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02 de Abril 2021
Migración y muerte en la frontera sur española



De acuerdo al Informe anual, "Derechos Humanos en la frontera Sur", publicado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), más de 1.700 personas han perdido la vida al intentar arribar al Estado español durante el pasado año 2020.

Se trata, afirma la publicación, de la cifra más alta de la historia.

De acuerdo al seguimiento que la organización realiza sobre este fenómeno y su relación con los derechos humanos, el pasado Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, denunciaron que "1.717 personas han perdido la vida intentado llegar a España durante el pasado año, la cifra más alta desde que existen registros".

"Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España", afirmó la organización en su estudio anual.

De acuerdo a estos datos, se ha producido un 29% el incremento de las personas que, durante el año 2020 y respecto al 2019, un total de 41.861 personas lograron acceder a territorio seguro a través de la frontera.

En su estudio anual, la asociación andaluza ha señalado, nuevamente, lo que denominan como "la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes", volatilidad que trae como consecuencias directas, señalan, el incremento de las muertes de los migrantes.

El informe critica también, "las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea", sobre las cuales afirman que su único interés "es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur".

"Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso", afirmaron desde la APDHA.

Los recursos que se disponen a las "políticas migratorias", denuncia la Asociación, "se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que, jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur, a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España".

En el informe se especifica que los recursos dispuestos para el control migratorio, "van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades".

Consideran que, estas medidas son el "verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado". En el informe se critica "el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas)", así como, "la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea".

Acciones y acuerdos estos que se ejecutan, denuncian, "a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice".

El estudio da cuenta de un proceso de ralentización de los flujos migratorios, en el primer momento de la pandemia.

Sin embargo, en momentos posteriores, la pandemia ha "espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia».

Este fenómeno se evidencia, señalan, en "trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios", quienes "con las medidas anti COVID se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones".

Ante el incremento del 756% de las llegadas a Canarias, la APDHA, denuncia que, "la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento".

Datos estos que "evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz", recuerda la publicación.

La Asociación, rechaza que el gobierno español haya "decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición", optando en su lugar, "por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular".

La APDHA ratifica que, un abordaje democrático y humano de los desplazamientos de personas, se torna sostenible solo si se producen "políticas dignas de acogida" que establezcan "vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad".

Enfocados en su labor de denuncia, la APDHA, que realiza esta labor de monitoreo hace 20 años, ratifica en su Informe Anual, la necesidad de seguir "denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa".



Fuente: Caras y Caretas
URL relacionado: https://www.carasycaretas.com.uy/migracion-y-muertes-en-la-frontera-sur-espanola/

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