Desde el Núcleo de Huesca del PCE Aragón consideramos que la escolarización, y fundamentalmente el acceso a la misma, es el primer paso para garantizar el derecho a la educación, la equidad y la cohesión social, y que la clave de ello es una planificación educativa que responda al interés general por encima de intereses particulares.

En la ciudad de Huesca se ha venido planificando este proceso anteponiendo la libre elección de centro de las familias a aspectos que deben priorizarse, como el acceso a la educación en igualdad de condiciones, la equidad y la cohesión social, más próximas a lograr con un reparto equitativo del alumnado en los centros de la ciudad, entre otras medidas. Se perpetúa de esta forma la situación de desigualdad que ha llevado a tener centros altamente demandados que coinciden con escaso porcentaje de alumnado acneae y otros que lo son escasamente y con un elevado porcentaje de alumnado acneae. Ambos casos son perjudiciales en extremo por las ratios elevadas y la falta de espacio de unos y la segregación escolar de los otros, segregación escolar dicho sea de paso muy superior a la del entorno urbano.

En este sentido cabe añadir que una adecuada lucha contra la segregación escolar empieza por garantizar una red pública única que no discrimine a nadie, y la educación pública se encuentra actualmente en una auténtica situación de vulnerabilidad, dado que su financiación se ha recortado en los últimos 10 años, mientras ha subido un 25% la financiación pública de la educación concertada. El alumnado en situación de vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o en desventaja tiene las puertas abiertas de los centros públicos, mucho más si se les dota adecuadamente. Hay que recordar que en nuestro país el 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública. Razones por las que reclamamos que el dinero público de las distintas administraciones con competencia en esta materia se destine a la educación pública.

Así pues, el dinero público debe ser para la pública, en tanto la planificación educativa debe centrar su atención y su trabajo en dar solución al problema de desigualdad y desequilibrio entre los grupos sociales en los centros educativos, con el fin de tomar medidas dirigidas a lograr una educación de calidad para todas las personas desechando la respuesta habitual, sumisa a los sectores capaces de una mayor presión social, mientras una parte del sistema educativo, del alumnado y de las familias se abandonan a los efectos nefastos de la segregación, la desigualdad y la injusticia, revelándose una y otra vez como los grandes olvidados de la ciudad.

En definitiva, en nuestra ciudad deben alcanzarse acuerdos que garanticen el reparto justo del alumnado, ratios más bajas y profesionales que atiendan la diversidad en las aulas. Urge establecer un Plan pensado globalmente, participado por la comunidad educativa con el objeto de tomar todas las medidas necesarias para garantizar una escuela pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todas, sin dejar a nadie en el camino. Del fortalecimiento de nuestra escuela pública, de su dotación en medios y proyectos que buscan construir verdaderos lugares donde nuestras hijas y nuestros hijos aprendan, se desarrollen y crezcan en igualdad de condiciones, dependen su vida actual y futura y la de nuestra sociedad en la que tan necesaria es una ciudadanía solidaria, crítica y pensante en aras de construir una realidad en la que todas seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.