregular, como han hecho Italia o Portugal, y como hemos pedido más de 900 entidades en la campaña #RegularizacionYa. Elevar su estatus jurídico será el primer paso para su protección. Las medidas previstas hasta ahora, como las derivadas del Decreto agrícola son absolutamente insuficientes y no van a resolver la recogida de las cosechas.

Pero no solo el Gobierno estatal debe prestar especial atención a este colectivo. También las comunidades autónomas los ayuntamientos deben vertebrar las políticas sociales necesarias que posibiliten la atención adecuada a la población migrante que, en muchos casos, está fuera de los canales de los servicios sociales.



Fuente: La Voz del sur
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