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24 de Mayo 2020
España exigirá menor tiempo de residencia para conceder el ingreso mínimo que en la UE



Ciertamente, son pocas las diferencias que existe entre el modelo de ingreso mínimo vital que aprobará el Gobierno durante esta semana y el que ya se encuentra vigente en el muchos de los países del entorno comunitario desde hace más de una década en muchos casos. Sin embargo, una de las cuestiones en las que difieren estos diseños es la periodo exigido de residencia en el país para poder acceder a la ayuda. Aquí, si los detalles que se han ido avanzando sobre la ayuda se sustancian finalmente, España será uno de los países más laxos del entorno comunitario a la hora de conceder el ingreso mínimo a aquellas personas que lleguen próximamente a nuestro país. Concretamene, según los detalles concretados el solicitante de la prestación debe residir en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, mientras que las estancias en el extranjero no pueden haber superado los 90 días -si no tiene menores a cargo, debe haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud de la ayuda.

"Un porcentaje significativo de beneficiarios serán de origen extranjero, siempre que se constate que tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplan las condiciones", explicaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista publicada por El Periódico.

En otros países de nuestro entorno este requisito resulta más exigente. En el caso de Italia, el más paradigmático ya que su renta mínima fue aprobada en 2019 y se asimila mucho al modelo español, para acceder a la ayuda se debe justificar que se ha vivido al menos 10 años en el país y los dos últimos de maneran ininterrumpida. Lo mismo ocurre en el caso de Francia donde el solicitante de la prestación equivalente al ingreso mínimo vital debe presentar un permiso de residencia o de trabajo de cinco años antes al momento de la petición de la ayuda. En Alemania, donde se observan plazos más similares al caso de España, en el periodo de un año previo a la solicitud se debe haber cotizado a la Seguridad Social germana además de justificar la residencia 'habitual' en el país, a diferencia del diseño español donde el periodo de 365 días se refiere a residencia y no ha empleo. También se encuentran fuertes restricciones de acceso en el caso de Dinamarca que exige haber residido durante siete de los últimos ocho años en el país o Austria que fija un mínimo de cinco años de estancia antes de poder conceder la ayuda.

Pero más allá de la cuestión temporal, que en el caso de España responde una facilidad para el acceso en el momento de la aprobación que coincide con el estallido de la pandemia de COVID-19 y la crisis social generada, el ingreso mínimo vital que alumbrará el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en los próximos días tiene más similitudes que diferencias con los modelos europeos, de probado éxito y vigentes durante más de 15 años en algunos casos. De hecho, algunas de estas coincidencias se alinean directamente con el espíritu de la medida que verá luz verde en nuestro país y que servirá para reducir las elevadas tasas de pobreza que asolan nuestro país y que ha sido advertido por la misma Comisión Europea en reiteradas ocasiones.

La renta mínima en España

Los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital en España serán estrictos y estarán sujetos a una vigilancia de cumplimiento. El beneficiario deberá tener entre 23 y 65 años de edad, y demostrar el umbral de acceso por ingresos con un test de renta. Además deberá justificar que está en búsqueda activa de empleo y demostrar que ha solicitado todas las ayudas, prestaciones y pensiones posibles de los diferentes niveles de la Administración, incluidas las de alimentos. Cabe recordar que este ingreso mira la renta global de los hogares y que es compatible con otras ayudas. No podrán acceder al ingreso mínimo quienes tengan un patrimonio superior a los 100.000 euros, un agregado de renta en el que no se incluirá finalmente el valor de la vivienda habitual como se había avanzado en un principio.

Así para quienes cumplan los requisitos se contemplan diferentes cuantías en función del número de cabezas de familia y de hijos a cargo. La cuantía de las pagas iría desde los 462 euros en caso de que sea un adulto el perceptor del ingreso mínimo vital, hasta los 1.015 euros mensuales en caso de tratarse de dos adultos con más de dos hijos a su cargo los beneficiarios de la ayuda. Se prevén rentas de 700 euros mensuales para un adulto con un hijo a cargo; 838 euros en caso de ser un adulto con dos hijos a cargo; y de 977 euros para un adulto con tres o más hijos a cargo. En el caso de ser dos cabezas de familia, aparte del caso mencionado en el que se concedería la ayuda de 1.015 euros, si los beneficiarios son dos adultos sin hijo a cargo la ayuda ascenderá hasta los 600 euros al mes; hasta los 738 euros en caso de ser dos adultos con un menor a cargo; 877 euros si se trata de dos adultos con dos hijos a cargo; mientras que si se trata de tres adultos sin cargas se prevé una ayuda de 730 euros y de hasta 877 euros para tres adultos con un menor a cargo.

El ingreso mínimo será compatible con otras ayudas estatales, regionales o locales y podrá ser compatibilizado con el cobro de una nómina. La medida es de carácter estructural y no temporal y desde el Ministerio de Seguridad Social se calcula que podría dar cobertura a 1,1 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, lo que supondría un coste agregado de 3.000 millones de euros con cargo a la Tesorería del Sistema. Además, según confirmó el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá se realizará una concesión de oficio a 100.000 hogares que se presupone están en situación de vulnerabilidad que supondría la base de concesiones del ingreso mínimo vital. Además, aseguró que el ingreso mínimo vital se cobrará "mensualmente" y "habrá un test sobre el patrimonio neto agregado" en el que se valorarán "todos los activos, menos las deudas y excluida la vivienda habitual", como se ha mencionado.



Fuente: El Economista
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