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15 de Julio 2020
Inmigrantes con papeles, se quedan atrás



Este gobierno, muy entregado a la propaganda, ha hecho suyo uno de los eslóganes de éxito: "que nadie se quede atrás". Es un lema con pegada, muy social, de gente buena que se preocupa por los demás (o que dice hacerlo), especialmente los más precarios. La ley de la renta básica ha sido la expresión más genuina de ese pensamiento, pero con eso no acaba la tarea.

Otro de los escenarios críticos en el que no se debe "dejar nadie atrás", a la intemperie, es el de los inmigrantes, entre cinco y seis millones de personas que han llegado a España en busca de oportunidades. Muchos de ellos, con esfuerzo y sacrificio, lo han conseguido, de manera que a lo largo de las dos primeras décadas del siglo esos millones de inmigrantes han hecho una aportación decisiva a la demografía y al crecimiento económico español.

La EPA registra 4,4 millones de extranjeros mayores de 16 años, de los cuales el 70% con población activa (la media de los nacionales es del 56%); con una tasa de paro del 21% (frente al 13% de los nacionales). Los inmigrantes sufren más precariedad que los locales, lo cual explica su tasa de paro. Entre los extranjeros residentes una mayoría (más del 80%) pertenece a eso que vulgarmente se llama "con papeles", es decir que tras no pocas peripecias han conseguido un permiso de residencia e incluso de trabajo que normaliza su presencia en el país y les libra de la incertidumbre de la economía gris (más bien negra) y el riesgo de extradición. Otros han logrado registrase en los padrones y acceder a algunos derechos humanos y sociales, y una parte sigue en el limbo de la exclusión.

El gobierno pasa por un debate interno, que no ha trascendido, con respecto a la "legalización" (concepto confuso) o normalización de los "sin papeles" que siempre ha sido un asunto polémico y mal gestionado. Ahora el problema se complica porque los que "se quedan atrás" no son solo los "sin papeles", sino también los "con papeles" que tropiezan con obstáculos insalvables y penosos cuando les toca renovar sus permisos de residencia y de trabajo con arreglo a la legislación vigente que la administración olvida con escarnio.

Las ventanillas de renovación están cerradas, los plazos caducan, las respuesta administrativa es nula y ni el ministerio de Interior, ni el de Trabajo ni el de Inclusión Seguridad Social y migraciones (responsables de la materia) se dan por enterados y se toman la molestia de hacer frente al problema para "no dejar nadie atrás". En Madrid es espectáculo de la comisaria de Aluche es lamentable, vergonzoso, y tiene un solo responsable: el gobierno, empezando por el presidente.

Si la administración no es capaz de gestionar esos trámites burocráticos podría hacer una encomienda o un contrato de gestión con entidades que saben hacer ese trabajo y que resolverían la tragedia en pocas semanas. Es cuestión de voluntad político, de inteligencia y de cumplimiento de ese compro0miso moral de "no dejar nadie atrás".



Fuente: República
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