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22 de Febrero 2021
https://www.eldiario.es/desalambre/ancianos-inmigrantes-excluidos-sanidad-publica-llamar-madre-84-anos-vacunarla-si-no-existe-sistema_1_7243604.html




Después de un año de miedos acumulados, de muchas cautelas y pocos abrazos, cientos de miles de personas esperan con expectación el inicio de la vacunación a mayores de 80 años. Aún desconocen cuándo serán citadas, pero sí cuentan con la tranquilidad de que su centro de salud las llamará en las próximas semanas o meses para empezar el proceso. Sin embargo, Laura, de 84 años, no tiene esa certeza. Teme ser excluida o un retraso excesivo de su dosis si no se activa un plan que la tenga en cuenta. Es venezolana y, como inmigrante reagrupada por su hija a España, no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, por lo que sus datos no están registrados en ningún centro de salud.

Aunque el Gobierno central y las comunidades autónomas consensuaron vacunar a todos los residentes en España, independientemente de su nacionalidad y su tipo de aseguramiento, aún no hay un plan concreto ni recomendaciones específicas para que las autoridades sanitarias accedan a uno de los colectivos que siguen excluidos de la sanidad pública: los extranjeros reagrupados en España por un descendiente comunitario, a los que obligan a contar con un seguro privado para obtener los papeles por esta vía. La mayoría son personas mayores y algunas superan los 80 años, por lo que ya formarían parte de uno de los grupos prioritarios de inmunización.

Al no estar dados de alta en el sistema de salud correspondiente a su comunidad autónoma, los centros de salud no pueden llamarles para concertar una cita, como ocurre con el resto de población con derecho a la cobertura sanitaria. "La vacuna sería una esperanza, pero ¿cómo van a llamar a mi madre si, a los efectos del sistema, ella no existe?", se pregunta Marion, la hija de Laura (nombre ficticio), de origen venezolano y reagrupada en España junto a su madre en 2018, quien lleva casi tres años de trámites en vano para conseguir darla de alta en el servicio madrileño de salud.

Cuando Lily supo que empezarían a vacunar por grupos de edad, esta profesora de nacionalidad española fue a su centro de salud en Castilla y León para preguntar qué tenía que hacer para que sus padres, sexagenarios y pacientes oncológicos, fuesen tenidos en cuenta en la campaña, cuando le correspondiese por su edad. "Me dijeron que, como no están en la base de datos del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), no les pueden llamar para vacunarles. El Gobierno dice que serán incluidos, pero luego preguntamos por cómo se va a hacer y no nos dicen nada", se queja, con el agotamiento acumulado de quien ya ha luchado, sin éxito, varias batallas para conseguir la cobertura sanitaria para su madre y su padre.

A pesar de la grave enfermedad que ha padecido su madre -cáncer de pecho y de endometrio- sus reiteradas peticiones para conseguir la tarjeta sanitaria resultaron en vano. Su hija contrató un seguro privado pero este no se hacía cargo de todo el tratamiento ni de la medicación de sus familiares, por lo que los costes se dispararon y, cuenta, tuvo que acudir a la solidaridad de allegados y conocidos. Tiempo después, a su padre, insulinodependiente, le diagnosticaron un linfoma. La póliza cubría su tratamiento hospitalario, pero no la medicación para complementarlo. A duras penas, Lily ha encontrado una solución para cada una de las enfermedades detectadas pero, ante la pandemia, la ansiedad habitual por el miedo al contagio aumentaba cuando pensaba en el coste que cada diagnóstico podría suponer para ellos. "Con un seguro privado, siempre piensas: a ver si me lo va a cubrir".

Ahora ha empezado una nueva lucha: hacer todo lo posible para que las autoridades no se olviden en la campaña de vacunación de sus padres, ni del resto de personas mayores que se encuentran en la misma situación. "Ya hemos luchado tanto contra el cáncer, hemos vivido dos años tan duros, que ahora como mis padres mueran por la COVID por no recibir la vacuna cuando les corresponde, me planto en la Moncloa y no sé lo que haría..."

Carta al Ministerio

Preocupadas por la falta de respuestas, Lily, Marion y otros hijos de los ancianos excluidos de la sanidad, agrupados en el colectivo de Afectadas por el INSS, han enviado una carta hace varias semanas al Ministerio de Sanidad para recordar su situación y solicitar su inclusión en el plan de inmunización en igualdad de condiciones.

"Querríamos alertarles sobre la falta de acceso al sistema de salud de nuestro colectivo, solicitándoles que se asegure nuestro acceso a la vacunación frente a COVID-19, de acuerdo con la estrategia de vacunación que se establezca para nuestro grupo de edad, sin que este se vea imposibilitado por nuestra actual exclusión del sistema", dicen en la misiva, de la que aún no han recibido respuesta.

Los afectados recuerdan que el Ejecutivo, a través del acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, se comprometió a extender la cobertura sanitaria pública a este colectivo durante esta legislatura. "Como aún no se ha materializado, estamos muy preocupados ante la situación actual de emergencia sanitaria. Actualmente muchos de nosotros no contamos con ningún tipo de asistencia sanitaria porque no podemos permitirnos el alto coste del 'convenio especial' con la Seguridad Social, y en caso de tenerlo muchas veces no podemos costearnos la medicación, ya que ésta no está cubierta por dicho convenio", alertan en la carta, a la que ha accedido elDiario.es. "Nos enfrentamos por ello a situaciones de gran riesgo para nuestra salud, siendo población especialmente vulnerable debido a nuestra edad".

El Ministerio de Sanidad se limita a responder a elDiario.es que "todos los residentes en España serán vacunados en el grupo que les corresponda". Este medio ha preguntado si existe un plan a nivel nacional o algún tipo de indicaciones para que las distintas comunidades autónomas cumplan con ese objetivo y puedan convocar a estos inmigrantes reagrupados cuando le corresponda a su grupo de edad, aunque sus datos no se encuentren en los correspondientes sistemas de salud. "Se está trabajando con los diferentes colectivos, mutualidades , funcionarios europeos, etc, para facilitar su incorporación en los grupos priorizados correspondientes en las comunidades autónomas, dado que son los servicios regionales de salud a los que les corresponde vacunar a las personas que residen en sus territorios", contesta un portavoz del departamento dirigido por Carolina Darias.

El origen de la exclusión

Los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos nacionalizados o comunitarios conforman uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido en el Real Decreto que pretendía corregirla. El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos padres, ya mayores, contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por reagrupación familiar, un trámite complicado en este caso, pues los afectados suelen ser padres y madres ya mayores, lo que dispara el precio de las pólizas. En muchas ocasiones, no cubren el tratamiento de enfermedades graves surgidas una vez asentados en España o estos no pueden permitirse el pago de la medicación.

No obstante, la aplicación de la propia normativa que los excluye estaba en discusión en el caso de los reagrupados, pues la Seguridad Social realizaba una interpretación de la legislación que chocaba con al menos 60 sentencias de juzgados españoles, que reconocieron el derecho de estos inmigrantes a la tarjeta sanitaria. En 2019, el Tribunal Supremo, apoyándose en el Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno de Sánchez, finalmente respaldó el criterio del INSS y concluyó que estas personas deben contar con un seguro privado. La Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León son algunas de las comunidades donde más casos de este tipo de exclusión han detectado organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo.

Nadie sabe cuál es el plan para llegar a ellos

Algunos de estos gobiernos regionales defienden, como establece la estrategia de vacunación general consensuada con Sanidad, que todos los residentes en España podrán ser vacunados, más allá de su situación administrativa. "Si están dados de alta en el sistema sanitario por los cauces establecidos actualmente, entran dentro del proceso de vacunación según la estrategia por grupos prioritarios y edades", dice un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. "No tienen más que darse de alta", añade la misma fuente. ¿Podrán entonces acudir a un mostrador de un centro de salud y darse de alta de cara a la vacunación?, pregunta este medio. No hay respuesta.

En Castilla-La Mancha ya han empezado a vacunar a personas mayores de 80 años, pero aún no se ha activado un mecanismo que permita citar a los ancianos extranjeros reagrupados que cumplan con este requisito. "La estrategia de vacunación no es una estrategia de la Sanidad pública sino de la Salud Publica, por lo que se facilitará la vacunación a todas las personas residentes en esta comunidad", dice un portavoz del gobierno castellanomanchego, que a pesar de las preguntas de este medio tampoco concreta cómo lograrán llegar a las personas que no están dadas de alta en su sistema de salud, más allá del caso de las mutuas.

Para acceder a los colectivos de inmigrantes que aún siguen excluidos de la sanidad, Gobierno andaluz dice estar "esperando las pautas" marcadas por el Ministerio de Sanidad para "actuar en consonancia con el resto de comunidades". Andalucía, aseguran, "tiene voluntad de vacunar a todo el mundo", zanja un portavoz de la Consejería de salud. Por su parte, los ejecutivos de Galicia y Castilla y León no han respondido a las preguntas de elDiario.es.

Preocupación entre las ONG

La estrategia de vacunación frente a la COVID-19 consensuada por el Gobierno central con las distintas comunidades autónomas menciona de forma explícita la inclusión en los planes de vacunación de todas las personas "independientemente de la nacionalidad y de su tipo de aseguramiento", pero la ONG Médicos del Mundo recuerda que, para cumplirlo, las diferentes consejerías de Sanidad "tienen que establecer una manera para implementarlo". "Llevamos más de dos semanas intentando recabar información sobre qué pasos se están dando para asegurar el acceso, pero no estamos viendo mucha diligencia en salvar los desafíos que plantea llegar a los ancianos" que no están dados de alta en el sistema de salud, dice Eva Aguilera, coordinadora de Incidencia Política de la organización.

Nacho Revuelta, médico de familia en la Comunidad de Madrid y miembro de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, comparte esta preocupación: "De momento no hay nada sobre cómo se va a vacunar a las personas que no están dentro del sistema de salud público". "El Gobierno asume con total normalidad que existan personas excluidas de la sanidad, pero no ha elaborado aún ninguna estrategia para llegar a ellas. Si solo utiliza las bases de datos del sistema público, estas personas no están", dice el sanitario.

A la madre de Elena le empezaron a detectar Alzheimer el pasado mes de junio, pero nunca ha podido recibir el diagnóstico definitivo. "Faltaba una prueba para la que tenía cita en marzo. Hace dos semanas, llamé al centro médico para pedir la receta para las pastillas y me dijeron que no encontraban a mi madre en el sistema", explica Elena, quien trajo a la octogenaria desde Kirguistán a Madrid por reagrupación familiar en 2017. Nunca pudo acudir a su cita para confirmar la dolencia: "Yo me quedé a cuadros. ¿Cómo dejan así a una persona que necesita tratamiento diario y con el diagnóstico no finalizado?", sostiene la mujer. A medida que la enfermedad avanza, su madre apenas la reconoce. Elena sufre para pagar la medicación, pues sus ingresos apenas son suficientes para salir las dos adelante. Tampoco puede costear el trabajo de una persona que le ayude a atenderla cuando ella se va a trabajar: "Yo cierro la puerta y pienso: que pase lo que dios quiera".

Los meses de confinamiento, obligatorio o voluntario por el miedo a un contagio, tampoco le han venido bien. La vacuna le permitiría sacarla de paseo con menos miedo, piensa su hija. "Lo primero que me vino a la cabeza cuando todo esto pasó fue: mi madre se queda sin vacuna. Ella tiene 80 años y le tendría que tocar ahora. Pero como ahora ya no está en el listado pues no sé cómo la van a vacunar", se pregunta Elena. "Si puedo transmitirle mi vacuna a ella, lo haría".



Fuente: El Diario
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